El fracaso de Moix desbarata el plan del Gobierno para Anticorrupción

La pretensión del Gobierno de “poner orden” en las principales fiscalías y en especial en Anticorrupción ha fracasado. Los errores al frente de esa fiscalía de Manuel Moix, quien ha dimitido este jueves, tres días después de conocerse que comparte con sus hermanos una empresa en el paraíso fiscal de Panamá, son reconocidos ahora en privado por el Ejecutivo. Las actuaciones “bruscas y poco discretas” de Moix han desbaratado el intento del equipo de Mariano Rajoy de buscar perfiles de autoridad y mando para unas instituciones clave en la investigación de casos de corrupción y escándalos, que afectan sobre todo al PP. Fuentes gubernamentales aseguran que ese proyecto se mantiene pese al fallo que, afirman, se ha cometido con Moix.

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En septiembre de 2014, tras la dimisión de Alberto Ruiz-Gallardón como ministro de Justicia, Rajoy busca y encuentra en su entorno la figura de Rafael Catalá para cambiar las dinámicas mantenidas hasta ese momento de mirar para otro lado en las principales instituciones judiciales. Catalá celebra entonces una primera reunión con el entonces fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, quien le traslada los problemas en Anticorrupción. En resumen, la treintena de fiscales adscritos a ese organismo funcionan de forma casi autónoma. Tienen un jefe, el prestigioso Antonio Salinas, que llevaba ya 11 años en el cargo, pero con graves problemas de salud y a un año de jubilarse.

Con el tiempo, esa situación siguió sin abordarse. Consuelo Madrigal relevó a Torres Dulce sin acometer los cambios requeridos y Salinas no se jubiló hasta octubre de 2016. Catalá mantuvo varias charlas al respecto con Rajoy y con la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y la coincidencia en el diagnóstico y la solución fue total. El Ejecutivo no puede entrometerse en el funcionamiento independiente y jerárquico diario de la fiscalía, pero el equipo de Rajoy tenía clara su grave falta de sintonía con las tres principales fiscalías: la general del Estado, Anticorrupción y la de la Audiencia Nacional.

El nombramiento del magistrado conservador del Supremo José Manuel Maza como fiscal general forzó esos relevos. Con la elección posterior de Moix se pensó que llegaba una persona “veterana, seria y sólida” para “poner orden en Anticorrupción”, en palabras de fuentes gubernamentales, la fiscalía que investiga las grandes tramas que acorralan al PP, como los casos Púnica y Lezo.

Moix empezó por cuestionar la determinación de los fiscales del caso Lezo en la investigación de varias operaciones del Canal de Isabel II relacionadas con el expresidente madrileño Ignacio González y relativas a la época en que aún gobernaba Gallardón la Comunidad de Madrid, en 2001.

También resultó polémico el cambio que ejecutó para que fuesen fiscales catalanes, y no enviados desde Madrid, los que llevaran las investigaciones sobre las comisiones del 3% en Cataluña. Algunas de esas discrepancias acabaron en la junta de fiscales, que se opuso a las tesis de Moix.

Pero el futuro del jefe de Anticorrupción quedó sentenciado tras divulgar el lunes Infolibre que posee el 25% de una sociedad offshore en Panamá para la gestión de un chalé familiar.

El descubrimiento causó conmoción en el PP y desconcierto en el Gobierno. Rajoy optó al día siguiente por respaldarle con un lacónico “sí” cuando se le preguntó si mantenía su confianza en él. Fuentes de La Moncloa explican ahora que fue un “sí, como no podía ser de otra manera, inducido al reconocimiento general sobre la institución de la Fiscalía Anticorrupción”. El miércoles, Sáenz de Santamaría y Catalá se pusieron de perfil en el Congreso y solo recordaron la previsión legal: para “remover” a Moix debía actuar el fiscal general.

Maza recibió a primera hora de este jueves a su subordinado y luego contó en una comparecencia ante la prensa precipitada y sin preguntas que había intentado convencerle para que siguiese en el cargo y no insistiese en su intención de renunciar por motivos personales. “No había motivos, ni existen, para el cese”, dijo Maza.

El fiscal general rebatió la tesis de que Moix debería dimitir por una cuestión ética y estética y por haber dado explicaciones confusas o falsas: “El argumento para la dimisión de un posible daño a la imagen pública debería ceder ante algo más importante, que es el fondo de la institución, la autonomía”, dijo. Maza insistió así en que la institución es independiente “no solo del Gobierno, sino también de todos los poderes del Estado” y de las presiones mediáticas. Y remarcó que Moix se iba pese a que “no ha existido en su comportamiento ningún tipo de irregularidad ni ilegalidad”.

Maza llamó desde su despacho a Catalá, para informarle de la situación y le pasó al teléfono a Moix, según las fuentes consultadas. Este últimó le contó su situación personal y familiar y le dijo que no aguantaba más.

Catalá trasladó ese mensaje directamente a Rajoy y pidió a Maza que tenga una solución rápida, en dos o tres días, con un fiscal de perfil firme similar a Moix pero más discreto y hábil. En el Gobierno no han convencido, al final, las permanente presencia de Moix en algunos medios, sus enfrentamientos abiertos y, sobre todo, sus explicaciones “exóticas e imposibles” para justificar que el responsable de investigar la corrupción tenga un chalet a través de una empresa en Panamá.