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La alcaldesa, Manuela Carmena, llega al ecuador de su mandato encabezando un ejecutivo tan heterogéneo como fragmentado

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, en el metro de la capital.
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, en el metro de la capital.Carlos Rosillo

Manuela Carmena, exjuez de 73 años y alcaldesa de Madrid desde junio de 2015, ha llegado al ecuador de su mandato encabezando un ejecutivo tan heterogéneo como fragmentado (lo conforman Podemos, Izquierda Unida, Equo, Ganemos e independientes). Las prioridades de este gobierno autodenominado "del cambio" fueron regenerar la política, acercar las instituciones a los ciudadanos y garantizar la solvencia económica, tal y como recordó el pasado jueves la alcaldesa durante el debate sobre el estado de la ciudad.

En el primer punto, el equipo de gobierno ha acusado los efectos de su fragmentación. La falta de armonía interna se evidenció, por ejemplo, en la política de memoria histórica o en la denuncia contra el Open de Tenis que dos ediles presentaron a espaldas de la regidora. También se han apreciado dificultades en la toma de decisiones en políticas de limpieza (el principal problema de los madrileños, según las encuestas) y seguridad, con desencuentros entre la alcaldesa y algunos ediles sobre los okupas.

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Otras polémicas se generaron por las celebraciones de la Cabalgata de los Reyes de 2016, los errores en materia cultural y el intento, finalmente fracasado, de crear un modelo de seguridad con jurados vecinales.

En los primeros meses, cuando la coalición presumía de su unidad, Carmena y sus 19 ediles quisieron desmarcarse del PP. Nada más llegar al Palacio de Cibeles, la alcaldesa paralizó la opción de venta a fondos de inversión del parque de pisos públicos (6.000 viviendas) que había acordado el Ejecutivo de Ana Botella (PP). Los inquilinos de estos pisos lograron que el fondo de inversión se retirara.

A partir de entonces, los anuncios de proyectos innovadores se multiplicaron, aunque tras el primer año de gobierno era palpable la dificultad en ejecutarlos. Entre los proyectos aún en marcha se encuentran la lucha contra la turistificación; la creación de nuevas instalaciones en los barrios y la promoción de una cultura descentralizada.

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La baja ejecución de inversiones ha elevado el ritmo de amortización de la deuda, hasta el punto que el gobierno que proponía reestructurarla puede convertirse en el ejecutivo más eficiente en cuanto a sostenibilidad financiera.

En los últimos meses, el gobierno de Carmena ha dado muestra de mayor eficacia. Esto se ha reflejado en áreas como cultura y urbanismo, donde la alcaldesa y sus colaboradores han tomado el control de los proyectos clave. El rediseño de la Gran Vía y el posible desbloqueo de la Operación Chamartín —un gran plan urbanístico que proyecta una nueva zona residencial y de servicios en el norte de Madrid— podrían convertirse en bandera de su gestión. La lucha contra la contaminación y los proyectos de participación ciudadana también han avanzado, con el último incremento, hasta los 100 millones, de los presupuestos participativos de 2017.

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