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“¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente de España?”

El presidente catalán, Carles Puigdemont, se reserva la fecha exacta de la consulta soberanista

"¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente de España?". La pregunta que el Gobierno catalán quiere someter a referéndum después del verano y que el presidente de la Generalitat ha querido mantener en secreto hasta ahora también está incluida en la Ley de Transitoriedad Jurídica. Esta ley no solo intenta dar cobertura legal al referéndum, sino que establece que el resultado del mismo será vinculante sin que sea necesario ni un mínimo de participación ni una mayoría cualificada para una eventual secesión.

De izquierda a derecha, Oriol Junqueras, Carles Puigdemont y Raül Romeva, el pasado 13 de marzo.
De izquierda a derecha, Oriol Junqueras, Carles Puigdemont y Raül Romeva, el pasado 13 de marzo.

"El voto afirmativo de la mayoría de los votos válidamente emitidos implica la ratificación de la independencia", establece el borrador de la ley, que incluye numerosos detalles sobre la organización del referéndum pero también tiene importantes lagunas. Sin ir más lejos, el artículo que fija la fecha de la votación solo incluye una elocuente doble equis seguida del mes: septiembre de 2017. El presidente catalán, Carles Puigdemont, se reserva la fecha exacta para su círculo más reducido de colaboradores y quiere anunciarla en el momento que mayores réditos le pueda aportar. Con todo, en círculos independentistas se barajan como probables las fechas del 24 de septiembre y el 1 de octubre.

El referéndum, según la ley, quedará regulado por un decreto que detallará entre otros aspectos "el modelo oficial de papeleta, los procedimientos de votación, la duración de la campaña y la dotación de recursos humanos y materiales". Estos dos últimos aspectos son especialmente trascendentes teniendo en cuenta las reiteradas advertencias del Tribunal Constitucional para que no se empleen recursos públicos, ni económicos ni humanos, en la organización de la consulta. La ley opta por no entrar en detalles sobre este aspecto y dejar así para el último momento su concreción, con lo que el Gobierno catalán pretende burlar las impugnaciones.

La ley sí detalla cómo será la campaña electoral e incluso cómo deben informar los medios tanto públicos como privados. A los de titularidad pública se les obliga a "garantizar los principios de pluralismo político y social, de neutralidad informativa y de igualdad de oportunidades". En el caso de los medios privados, las instrucciones son más claras. A los condicionantes de los medios públicos se les añade uno que puede limitar seriamente su libertad editorial. Según la ley, estos medios pueden expresar o mostrar apoyo a una opción "siempre que respeten los principios aludidos y que se trate la opción opuesta de manera equitativa o razonable". No se especifica qué se considera equitativo o razonable.

Observadores internacionales invitados

La Generalitat quiere que el referéndum de independencia sirva para facilitar un eventual reconocimiento internacional de Cataluña. Para ello intentará que organizaciones internacionales y "observadores cualificados" de terceros países supervisen todo el proceso de votación.

El borrador de la Ley de Transitoriedad Jurídica establece que estos supervisores serán acreditados por el organismo de control de la votación, la llamada Sindicatura Electoral de Cataluña. Según el texto, se les facilitará "la acogida y el desarrollo libre de sus actividades". Estos observadores podrán asistir a los procesos de formación de las mesas, de votación, de escrutinio y de proclamación de los resultados al final de la jornada.

Podrán votar en el referéndum todos los catalanes con derecho de voto en las elecciones en el Parlament, así como los catalanes residentes en el extranjero que han tenido como última vecindad administrativa la catalana y que se hayan inscrito en el registro habilitado para ello.

Residentes en el extranjero

Precisamente, el registro de catalanes residentes en el extranjero lleva semanas en el centro de la polémica porque ha sido publicitado con referencias implícitas al referéndum. La Generalitat ha intentado fomentar la inscripción en este registro mediante anuncios en los medios de comunicación donde se llama a estos ciudadanos a inscribirse con un sí y un no sobreimpresos en un mapa de Cataluña.

La publicación de estos anuncios el pasado mes de marzo hizo que la fiscalía abriera una investigación para conocer si dicho registro formaba parte de los preparativos para el referéndum declarado ilegal por parte del Tribunal Constitucional. La Generalitat también ha intentado difundir el registro de catalanes en el extranjero prometiendo cobertura sanitaria a quienes se inscriban.

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