La Generalitat asumirá los bienes del Estado

El vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, siempre ha señalado que en caso de independencia el Gobierno central se verá forzado a negociar con la Generalitat el reparto de activos y pasivos, ante la posibilidad de que un descuelgue catalán sin acuerdo suponga un inusitado incremento de la deuda en proporción con su producto interior bruto (PIB). El articulado de la Ley de Transitoriedad no hace referencia a esa deuda, pero sí establece que la Generalitat pasaría a ser la propietaria de "la titularidad de cualquier clase de derecho real sobre todo tipo de bienes en Cataluña". La Generalitat publicó hace unas semanas un inventario previo para conocer cuál es el volumen de propiedades estatales, en el que aparecieron 1.080 edificios y terrenos con un valor conjunto de 685 millones de euros que serían susceptibles de cambiar de manos.

Además de las propiedades estatales, el texto contempla que la Generalitat "se subroga" aquellos contratos de obras o de prestación de servicios formalizados por el Estado español y que afectan a Cataluña

La idea de negociación de Junqueras se concreta en el borrador de la ley, que obliga a la Generalitat a impulsar un acuerdo sobre los contratos que afecten a ambas partes, especialmente aquellos que tengan incidencia en territorios de Cataluña y de España a la vez. En esa negociación se establecerá, señala el borrador, la transferencia al nuevo Gobierno catalán por parte del Estado español "de los medios financieros destinados a la ejecución de los contratos".

El articulado abre la puerta a permitir a las empresas contratistas a que aleguen y manifiesten su opinión "sobre la subrogación". La Generalitat asegurará los términos del contrato, pero dos años después de ser el titular del contrato la Generalitat —o dos años después de la independencia— podrá "revisar" las condiciones o, simplemente, "declararlo extinguido", asumiendo las alegaciones del contratista y tras reconocer el pago de una indemnización.

La ley de transitoriedad jurídica abre una ventana por si no se produjera esa subrogación automática en servicios "especialmente relevantes para el normal funcionamiento" del Estado catalán. En ese caso, el Ejecutivo podrá iniciar "una contratación de emergencia" para solventar el vacío.

De la misma forma que sucede con las obras y servicios, los responsables del borrador también establecen que la Generalitat se arrogue "los convenios y acuerdos de colaboración" con terceros. Todo el capítulo de subrogación patrimonial se ratificará a través de un decreto ley.