Fuego cruzado sobre la UCO

La polémica generada por los informes de la Unidad Centra Operativa (UCO) de la Guardia Civil que vinculan a la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, con un posible delito de cohecho y otro de prevaricación, ha avivado un debate de fondo sobre los límites de las unidades de élite de las Fuerzas de Seguridad. Cifuentes tildó los documentos policiales que la incriminaban como un "juicio de valor" e insinuaba que su difusión escondía una motivación política. El debate es ahora sobre cómo de fino debe hilar un agente al redactar un atestado centrado en un cargo público, cuya trascendencia dará titulares. Sobre si están justificadas las quejas de dirigentes que critican el "mancha que algo queda" porque mina sus carreras si son exculpados.

¿Tienen los investigadores otra forma de volcar sus sospechas? ¿Deben valorar el juicio paralelo que se forma después en los medios? Los juristas y expertos consultados subrayan la gran labor de estas unidades policiales —la UCO y la UDEF, de la Policía Nacional, desvelaron la mayoría de las tramas de corrupción del PP y el PSOE—; e insisten en que su labor forma parte de un proceso en el que magistrados y fiscales tienen también la palabra. Pero los analistas puntualizan, a su vez, que los límites se franquean en ciertas ocasiones.

"Tenemos un manual para redactar de forma objetiva y en tercera persona, pero luego cada uno imprime su estilo propio. Algunos se mojan más y otros menos. En las conclusiones [de un atestado], no tengo ningún empacho en señalar los elementos que necesita un tipo penal, según mi punto de vista. Cuando redacto me intento poner en la cabeza del juez y darle la mayor claridad", ilustra un mando habituado a escribir atestados como policía judicial. Para él, los reproches de los políticos son gajes del oficio. "El imputado tiene derecho a defenderse. Igual que cuando vas al juicio, el abogado defensor pretende que pierdas los papeles. Es parte de nuestro trabajo", añade.

Pero el catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona, Joan Queralt, censura que estas unidades pequen de "cierta tendencia expansiva" en sus conclusiones indagatorias. "La policía elabora informes, pero ni imputa ni acusa. Los hechos se engarzan, se ponderan y se jerarquizan. Pero las inferencias legales corresponden a los jueces", afirma. En esa línea, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional y portavoz de la Asociación de Fiscales, Jesús Alonso, destacó en una entrevista que no le corresponde a la UCO "hacer una valoración jurídica" de los hechos. Y añadió que esta "costumbre" de los agentes de incluirla en sus informes "no la convierte en necesaria".

Las unidades de élite destacan, en cambio, que la ley les otorga plena autonomía para redactar sus diligencias, basados en unas pesquisas muy laboriosas para rastrear el dinero. "En un informe no te queda más remedio que hacer interpretaciones", subraya el secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Alberto Moya. "Tienes que plasmar si lo que investigas es susceptible de delito. Porque, si no lo es, ni siquiera lo trasladas a un fiscal o a un juez", continúa el representante del colectivo, que denuncia la "enorme presión" a la que se somete a sus compañeros al señalarlos públicamente. En esta línea, la Asociación Pro Guardia Civil defendió que "los agentes no saben de colores políticos". Y el presidente de la Asociación de Suboficiales, José Francisco Silva, criticó la "doble vara de medir” que algunos utilizan en función de si los informes "les convienen o no".

"Nuestras leyes otorgan a estos documentos policiales la categoría de denuncia. Aunque la jurisprudencia los ha convertido, en la práctica, en una prueba anticipada si no son impugnados por las partes", sostiene Verónica González-Choren, abogada y profesora de Derecho Procesal de la Universidad Pontificia Comillas, que se pregunta: "El debate de fondo es otro: ¿Hasta qué punto un político que aparece investigado en un atestado debe dejar su cargo? ¿Es suficiente?".

El juez instructor "dirige"

La piedra que lanzó Cifuentes —"este informe no pasa de ser una sucesión de valores sin ningún fundamento jurídico", dijo— abrió un intenso fuego cruzado. Podemos acusó a la presidenta de "desleal" por "atacar" a la UCO, después de haber alabado la labor de los agentes cuando ejercía como delegada del Gobierno de Madrid. Moya insiste, además, en que la UCO siempre funciona "a las órdenes" de un juez instructor. Una idea que repite Álvaro García, de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) —"es el magistrado el que dirige"—, antes de recalcar que las investigaciones "son un proceso", donde las "calificaciones" usadas por los policías "no son vinculantes". "Los fiscales y jueces deben precisar después”, advierte. "Los agentes tienen todo el derecho a usar el Código Penal en sus atestados", remacha García: "¿No nos entenderemos mejor si ponen que están persiguiendo un homicidio que si escriben que investigan la muerte voluntaria de una persona hacia otra con unos determinados medios y en un determinado contexto?".

"Tenemos un manual para escribir de forma objetiva", afirma un guardia

"La línea divisoria de dónde empiezan y acaban las competencias de estas unidades son difusas. Lo malo es que los policías conocen el impacto mediático y emiten juicios de valor", opina Borja Mapelli, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Sevilla. Víctor Moreno Catena, catedrático de Derecho Procesal en la Universidad Carlos III y presidente de la Unión Española de Abogados Penalistas, coincide en las mismas críticas por "las apreciaciones jurídicas que no les corresponden": "Son los policías quienes dirigen la investigación sin control real efectivo y eso deja una tierra de nadie que la ocupa quien está sobre el terreno".

El presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, Celso Rodríguez, recalca que la labor de UCO y UDEF es "encomiable", pero que corresponde al juez en exclusiva calificar indiciariamente los posibles delitos que luego calificará el fiscal. Ignacio González Vega, de Jueces para la Democracia, va más allá: "Queremos una verdadera policía judicial, ya que su dependencia real no es de los jueces, sino del Ejecutivo, que puede cambiar a las personas al frente de una investigación". Consultados los portavoces policiales de las unidades, ambas declinaron opinar sobre el tema.