La acusación plantea que la Audiencia Nacional se desplace a Moncloa para interrogar a Rajoy

La Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), que ejerce la acusación popular en el caso Gürtel y que ha conseguido que Mariano Rajoy declare como testigo en el juicio que se sigue desde octubre en la Audiencia Nacional, ha planteado al tribunal la posibilidad de que tanto los magistrados como las partes se desplacen al palacio de La Moncloa para celebrar esta testifical. El abogado de Adade, José Mariano Benítez de Lugo, ha realizado esta propuesta, en un escrito presentado este viernes, con el fin de evitar que el tribunal permita al presidente del Gobierno declarar por videoconferencia, una posibilidad que todavía está en el aire y que es la preferida por el presidente de la sala, el magistrado conservador Ángel Hurtado.

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En su escrito, Adade recuerda el voto particular por el que Hurtado se oponía a que Rajoy testificara, frente al criterio de sus dos compañeros del tribunal, Julio de Diego y José Ricardo de Prada, partidarios de la declaración del jefe del Ejecutivo. En ese escrito Hurtado planteaba la posibilidad de que al testigo se le tome declaración "desde otro lugar, sin tener que hacerle pasar por la exposición pública, que es verle llegar y estar en la Audiencia Nacional".

Adade señala que no tiene particular interés en que Rajoy "peregrine" a la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares, donde se celebra el juicio de la trama central del caso Gürtel. Y por ello, plantea que "el Tribunal y las partes personadas, se podrían trasladar al despacho oficial del testigo (…) si es que éste prefiere tal lugar para prestar su declaración". Así se hizo, recuerda Benítez de Lugo en la declaración como testigo en fase de instrucción del presidente del Senado, Pío García Escudero en 2013.

El pasado lunes, el tribunal que enjuicia el caso Gürtel notificó el auto por el que, por dos votos contra uno, Rajoy debe comparecer como testigo en una fecha aún por determinar. Los magistrados se acogen a los artículos 702 y 703 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y establecen que el jefe del Ejecutivo “tendrá que comparecer ante el tribunal, en una fecha que se señale según calendario fijado para el juicio con aplicación de las previsiones necesarias para evitar perturbar el adecuado ejercicio de su cargo”. Contra la resolución no cabe recurso.

El voto particular discrepante del magistrado Ángel Hurtado da a entender que Rajoy testificará en persona ante el tribunal. Hurtado sugiere que lo haga por videoconferencia para "por ser medio menos perturbador para el desempeño de las funciones de su cargo" y también "por razones de seguridad y de orden público".

El pasado 18 de abril, el tribunal, tras un intenso debate interno, decidió citar al jefe del Ejecutivo pese a que tanto la Fiscalía Anticorrupción como la Abogacía del Estado consideraban que su testifical no era "ni útil ni pertinente". El tribunal, sin embargo, considera que la decisión del PP, presente en la sala como persona jurídica como partícipe a título lucrativo, de no prestar declaración en el juicio es "significativa" y hace necesaria la comparecencia de su máximo dirigente.