El precio de mentir al juez

Carolina Navarro mintió. Los magistrados no saben exactamente cuándo, pero tienen claro que les mintió después de que su testimonio se hubiese convertido en la clave para sentar en el banquillo a Osel Atienza por robar, secuestrar y matar a Francisco Anreus en Sagunt (Valencia). Según relató la veinteañera a la policía, su entonces novio le repitió desesperado: "¡Se nos ha muerto! ¡Se nos ha muerto!", mientras le mostraba un vídeo de la víctima, encerrado en un maletero de un coche y agonizante, apenas unos días antes de que su cadáver se hallase en un depósito de agua de un campo de naranjos de la localidad. Su declaración, que ratificó después como testigo protegido ante el juez instructor, permitió llevar al acusado ante la Audiencia Provincial de Valencia. Pero, el día del juicio, Navarro se retractó y negó sus propias palabras. Atienza fue absuelto. Y el crimen quedó impune.  

"Bien en su [primera] declaración judicial, que ratificaba la de la Policía, o bien en su declaración en la vista del juicio oral; Carolina faltó abiertamente a la verdad. De forma consciente y voluntaria", subraya ahora el juez de lo Penal número 7 de Valencia, que ha sentenciado a Navarro a seis meses de cárcel por falso testimonio. En su dictamen, el magistrado recuerda que la joven tenía obligación de decir la verdad al haber sido citada como testigo, tanto por el instructor como por la Audiencia. Y, como presentó dos versiones opuestas, mintió al menos en una de las ocasiones. Un comportamiento que, según los datos de Instituto Nacional de Estadística (INE), se castiga cada vez más. Las condenas por este delito casi se han duplicado desde el inicio de la presente década.

En 2010 se castigó a 226 personas por falso testimonio. Esa cifra ha ido en aumento desde entonces, hasta marcar sus niveles más altos en 2014 y 2015 —últimos datos disponibles—, cuando se registraron 432 y 425, respectivamente. "No existe ninguna instrucción específica para perseguir ahora más estos delitos", relata Álvaro García, portavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), que no encuentra una razón específica que explique ese alza. Tampoco Ignacio González Vega, portavoz de Jueces para la Democracia: "Yo soy juez de lo Penal y no he apreciado una subida de las condenas de este tipo".

"Supone un esfuerzo procesal importante"

"La verdad es que mucha gente miente como testigo. Pero ir contra ellos supone, en la práctica, un esfuerzo procesal importante. Hay que demostrar que ha mentido de forma consciente. Y eso no es tan sencillo", se sincera otro representante del ministerio público, que añade: "Pero hay veces que indignan tanto las mentiras que sueltan, que te dices: 'Sí, he de ir a por ellos".

El precio de mentir a un juez lo marca el artículo 458 del Código Penal, que castiga con penas de seis meses a dos años de cárcel este comportamiento. Aunque esa condena puede elevarse hasta los tres años si el testimonio tiene como objetivo perjudicar al acusado. Fue lo que pretendió Isabel García, la esposa de Santiago del Valle, condenado a 22 años de prisión por el asesinato de Mari Luz Cortés. La mujer mintió durante su comparecencia como testigo en el juicio, con la intención de favorecer a su marido y cargar las culpas en su cuñada, también procesada y sentenciada finalmente a nueve años por cómplice. Sus invenciones le costaron a García una condena de dos años, rebajada en segunda instancia a un solo año.

A Carolina Navarro le salió, en cambio, más barato. Su cambio de versión, que la joven justificó alegando que la policía le había presionado en la primera ocasión, resultó fundamental para la absolución de Atienza en 2015. El fiscal no pudo probar su tesis: que el acusado, junto a otras dos personas, irrumpió en la casa de Anreus para robarle; que lo redujeron a la fuerza y lo trasladaron en el maletero de un coche hasta un paraje desconocido; y que, tras negarse la víctima a entregarles dinero, lo mataron a golpes. Después, incendiaron el vehículo para eliminar pruebas y escondieron su cuerpo.