La Audiencia de Sevilla exculpa a tres ex altos cargos de la Junta procesados
Un exviceconsejero, un exdirector general y el exdirector de una agencia sortean el banquillo
La Audiencia de Sevilla ha exculpado a tres ex altos cargos de la Junta de Andalucía procesados en la rama política del caso ERE, que reduce su tamaño de 25 a 22 procesados que afrontan el banquillo, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. A pesar de su procesamiento, los magistrados consideran ahora que el exviceconsejero de Empleo Justo Mañas, el ex director general de Trabajo Daniel Alberto Rivera y el ex director general de la agencia pública Idea Antonio Valverde, que ejercieron durante la época de Griñán (2010-2013), "contribuyeron al desmontaje del sistema urdido" para el fondo de los ERE, que abonó prejubilaciones por 855 millones entre 2001 y 2010.
Hace un año el instructor Álvaro Martín procesó a los tres ex altos cargos junto al exviceconsejero de Innovación Gonzalo Suárez, al que también ha exculpado la Audiencia recientemente porque entiende que desconocía el desarrollo del fondo de los ERE. Los jueces han estimado el recurso de Mañas, Rivera y Valverde porque considera que intentaron cambiar el sistema utilizado durante una década de las transferencias de financiación para pagar las prejubilaciones de los ERE y las ayudas directas.
"Estoy muy muy contento. La realidad es que se trabajó exclusivamente por solucionar problemas y por el beneficio de Andalucía. Han sido cinco años muy duros", ha explicado Mañas tras recibir la resolución que culmina cinco años de instrucción judicial.
Los magistrados de la Audiencia denuncian cómo el exdirector de Trabajo Javier Guerrero impuso una "caótica y errática" gestión de los expedientes y concedió algunos sin que los beneficiaros los hubieran solicitado antes. Y con ese precedente, los jueces valoran los cambios impuestos por la Consejería de Empleo y la agencia Idea para cambiar el sistema de pagos. "Hubo importantes cambios en la concesión de dichas ayudas, por lo que no se puede predicar sin más que su actuación se limitó a mantener el sistema implantado a partir del año 2000". Los cambios implantados culminaron en una orden y un decreto para finalizar con el "procedimiento específico" de los ERE fraudulentos.
Cuando en 2010 Empleo certificó el caos heredado por Guerrero, sus responsables iniciaron un plan de acción con medidas concretas para recuperar los pagos indebidos. Además, se abrieron procedimientos de información reservada para analizar las subvenciones sospechosas y con indicios de irregularidades.
Las investigaciones internas de la Consejería culminaron en 69 informes sobre 70 empresas tras analizar 322 pólizas que afectaban a 5.982 personas, entre las que había 72 intrusos, beneficiados que nunca habían trabajado en las empresas subvencionadas. Además, otros 54 prejubilados incumplían los requisitos establecidos para recibir las ayudas. Estas 126 personas percibieron 12 millones que ahora la Junta reclama.
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