El fiscal general del Estado releva a los dos investigadores del caso del 3%

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha relevado a los fiscales anticorrupción José Grinda y Fernando Bermejo del llamado caso del 3% sobre corrupción en contratos de la Generalitat de Cataluña y en la antigua Convergència, actual Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT). Ambos investigadores llevaban desde 2015 en la causa, que instruye Josep Bosch Mitjavila en el Juzgado número 1 de El Vendrell (Tarragona). En el caso han sido imputados altos cargos del gobierno catalán, empresarios y en el sumario ha surgido, entre otros, el nombre de Germà Gordó, diputado autonómico próximo a Artur Mas y que supuestamente ejercía de enlace entre contratistas de la Generalitat y el partido gobernante.

Según la Fiscalía Anticorrupción, esta sustitución responde a la "estrategia" de que los fiscales delegados asuman los casos de su territorio y "los de la fiscalía especial puedan ocuparse de los asuntos de Madrid": "Este cambio no supone modificación alguna en la línea mantenida". 

Pero la salida de Grinda y Bermejo —sustituidos por sus compañeros Fernando Maldonado y Teresa Duerto— de esta causa de alta volatilidad política coincide con la reciente llegada de Manuel Moix a la jefatura de la Fiscalía Anticorrupción. Sus primeras actuaciones han estado marcadas por la polémica. En la operación Lezo de corrupción, por el que ha sido detenido el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, Moix ordenó por escrito a los fiscales instructores, Carmen García Cerdá y Carlos Yáñez, que no solicitaran una serie de registros. Los fiscales invocaron su estatuto orgánico y forzaron la celebración de una junta de fiscales anticorrupción. La práctica totalidad de los miembros de esa fiscalía especial se posicionaron en contra del criterio de su jefe, que, aunque no estaba obligado a ello, revocó su orden inicial.

Sin embargo, Moix, que tomó posesión el pasado marzo, dio la consigna a García Cerdá y Yáñez de no acusar, de momento, de un delito de organización criminal a la trama en torno a González. En esa junta de fiscales de sala, según fuentes presentes, uno de los fiscales del caso repartió entre sus compañeros la transcripción de una grabación de finales de 2016 o principios de 2017, en la que el exministro Eduardo Zaplana le comenta al expresidente madrileño González que su panorama judicial va a verse aliviado por la futura llegada de Moix a Anticorrupción.

Antes de que Moix, anterior fiscal jefe superior de la Comunidad de Madrid, cambiara de puesto, una de las dos fiscales de la Operación Lezo, Carmen García Cerdá, investigadora también del caso Púnica, se vio obligada el pasado febrero —por orden del fiscal general Maza— a no actuar contra el dimitido presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, por desviar fondos. Finalmente, fue el juez instructor de esta causa, también Eloy Velasco, el que decidió, contra el criterio de Maza, poner el caso en manos del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, lo que provocó la renuncia de Sánchez.

El caso 3% pasará ahora a manos de dos de los tres delegados que la Fiscalía Anticorrupción tiene en Cataluña: Teresa Duerto y Fernando Maldonado. Ambos han investigado, juntos, el caso ITV, que está a un paso de llegar a juicio y en el que está implicado Oriol Pujol Ferrusola, ex número dos de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) por cobrar sobornos de una trama de empresas. Duerto, fiscal especialista en jurado, lleva también la instrucción del caso Mercurio, que indaga una trama de corrupción generalizada en el Ayuntamiento de Sabadell (Barcelona) durante el mandato de Manuel Bustos (PSC). Maldonado, por su parte, ha solicitado cuatro años de cárcel para el exministro de Defensa Narcís Serra por aprobar aumentos de sueldo en CatalunyaCaixa cuando la entidad estaba en crisis.

La orden escrita para que los dos delegados de Anticorrupción en Cataluña se hagan cargo de investigar el cobro de comisiones ilegales aún no ha llegado a la Fiscalía de Barcelona, según fuentes conocedoras del asunto. Este viernes, el juez de El Vendrell (Tarragona) que indaga el caso 3% está tomando declaraciones a tres personas. Una de ellas es Josep Antoni Rosell, que fue número dos de Infraestructures.cat, la mayor adjudicataria de obra pública de la Generalitat.