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“Nos han despedido por denunciar nuestro contrato ilegal en el Instituto de la Mujer”

El Organismo autónomo, dependiente del Ministerio de Sanidad, despide a 10 trabajadoras. Al menos ocho fueron al juzgado tras encadenar contratos de obras y servicios

“Esto es una represalia por denunciar”. Isabel García Calvo, que llevaba 11 años trabajando en el Instituto de la Mujer, ve una relación causa efecto. A finales de marzo, 10 técnicas de este organismo autónomo adscrito al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se quedaron sin trabajo. Ocho de ellas, de las que García Calvo es portavoz, habían presentado una demanda conjunta por encadenar contratos de obra y servicio durante más de un lustro. La portavoz dice que primero las apartaron de sus funciones y, al año, las han despedido.

Un grupo de manifestantes en la marcha por el Día de la Mujer en Madrid.
Un grupo de manifestantes en la marcha por el Día de la Mujer en Madrid.

Las trabajadoras estaban contratadas por obras y servicios con distintos puestos. Siete son tituladas superiores, dos administrativas y una auxiliar. Y ocupaban distintos puestos relacionados con programas subvencionados con fondos europeos en los que han ido encadenando contratos. La que más llevaba 11 años en el instituto; la que menos, cinco.

Hace un año, ocho de ellas presentaron una demanda conjunta para intentar solucionar su situación de precariedad, según la información adelantada este viernes por el diario Público. “La demanda se basa en que han realizado funciones que no tenían nada que ver con las obras y servicios para las que fueron contratadas inicialmente, ya que van cambiando de funciones. Además, desde la modificación de la ley de contratos en 2012, se establece una duración máxima de tres años para este tipo de contrataciones”, señala Juan Manuel Fernández, el abogado que las representa.

La carta de despido les llegó el pasado 3 de marzo y se hizo efectivo el día 31 de ese mes. Pero las “represalias” de las que habla la portavoz se iniciaron antes. “Nos reunieron tras presentar la denuncia y, con la excusa de que iban a reestructurar el organismo porque el Gobierno estaba en funciones, nos pidieron que paráramos todo lo que estábamos haciendo”, dice García Calvo.

Piden la comparecencia de la directora

El PSOE ha pedido la comparecencia de la directora del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, Lucía del Carmen Cerón, para que explique en el Congreso los despidos de las trabajadoras. Es la cuarta vez que reclaman su presencia en la Cámara Baja, hasta ahora sin éxito. La primera fue tras su nombramiento el pasado enero. La diputada socialista Ángeles Álvarez explica que se pidió una segunda comparecencia tras una entrevista, en el diario Público, en la que Cerón defendió la temporalidad del empleo de la mujer porque ésta busca un trabajo "pequeño para ser una ayuda a la carga familiar". La tercera fue para que explique los presupuestos. Y la cuarta, por los despidos y por el “desmantelamiento y la desatención a las políticas de igualdad”, según Álvarez.

Las cambiaron de mesa, explica, y en sus puestos se sientan desde entonces trabajadores “de empresas externas”. A ella, añade, la pusieron a revisar “expedientes viejos que no tenía sentido volver a mirar”. El Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, que encabeza la ministra Dolors Montserrat, ha emitido este viernes por la tarde una nota en la que señala que el 31 de marzo finalizaron los contratos de “varias trabajadoras” que ejercían como “personal laboral de carácter temporal”. Niega que se haya producido “ningún despido”. “Se han extinguido los contratos (...) por la finalización de la obra o servicio determinados para los que fueron constituidos”.

La nota añade que eran plazas para la gestión de operaciones cofinanciadas con fondos europeos en un programa contra la discriminación que comprendía el periodo 2007-2013 aunque su finalización era “del 31 de diciembre de 2015” y se añadió una prórroga para “terminar los trabajos” que cumplía el pasado 31 de marzo. Ni desde el ministerio ni desde la Secretaría de Igualdad, que dirige Mario Garcés, aclaran por qué se extendieron esos trabajos cuatro años más, por qué no regularizaron contratos si se había rebasado el límite de los tres años ni aluden a las supuestas “represalias”.

El abogado señala que ya antes del cambio de Gobierno en 2011 ejercían funciones no incluidas en sus contratos. Y la exempleada añade que nunca se habían planteado denunciar porque “hasta entonces, la dirección nos había trasladado que éramos las personas más preparadas y que contaría con nosotras”.

Laura Seara, que dirigió el Instituto de la Mujer entre 2009 y 2011 tilda lo ocurrido de “venganza”. “Es parte de una campaña premeditada de desmantelamiento de políticas, programas y competencias del instituto, que ha perdido toda su relevancia política e incluso la voz".

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