El Gobierno recurre los presupuestos catalanes por incluir una partida para el referéndum

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El Gobierno decidió este viernes recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) una partida de los presupuestos de la Generalitat de Cataluña para 2017 para la convocatoria de un referéndum de autodeterminación.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, informó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de la interposición del recurso, que tendrá efectos suspensivos, es decir, que la partida impugnada queda suspendida en cuanto se admita a trámite hasta que haya sentencia. Se une este recurso al anunciado en amparo por grupos parlamentarios catalanes que no tenían efectos suspensivos.

Según explicó, se basa en posible vulneración del artículo que establece como competencia exclusiva del Estado la convocatoria de refrendos, los artículos referidos a la soberanía y los de reforma constitucional.

La número dos del Gobierno relató las vicisitudes parlamentarias en Cataluña del precepto impugnado, para concluir que es "inédito" y "muy poco comprensible".

La novedad es que, en previsión de que pueda incumplirse la suspensión y abrirse procesos penales por desobediencia como los que ya han sido sentenciados recientemente por la consulta del 9-N, la interposición del recurso será notificada expresamente no solo a altos cargos como hasta ahora, sino también a altos funcionarios.

Serán advertidos el presidente de la Generalitat y los consejeros de su Gobierno, pero también el secretario del Gobierno, el secretario general de la Vicepresidencia del Gobierno, la interventora general de la Generalitat, la directora de contratación y el director general de Presupuestos de la Generalitat. Ninguno de ellos podrá tomar decisión alguna que suponga ejecución de las partidas recurridas.

Advertencias previas

Tanto el Consejo de garantías estatutarias catalán como los letrados del Parlament habían advertido ya de la ilegalidad de esa partida. Si el Alto Tribunal admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno, la suspensión del proyecto catalán será automática y durará un plazo máximo de cinco meses hasta que los magistrados la ratifiquen o levanten.

La vicepresidenta pidió a la Generalitat "respeto a las instituciones" y aseguró que "cada vez acompaña menos gente" al presidente catalán. "Han hecho tantos kilómetros para andar tan poco", dijo.