Ceuta y Melilla piden ayuda al Gobierno por los menores migrantes

A veces el uso del léxico puede llegar a resultar tan revelador y connotativo como traicionero. Aunque la Convención de los Derechos del Niño (1989) deja claro que su protección está por encima del lugar de nacimiento o religión, en Ceuta y Melilla hay quien vacila al referirse a los Menores Extranjeros No Acompañados. Si no se habla de ellos simplemente por su acrónimo, MENA, es fácil que se les refiera como “los hijos de Marruecos” o incluso “los niños de la calle”. Toñi Palomo, jefa del área de Menores de la Consejería de Bienestar Social de Ceuta, es una de las excepciones. Habla de “nuestros” o “mis niños” para referirse a ellos y reconoce sentirse, a veces, predicando en el desierto cuando defiende la necesidad de una tutela efectiva. Máxime cuando la presión migratoria de los menores ha llevado a ambas ciudades autónomas a una saturación no conocida y a organizarse para exigir la ayuda del Gobierno central.

El fenómeno de los MENA no es nuevo, ambas ciudades fronterizas lo conocen desde la década de los 90. Sin embargo, desde hace dos años la afluencia de niños no acompañados, procedentes mayoritariamente del norte de Marruecos, no ha dejado de crecer. “Entre 2014 y 2015 notamos como empezó a aumentar”, reconoce Palomo. En ese entonces, la localidad acogía a unos 60 menores, hoy son unos 200. “Si Ceuta tiene un problemón, imagínate Melilla, una ciudad más pequeña y que tiene casi 600 ahora”, reconoce el consejero de Bienestar Social melillense, Daniel Ventura.

Aunque ambas ciudades, gobernadas por el PP, tienen las competencias en la tutela de menores extranjeros, llevan tiempo reclamando colaboración al Gobierno central. Sin embargo, unas declaraciones realizadas el pasado 13 de marzo por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, dieron nuevos bríos a su demanda. En una visita a Melilla, Catalá reconoció que la alta ocupación de centros de acogida en ambas localidades es "alta tensión" y abogó por "reforzar los mecanismos de colaboración" con Marruecos.

Desde el Ministerio de Justicia aclaran a EL PAÍS que Catalá realizó estas aseveraciones ante una pregunta concreta y que los menores extranjeros no son de su competencia. Sin embargo, en menos de una semana, el 18 de marzo, la consejera de Bienestar Social de Ceuta, Adela Nieto, recogió el guante: anunció que se “han intensificado los contactos con Melilla” para trasladar a la ministra Fátima Báñez, como responsable de Inmigración, la necesidad de una respuesta gubernamental. “Estamos desbordados”, reconoció en una rueda de prensa.

A lo largo de 2016, Melilla calcula que acogió a 1.200 niños, mientras que Ceuta hizo lo propio con 809. Hasta ahora, la mayoría de pequeños pasaban la frontera solos, sin documentación que acreditase su edad, aprovechando la presión de los porteadores o escondidos en coches y camiones. Buena parte de ellos, huyen de contextos familiares “insufribles”, como reconoce Palomo. Sin embargo, en ambas ciudades también advierten un cambio. “En el último año hemos cuantificado hasta 300 menores que ya vienen con su tarjeta de identificación, lo que denota que los traen los padres, los dejan y se van, no están en desamparo”, explica Ventura. “Es lógico, los mandan porque no tienen medios y quieren una vida mejor para sus hijos”, reconoce Julio Rodríguez, responsable del centro de realojo temporal de Ceuta ‘La Esperanza’.

Cuando llega un nuevo menor, desde los centros se informa a Marruecos. Pese a ello, difícilmente se produce el reagrupamiento familiar, “es el menor de los casos”, añade Rodríguez. Esto se debe a que los niños buscan salir del contexto de pobreza en el que viven, conseguir un permiso de residencia o llegar a la Península para encontrarse con otros familiares. De hecho, un número variable (unos 50 en Ceuta y entre 50 y 100 en Melilla) prefieren ni pasar por los centros y vivir en los alrededores de los puertos, para intentar cruzar como polizones en los barcos. “La solución viene porque Marruecos haga algo porque son sus hijos, estos menores podrían estar con sus familias”, sentencia Ventura con dureza, que cree necesaria la intervención del Gobierno para hacer efectiva la colaboración marroquí. Desde el Ministerio de Empleo explican a este medio que están al tanto de la situación de ambas ciudades y que, de hecho, “es un tema que ya se habla” en las reuniones con Marruecos.

De entrada, Ceuta y Melilla pretenden pedir a Báñez más inversión. El pasado 2016 Melilla invirtió 13 millones de euros en mantener sus tres centros (11 procedentes de la ciudad y dos del Gobierno); Ceuta gastó 5.238.460 euros (con 1,4 millones aportados por el Estado). “Son necesarias más inversiones a nivel nacional y europeo”, avanza Ventura. Además, el consejero defiende la idoneidad de realizar campañas de sensibilización en Marruecos e incluso “construir centros de menores” en el país vecino.

Manuel Hernández, secretario general del PSOE de Ceuta, también cree que es necesaria una mayor aportación estatal para los ‘menas’, aunque difiere de la forma en la que ahora se invierte. “El dinero que se destina a los menores en el mes de junio suele agotarse y tiene que salir de la propia ciudad. No creemos que el PP lo esté gestionando bien, algo falla”, recalca Hernández. El socialista centra sus críticas en la situación del centro de ‘La Esperanza’, de los tres de la ciudad, es el que acoge a la mayoría de los menores extranjeros. “El edificio está saturado y no reúne las condiciones, hay habitaciones convertidas en aulas, los suelos están levantados y tiene humedades”, denuncia también Maribel Lorente, presidenta de la asociación ceutí Digmun que encarga de la enseñanza de español en el centro.

“El centro y su personal está sobrepasado. No tenemos capacidad y el ministerio lo tiene que saber”, reconoce Palomo. De hecho, su director explica que, en unas instalaciones preparadas para 60, se han llegado a acoger hasta 207 niños y adolescentes: “Actualmente atendemos a 148 con nueve educadores, 15 monitores y tres miembros de seguridad”. Desde hace años, la ciudad tiene proyectado un nuevo centro que nunca termina de llegar. “Aparece en todos los presupuestos anuales, pero nunca se hace”, denuncia Hernández.

No es Ceuta la única en apuros con sus centros. De los tres de Melilla, ‘La Purísima’, un antiguo fuerte militar, es el mayor y también está saturado. “Tiene capacidad para 180 y ahora acogemos a 350 menores. Hemos tenido que adaptar espacios comunes como habitaciones y hacer literas de tres camas para aumentar el número de menores por habitación de cuatro a seis”, explica Ventura. En todo este contexto, Ventura reconoce que hacen lo que pueden en la atención a los menores: “Nos gustaría hacerlo mejor, pero la legislación española con los menores no está adaptada a la realidad de las ciudades fronterizas”.

Sin embargo, ONGs como Harraga o Prodein difieren. En su informe ‘De niños en peligro a niños peligrosos’ denuncian que se producen dilaciones en la tramitación de los permisos de residencia y que la presión de los centros hace que algunos acaben viviendo en las calles. Violeta Assiago, experta en derechos humanos y directora del informe de la Universidad de Comillas ‘Rechazo y abandono’ sobre menores extranjeros en Melilla, también se muestra crítica con la respuesta institucional. “Esto no es nuevo, es una presión inflada. La situación está descontrolada porque las medidas de control de las leyes exigen que se les trate como menores, en lugar de extranjeros y eso en Melilla cuesta muchísimo”, denuncia Assiego. La experta sostiene que “el discurso de la presión bloquea el discurso de los derechos”.

Desde Ceuta, Toñi Palomo responde a este escepticismo. Respeta la visión de las ONGs y defiende su papel como valedoras de los derechos de los menores. Pero cree que lejos de estar inflada, la presión irá a más exige una respuesta: “Estamos en una frontera que divide a dos mundos. Al que crea que esto va a descender le digo que no acabará, irá en aumento y nos tenemos que preparar”.

Bien sea por la presión migratoria o bien por mero rechazo a lo extranjero, la criminalización de los menores está en sus cotas más altas tanto en Ceuta como en Melilla. “La mayor parte de los delitos no son cometidos por menores extranjeros, no compartimos ese discurso demagogo”, sentencia Ventura, aunque se reconoce preocupado por “la sensación de inseguridad que existe en la sociedad melillense”. En Ceuta, pese a tutelar a menos niños, la tensión es aún más evidente después de que cuatro ‘menas’ apuñalasen a un joven el pasado 10 de marzo. Desde entonces, los jóvenes de La Esperanza apenas salen a calle, ante el temor de represalias o de agresiones.

Tampoco era nueva esta aversión, como reconoce Palomo: “El populismo está afectando a su integridad, sufrieron siete agresiones en febrero y marzo, antes del asesinato”. De hecho, para el próximo 2 de abril el colectivo ‘Ceuta Insegura’ ha convocado una cacerolada de protesta donde parecen hacer más hincapié en los delitos cometidos por extranjeros. Todo ello, cuando las estadísticas tanto en Ceuta como en Melilla demuestran que el porcentaje de delitos e infracciones entre menores cometidos por extranjeros se mueve entre el 10 y el 30% de los casos. Para Toñi Palomo la respuesta está en las características propias de ambas localidades como “ciudades fronteras” y al contexto social: “Cuando hay gente que lo está pasando mal y no tiene para darle de comer a sus hijos, y ven que atiendes a menores extranjeros es cuando se vuelven racistas y xenófobos”.