El botín del descuartizador de Bangkok

José Muñoz, como el centenar de ancianos salpicados por la que pasa por ser la mayor estafa hipotecaria de España, desconoce que parte del botín de los supuestos timadores engrosó la fortuna de Artur Segarra, único acusado por el asesinato en 2016 del consultor David Bernat en Bangkok (Tailandia) por el que se enfrenta a la pena capital. Antes de fugarse al país asiático, donde supuestamente torturó y descuartizó a Bernat tras robarle, Segarra dejó en España un reguero de víctimas en forma de ancianos arruinados.

Pese a no tener ninguna propiedad a su nombre, el supuesto asesino amasó un patrimonio de 17 viviendas en España valorado en dos millones de euros mediante una madeja de 67 sociedades y siete testaferros, según un informe de los Mossos d'Esquadra al que ha tenido acceso EL PAÍS. “Algunas de estas empresas fueron utilizadas en la estafa inmobiliaria”, apuntan los investigadores.

A golpe de artimaña, Segarra acumuló 18 vehículos. Y levantó un entramado patrimonial con la ayuda de su exnovia y madre de sus tres hijos. Su antigua pareja registró a nombre de sus empresas ocho pisos. Entre ellos, una casa de 130 metros en el distrito de l’Eixample de Barcelona valorada en 600.000 euros.

Segarra, de 38 años, incorporó a su maquinaria a su septuagenaria madre, M. Príncep. Según los agentes, la progenitora del asesino figuró como testaferro en operaciones de compraventa de su hijo donde se utilizó documentación falsa.

Otros hombres de paja del descuartizador de Bangkok fueron V. George, que acumuló cuatro viviendas, y David A., que se hizo con siete valoradas en 560.000 euros. Todos ellos figuran entre los 15 imputados en esta causa que indaga desde 2014 un juzgado de Barcelona por estafa, falsedad documental, organización criminal y blanqueo de capitales.

Candidato en 2007 por Manresa de las listas del partido ultraderechista Plataforma per Catalunya (PxC), Segarra fue un hombre tocado por la labia, según sus víctimas. Fraguó una alianza criminal con el abogado y modelo de pasarela Francisco Comitre, considerado el supuesto cabecilla de la red. A sus 40 años, este letrado amante de los coches de lujo -conduce un Ferrari 360- manejó a través de 18 testaferros 18 inmuebles, según los Mossos d'Esquadra. De ellos, 14 procederían de la estafa. Un colaborador suyo, camarero de profesión, acumuló 23 propiedades y un patrimonio de 1,7 millones a través de cinco sociedades.

Este periódico ha intentado sin éxito contactar con Comitre. Su grupo ofrecía supuestamente dinero en efectivo o una renta vitalicia a los ancianos a cambio de que pusieran su vivienda en garantía. Todo en teoría. En la práctica, el dinero nunca llegaba, se firmaban contratos de compraventa encubiertos y salpicados de cláusulas abusivas. Y la red se hacía con los inmuebles por menos del 10 % del precio de mercado.

“La investigación revela que estamos ante la mayor estafa hipotecaria de Europa. Se ha hecho un trabajo policial muy bueno”, explica el abogado Armando Rodríguez Pérez, del bufete Gabeiro Global Advisors. Este letrado defiende casos como el de Ana Martín. Su octogenaria madre estuvo a punto de perder su piso en el barcelonés barrio de Gràcia valorado en 125.000 euros por un préstamo de 8.000 euros que le concedió la red.

Comitre y Segarra no operaban solos. Entre los imputados figuran dos notarios de Cataluña que, presumiblemente, actuaron en connivencia con los estafadores. Uno de ellos es Enrique Peña Félix. El Ministerio de Justicia le suspendió el año pasado en una decisión sin precedentes tras conocerse su implicación en el caso.

El notario y el testaferro

Peña no solo participó supuestamente en los engaños de la trama, sino que mantuvo vínculos empresariales con los estafadores. En octubre de 2012, el notario vendió el 25 % del capital social de la mercantil BCN Arjeban SL a uno de los principales testaferros de la red, Francisco V., que fue arrestado en julio de 2014.

“Peña no colaboró con la trama porque no se puede demostrar que cobrara”, defienden en el entorno de este notario cuyo despacho figuró entre los cinco más importantes de Barcelona.

Desde el pasado febrero también se encuentra imputada en la causa judicial una notaria de un municipio de la comarca catalana de Alt Penedès. El titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Barcelona, José Antonio Cruz, le atribuye un presunto delito de blanqueo de capitales en la modalidad de imprudencia. El instructor considera que esta fedataria no alertó del riesgo de las 23 operaciones que la trama firmó en su despacho. La notaria declarará ante el juez el próximo 8 de mayo. “Todo se aclarará”, concede esta profesional sin entrar en detalles.

Mientras avanza en España la investigación de la monumental estafa, Segarra aguarda en una cárcel de Tailandia. La cuenta atrás para conocer si se es condenado a la pena capital ya ha comenzado. El caso por el asesinato de David Bernat está visto para sentencia.

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