¡Auxilio, una salida, por favor!

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El insólito artículo firmado por Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, publicado el pasado lunes en EL PAÍS, refleja las dificultades de las fuerzas políticas independentistas en este tramo final del proceso, al que han puesto una fecha de caducidad que les está ahogando. En efecto, dijeron que la independencia sería efectiva en 18 meses y estos se cumplen en junio. Desesperados, no encuentran salida y piden auxilio, al que llaman diálogo. Desde luego, no merecen ayuda alguna, hasta ahora no se han mostrado dialogantes sino desafiantes.

Cuando tras las elecciones de noviembre de 2012 se decidieron a emprender, sin dilación, el camino hacia la independencia, no buscaron el diálogo sino el combate y empezaron dando un puñetazo en la mandíbula del contrario: aprobaron en el Parlament una resolución declarando que la soberanía reside en el pueblo de Cataluña, algo literalmente contrario al fundamento de nuestro Estado democrático según el cual la soberanía reside en el pueblo español.

Sabían que no colaría, como así fue: el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional tal afirmación, como haría cualquier alumno de primero de Derecho. Solo pretendían demostrar que eran osados, se sentían fuertes e iban a por todas: querían amedrentarnos. Y así prosiguieron con una serie de maniobras que demostraban su desprecio por el Derecho, a la vez que, como buenos populistas, se amparaban en una supuesta superioridad de la democracia directa sobre la representativa.

La última pirueta, la más retorcida, es el intento de declarar la independencia de forma unilateral, por sorpresa y mediante lectura única, algo inaudito en la cultura política democrática.

“Nosotros ya estamos sentados en la mesa del diálogo”, afirman los articulistas. No es cierto, lo que dicen es similar a la lacónica y tajante afirmación de Puigdemont en septiembre pasado: “Habrá referéndum o referéndum”. Es decir, tanto si quieres como si no. En eso consiste la “dialogante” propuesta de anteayer.

No obstante, el artículo constata algo cierto y quizás por ahí podría encontrarse una vía de solución: una amplia mayoría de catalanes quiere ser consultada sobre la posición de Cataluña en España. Esa consulta no puede ser inmediata, ni ejercerla en un solo acto. Debe debatirse exhaustivamente, por los Gobiernos y por los ciudadanos, controlando las emociones y utilizando las razones. Ello exigirá tiempo y calma.

Quizás el acuerdo inmediato deba consistir en un proceso que prevea las fases siguientes: primero, concretar las pretensiones y las discrepancias; segundo, establecer el método para resolverlas; tercero, llegar (o no) a un acuerdo; y, cuarta, una vez se haya llegado a un consenso, ratificarlo con los votos de todos, de todos los ciudadanos españoles. Todo ello debe llevarse a cabo dentro del marco constitucional y de la más estricta legalidad. Nada de precipitaciones, sin prisas. Pero sin pausas.