El PP, forzado a negociar con PSOE y PNV cambios en la ley mordaza

Una vez que este martes se admitan a trámite las proposiciones de ley de PSOE y PNV para reformar la ley mordaza, irán a comisión y se iniciará el proceso que no terminará antes de final de año, incluyendo el paso por el Senado. Ese proceso no será sencillo porque más allá de la posición genérica de modificación, las posiciones de los diferentes grupos van desde la derogación total que propone, por ejemplo, Podemos, a retoques limitados y controlados que intentará el PP. Esta última posición es consecuencia de la aritmética parlamentaria y obligada por la necesidad del Gobierno de intentar ese retoque controlado y pactado, aprovechando las discrepancias del resto.

La norma ha sido cuestionada en aspectos esenciales por instituciones como el Defensor del Pueblo y fue aprobada en su momento solo con los votos del PP y recurrida ante el Tribunal Constitucional por los demás grupos, encabezados por el PSOE.

Según el texto de los socialistas, la ley de seguridad ciudadana “cercena derechos fundamentales, principalmente el derecho de reunión y manifestación y el derecho a la libertad de información, y trata de disuadir de su ejercicio, imponiendo una "mordaza" a ciudadanos y medios de comunicación”.

Ya en noviembre el pleno aprobó una moción de los socialistas sin más valor que el político, pero indicativo de que una mayoría de la Cámara está a favor de cambiar la norma. Poco después los socialistas y luego el PNV presentaron sus proposiciones de ley que sí abren el proceso legislativo.

El nuevo ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, aseguró recientemente en el Senado que la propuesta del PNV es “un buen punto de partida” para buscar un acuerdo. Sin el PP, los dos grupos proponentes tendrían que buscar apoyo de Podemos que defiende la derogación total que el Gobierno quiere evitar. Socialistas y PNV difieren en sus propuestas porque, aunque coinciden en cambiar aspectos polémicos, la del PSOE va más lejos, por ejemplo en eliminar conductas sancionadas. Aún así, la del PNV propone modificar 44 artículos y graduar el importe de las multas. Ambos sostienen que no puede ser derogada en bloque si no se sustituye por otra porque regula aspectos como la expedición del DNI, entre otras. Además, la norma castiga como faltas administrativas conductas que antes eran faltas reguladas en el código Penal. La última reforma penal eliminaba esas faltas que antes eran castigadas con intervención judicial para incluirlas en la ley mordaza con sanciones administrativas con multas.

La propuesta del PSOE afecta básicamente a los artículos recurridos ante el Constitucional y que se refieren a registros personales; infracciones como perturbación grave las manifestaciones frente a las sedes del Congreso, el Senado; el uso no autorizado de imágenes o datos de la Policía; las restricciones al derecho de reunión y la disposición que legaliza por primera vez y de forma muy genérica las "devoluciones en caliente" en la valla de Ceuta y Melilla

Ciudadanos firmó con el PSOE hace un año “revisar” los puntos recurridos y con el PP acordó “mejorar diferentes aspectos”.