La Fiscalía investiga la construcción de una mina de uranio en Salamanca

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La vuelta a la mina

La polémica viene de largo. En septiembre de 2015 el Ministerio de Industria concedió a la empresa Berkeley Minera España la autorización previa para la construcción de una explotación de uranio entre los pueblos de Retortillo, de 250 habitantes y Villavieja de Yeltes con cerca de 820. La Audiencia Nacional admitió entonces a trámite un recurso de Equo y Ecologistas en Acción. Ahora, la Fiscalía provincial de Salamanca ha admitido a trámite la denuncia presentada por la plataforma Stop Uranio el 17 de febrero por el comienzo de la construcción del proyecto sin tener, supuestamente, los documentos y permisos pertinentes. Según el portavoz de la plataforma, José Ramón Barrueco, la compañía quería comenzar las obras para dar la impresión de estar empezando la mina ante los inversores. 

Stop Uranio considera ilegal la construcción de una balsa de 36.000 metros cúbicos que, según Barrueco, "no estaba en el proyecto inicial". "Para cualquier obra que quieran realizar necesitan la autorización de uso del terreno, de rústico a industrial, y eso no lo tienen", afirma. Por su parte, la empresa asegura que no se trata de la construcción de una balsa, sino de un levantamiento de tierras para realizar un desvío de la carretera SA-322 que llegará a la explotación. "Para todas las actividades que estamos haciendo tenemos todos los permisos que hacen falta aunque para completar la construcción de la mina necesitemos algún permiso más", afirma Francisco Bellón, director general de Berkeley España. Bellón dice que se han invertido más de 70 millones de euros en el proyecto, y que se pretenden invertir 250 en tres años, además de generar más de 450 puestos de trabajo. La vida de la mina se estima en 14 o 15 años.

Por otro lado, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) ha presentado otra denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid. La asociación critica la "condena a muerte" de miles de encinas dentro del espacio protegido Red Natura 2000. La empresa asegura que solo se talarán cerca de 8.000 árboles. En un comunicado, la compañía afirma que replantará 30.000 encinas en 100 hectáreas "adicionales a las afectadas por el proyecto" como parte del Plan de Rehabilitación de hábitats. 

Según WWF, la empresa no cuenta con las autorizaciones suficientes para la construcción de la mina:"No tiene ni el permiso definitivo del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ni la autorización de cambio de uso del suelo rústico que se necesita", afirma Gema Rodríguez, responsable de WWF para el espacio natural Red Natura 2000. La organización considera que la tala pone en peligro la proliferación de la cigüeña Negra, dado que la red natural está integrada en un plan para la recuperación de esta especie. 

La construcción de la mina generó también controversia por la contratación por parte de Berkeley España de Manuel Lamela, ex alto cargo del exministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete. El 31 de marzo de 2016 el alcalde socialista de Retortillo, Lorenzo Calderón, renunció a su cargo cuando sus compañeros de candidatura perdieron la confianza en él después de que propusiera una consulta ciudadana sobre la realización de la explotación minera. El siguiente alcalde, el popular Javier Santamartina, vendió a la empresa terrenos de su propiedad por el doble del valor de mercado, según adelantaba Cadena SER.