El Poder Judicial anuncia una batería de propuestas para luchar contra la corrupción
Lesmes plantea reformas legales, un plan de formación para jueces y una red de expertos
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![Carlos Lesmes saluda a Manuel Moix en una imagen de archivo.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/L3IP24QCQMGIQGHRPBSYR53KNI.jpg?auth=4c35eee9646997dd253926e29848e5a57eee88a44f15bec5585afb9d229bd279&width=414)
El Consejo General del Poder Judicial impulsará en 2017 una guía para facilitar el trabajo de los jueces en causas de corrupción; apostará por un plan de formación en la materia; creará una red de expertos que asesore y apoye a los instructores de casos relacionados con esta lacra; y estudiará propuestas de reformas legales para mejorar la respuesta judicial a estos delitos. Así lo ha anunciado Carlos Lesmes, presidente de este organismo y del Tribunal Supremo, durante su comparecencia en la comisión de Justicia del Congreso. El magistrado también ha abogado por un rediseño de la carrera judicial, recordando que el Grupo de países contra la corrupción del Consejo de Europa (GRECO) acaba de recomendar a España "una mejor regulación de los criterios de nombramiento de los altos cargos del Poder Judicial".
"Estamos trabajando en la publicación de una guía realizada por jueces y fiscales expertos que recogerá todos los instrumentos existentes en la lucha contra la corrupción, tanto a nivel nacional como internacional, así como las buenas prácticas procesales en la instrucción de una causa compleja", ha explicado Lesmes ante una veintena de diputados reunidos en la sala constitucional del Congreso. "Les puedo anunciar que estamos trabajando en la posibilidad de crear una red de expertos en corrupción, que sirva de apoyo al instructor, integrada por jueces y magistrados especializados (...) como apoyo para los jueces en el desarrollo de las cuestiones instrumentales del proceso". Y ha añadido: "Es necesario reforzar la cooperación internacional penal, así como luchar contra los paraísos fiscales".
Solo en 2016 los jueces llevaron a juicio a 659 personas en 112 procedimientos por delitos de corrupción pública. En la España de los casos Gürtel, Taula, Bárcenas, Noós o Púnica, la administración busca resortes para enfrentarse a los casos de corrupción que anegan sus juzgados e inundan de trabajo a los jueces. Los procesos de instrucción se alargan durante años. Y se acumulan. El año 2016 se cerró con más de 62.000 causas declaradas de instrucción compleja, según Lesmes. Las causas declaradas complejas son aquellas en las que el juez instructor, a instancias del Ministerio Público, pide la prórroga de hasta 18 meses para continuar investigando. El plazo marcado por ley para practicar las diligencias de instrucción es de seis meses.
"La justicia siempre llega. Es lenta, pero llega", ha destacado Lesmes, que ha hecho hincapié en el número de sentencias condenatorias por estas causas, superior al 70 por ciento. "Nuestra litigiosidad sigue siendo elevada si la comparamos con la de los países de nuestro entorno", ha recordado el presidente del Supremo, aunque este dato haya bajado un 29,5% con respecto al año anterior. "Lo cierto es que siguen existiendo en buena parte de nuestros juzgados y tribunales situaciones de colapso difícilmente sostenibles, así como deficiencias organizativas que no han sido abordadas y que impiden incrementar de manera significativa nuestros niveles de eficacia".
Reencuentro entre Lesmes y Robles tras su polémica pública
Carlos Lesmes ha intervenido en la Comisión de Justicia con Margarita Robles, exmagistrada y presidenta de este organismo, sentada a su lado. La comparecencia del presidente del Supremo ha supuesto el reencuentro de los dos juristas, que mantuvieron un duro y público desencuentro a finales de 2016. Robles llegó a acusar a Lesmes de ejecutar "una venganza personal" al privarle de su plaza en el Tribunal Supremo como consecuencia de su paso a la política en las listas del PSOE.
"Es amplia la relación de personas, que pudiera aportarse en cualquier momento, a las que el señor presidente ha hecho consideraciones críticas hacia mi persona, incluidos dirigentes políticos, ante los que se emitieron críticas y descalificaciones", argumentó la ahora diputada en el escrito de recusación que envió al Consejo General del Poder Judicial.
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