El exalcalde de Santa Coloma sobre un empresario: “Yo lo que quiero es que se postre a mis pies”

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Bartomeu Muñoz, alcalde socialista de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) entre 2002 y 2009, pretendía que Josep Singla, empresario beneficiado por el cambio de uso urbanístico del proyecto La Pallaresa, un centro comercial, un hotel y viviendas en unos terrenos de su propiedad, le agradeciera debidamente la modificación urbanística, que le generaría enormes plusvalías. “Yo lo que quiero es que se postre a mis pies (…) Menos lloriqueo y más agradecimiento”, le dijo el regidor –se entiende que figuradamente– a su amigo Luis Andrés García, Luigi, exdiputado autonómico del PSC metido a conseguidor de favores políticos, según unas grabaciones del caso Pretoria de corrupción que se han reproducido este martes en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional.

Muñoz, concejal desde 1983, y acusado de cobrar una mordida de 1,72 millones de euros por esta operación urbanística, ha tenido que escuchar estas grabaciones –la principal prueba de cargo- en la vista oral pese a que su defensa las ha impugnado. El exregidor de la novena ciudad catalana -117.000 habitantes en apenas siete kilómetros cuadrados entre Barcelona y Badalona- lo ha negado todo: “Yo no nunca he usado el ayuntamiento para manipular concursos ni he tenido empresarios de mi entorno (…) Nunca he tenido ningún beneficio propio sobre concurso públicos. Nunca he permitido ningún beneficio de nadie a costa del ayuntamiento”. El exalcalde ha rechazado cualquier tipo de mordida: "Yo no recibí ninguna comisión. Ni de un millón, ni de un euro ni de diez millones".

Según la fiscal Ana Cuenca, entre 2002 y 2004, Muñoz, guiado por el ánimo de lucro, permitió que el conseguidor Luis Andrés García, Luigi, “marcara las directrices y pautas” del proyecto urbanístico denominado La Pallaresa, donde se iban a construir viviendas protegidas, un hotel de cuatro estrellas y un centro comercial. El regidor, en colaboración con el concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco, contribuyó a que los terrenos le fueran adjudicados a la empresa Proinosa, administrada por el también acusado Josep Singla. Esta compañía vendió las acciones del proyecto, rebautizado como Centre Comercial Gramanet SA, a una sociedad holandesa constituida por Luigi en el bufete de abogados Pretus –del que deriva el nombre de la operación Pretoria-.

El consistorio cambió posteriormente las condiciones de la urbanización, aumentando la proporción de vivienda libre, en detrimento de los usos hotelero y comercial inicialmente previstos, para beneficiar al promotor, a cambio de una comisión para el alcalde de 1,72 millones de euros. Para entonces, Luigi ya había vendido las acciones al comprador final, con lo que obtuvo una fuerte plusvalía.

Esta operación urbanística, por la que la fiscalía pide para Bartomeu Muñoz seis años y diez meses de prisión y una multa de 4,1 millones de euros, es la primera de las relatadas en el escrito de acusación del caso Pretoria. En esta vista oral, el ministerio público reclama la misma pena por tráfico de influencias y blanqueo para Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, hombres de la máxima confianza personal y política del expresidente catalán Jordi Pujol. Ambos, ya ancianos, se sientan en el banquillo de los acusados por la trama de corrupción urbanística destapada en 2009 por el juez Baltasar Garzón en el área metropolitana de Barcelona. El ministerio público anunció el lunes un principio de acuerdo con Alavedra, exconsejero de Economía, que permitirá una rebaja en la pena a cambio de una confesión.

"Aprieta a Carrillo"

La fiscalía también acusa Muñoz de percibir, en 2009, una mordida de 6.480 euros del acusado Manuel Carrillo a cambio de prorrogar de forma irregular el contrato de limpieza de edificios municipales y colegios públicos a la empresa Limasa, que llevaba 30 años operando en el municipio. El exregidor ha negado haber cobrado este supuesto soborno. La fiscal le ha respondido con una grabación en la que se escucha al alcalde ordenar lo siguiente a su subordinada Gemma Fernández Torrijos, directora del Área de Servicios Territoriales: “aprieta un poco más a Carrillo”.

Y en otra conversación grabada por los investigadores en julio de 2009, Muñoz le informa a Carrillo sobre la adjudicación: “todo arreglado y liquidado, ya se te comunicará oficialmente en septiembre”.

En la Operación Pretoria se investigan tres grandes pelotazos urbanísticos en Santa Coloma, Badalona y Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona). El exdiputado autonómico García Sáez medió para comprar los terrenos municipales, obtener su recalificación urbanística y venderlos posteriormente con un sobreprecio. Según el fiscal, Alavedra obtuvo unas ganancias ilícitas de 3,24 millones, y Prenafeta, de 5,83 millones. En ambos casos, la fiscalía subraya su “estrecha relación personal” con el expresidente Pujol. Por su parte, Luigi obtuvo con sus manejos irregulares 5,8 millones de euros y el exalcalde de Santa Coloma ganó 1,2 millones de euros, según el fiscal.

Tanto Luigi como Prenafeta y Alavedra ocultaron sus ingresos ilícitos, según el fiscal, “sirviéndose -principalmente- de un complejo entramado societario así como de diversas cuentas bancarias abiertas en entidades situadas en territorios off shore”.