El Gobierno del PP no ha retirado ni un solo vestigio franquista en sus cinco años de mandato

El Gobierno de Mariano Rajoy, que empezó en diciembre de 2011, no ha retirado ni un solo vestigio franquista aún presentes en ministerios y organismos públicos. La retirada de los mismos, en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, se interrumpió en abril de 2011, pocos meses antes del fin del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, en cuyo mandato se retiraron 570 de los 705 símbolos de la dictadura catalogados. Procedimientos administrativos largos o el coste son las razones que arguye el Gobierno para explicar el parón de cinco años, según la respuesta que ha dado al senador de EH Bildu, Jon Iñarritu.

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Este parlamentario, diputado en la anterior legislatura y ahora en la Cámara Alta, integrado en el grupo Mixto, preguntó al Gobierno su actuación para cumplir la Ley de Memoria Histórica respecto a la retirada de vestigios franquistas de ministerios y organismos públicos. En el año 2009 una comisión técnica elaboró un catálogo en el que se enumeraron 705 vestigios de la dictadura de Franco diseminados en la Administración del Estado, entre edificios ministeriales y de empresas y órganos públicos. Desde ese tiempo y hasta el final de la última legislatura del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2011 se retiraron 570, por lo que la nueva Administración del PP emanada de las elecciones de 2011 se encontró con el trabajo de retirar 135 de esos símbolos de la dictadura.

“¿Cuáles son los vestigios franquistas retirados de ministerios y organismos públicos desde el año 2012 por años?”, pregunta el senador Iñarritu. Cuáles quedan por retirar en este momento y cuál es el calendario de retirada previsto son las preguntas que completan la indagación sobre este asunto pendiente. Con fecha 27 de febrero el Gobierno responde al senador que los últimos vestigios retirados se produjeron en abril de 2011 y se trata de 570 de los 705 que deben ser eliminados. “El resto está en la actualidad en proceso de tramitación, bien porque requiere un procedimiento administrativo largo, bien por su coste”, se lee en la respuesta gubernamental.

Esa catalogación la elaboró una comisión técnica de expertos que valoró los vestigios susceptibles de ser retirados ya que otros se excluyeron por su significado histórico, su valor artístico-religioso o criterios técnicos. Esta comisión no examinó bienes de otras titularidades que no fueran estatales. “Es el titular del bien el que debe gestionar el proceso de retirada de los monumentos”, se recuerda en el escrito gubernamental para dejar claro que no todos los símbolos de la dictadura aún por retirar son de su incumbencia. SÍ es de su responsabilidad la retirada de los 135 pendientes desde hace cinco años.