El mapa de la muerte digna en España

La Asamblea de Madrid ha aprobado este jueves su ley de muerte digna. Es la novena comunidad autónoma con una legislación que recoge los derechos del paciente en el último tramo de su vida. La pionera fue Andalucía, en 2010, impulsada por el caso de Inmaculada Echevarría, una granadina que se pasó su vida en cama y en 2007 consiguió que la desconectaran de un ventilador mecánico al que estuvo enganchada sus últimos nueve años. Ninguna de las leyes contempla, sin embargo, la eutanasia o el suicidio asistido. Luis Montes, presidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, reivindica "una ley de muerte voluntaria que liberalice todo el periodo de la muerte".

La legislación nacional tiene dos vertientes con respecto al "proceso de morir", como lo llama el doctor Montes. Por un lado está el Código Penal, que tipifica como delito tanto la eutanasia como el suicidio asistido. Por otro, está la ley de la autonomía del paciente, de 2002, en el que se reconoce al enfermo derechos como negarse a recibir un tratamiento.

Las leyes autonómicas "particularizan esos derechos dentro de sus competencias y de acuerdo con el ordenamiento jurídico". No pueden por lo tanto contemplar que un paciente muera cuando así lo decida. Lo que sí han hecho algunos gobiernos autonómicos como Cataluña, País Vasco, Navarra, Asturias o Extremadura, es pedir al Parlamento que reconozca el derecho a decidir sobre la eutanasia.

Las normas de estas nueve comunidades -que según explica Montes a EL PAÍS, no se diferencian entre sí "ni un ápice"-, recogen la obligación del personal sanitario de informar correctamente al paciente sobre sus opciones y también sobre alternativas a los tratamientos prescritos. Al enfermo le reconoce el derecho a dejar un testamento vital en el que decida dónde quiere morir, si en el hospital o en su domicilio, quién quiere que le acompañe en esos últimos momentos y, si ocurre en el hospital, que se respete su intimidad en una habitación privada. También le garantiza el acceso a cuidados paliativos.

Las comunidades autónomas que no tienen ley de muerte digna sí cuentan con el derecho a esos testamentos vitales, que son en realidad, según Montes, el último derecho de la ley de autonomía del paciente. En esos escritos, una persona competente -con todas sus facultades mentales- puede por ejemplo dar permiso o no para recibir tratamiento cuando ya no sea competente y dejar ese deseo registrado.

En la práctica, ¿se diferencian tanto los derechos del paciente en torno a la muerte entre las comunidades con ley de muerte digna y sin ella? "¿Ha oído alguna vez de alguien que vaya a morir desde Badajoz a Córdoba?", responde el presidente de la Asociación Muerte Digna. La respuesta es "no", y él añade que "estas leyes no han mejorado la calidad de la muerte". "Solo una ley de muerte voluntaria lo conseguirá", dice este médico, que señala que solo la propuesta que hizo Unidos Podemos ante el Congreso en enero pasado y que pide su despenalización, nos acercaría a países como Bélgica o Países Bajos. "Las de PSOE y Ciudadanos no hablan de disponibilidad de la eutanasia", aclara.

Si acaso hay alguna diferencia, añade, es que las normas como la que estrena Madrid ofrece más garantías en cuanto a los cuidados paliativos, tanto para los pacientes como para el personal sanitario que los suministra. A partir de hoy ya no podrían producirse casos como el juicio que sufrió él mismo -archivado en 2007- por presuntas sedaciones indebidas a 15 pacientes en el Hospital de Leganés, donde era jefe de Urgencias.