Homs al Supremo: “Tomen la decisión que tomen, este año habrá referéndum”

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El portavoz del PDECat, Francesc Homs, lanzó este miércoles varias advertencias al Tribunal Supremo, que le ha juzgado por su papel en la consulta del 9-N: “Tomen la decisión que tomen, nada modificará mi conducta de promover el derecho a decidir”. Y fue más allá: “Se va a celebrar un referéndum. Y se va a hacer este año”. El juicio quedó ayer visto para sentencia. Una sentencia que marcará la relación de España y Cataluña, aseguró Homs como última advertencia.

Homs y el fiscal Jaime Moreno protagonizaron la última sesión del juicio al exconsejero de Presidencia de la Generalitat por la celebración de la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014 después de que el Constitucional ordenara suspenderla. El fiscal habló primero y ratificó su petición de condena al diputado catalán por un delito de desobediencia y otro de prevaricación, por los que pide nueve años de inhabilitación. “La democracia no es sino la sumisión de todos los poderes y especialmente de los poderes públicos, a la ley”, dijo el fiscal, que considera que la consulta fue “un pulso al Estado de derecho, un desafío a la legalidad” por parte del Gobierno catalán, “que decidió desoír el mandato del Constitucional”.

Homs tuvo una hora y media para preparar la respuesta al fiscal, lo que duró la última intervención de su abogada, que, con un alegato más político que jurídico, pidió la absolución del diputado catalán. Después, Homs hizo uso del derecho a la última palabra que le ofreció el tribunal y contestó a las acusaciones del ministerio público. “Si poner las urnas, si organizar un proceso participativo, es hacer un pulso al Estado, yo no quiero ser de ese Estado”, aseguró.

El acusado, que en la declaración del primer día de juicio se mostró algo apocado, optó ayer, como si ya se diera por condenado, por jugar la carta política y se plantó ante el Supremo con un desafío: “Tomen la decisión que tomen ustedes, sepan que para nada modificarán mi conducta desde el punto de vista de promover el derecho a decidir de Cataluña”, dijo. El exconsejero de Presidencia avisó además de que la Generalitat no se va a dar por aludida ante una sentencia condenatoria contra él o contra los tres cargos juzgados en Cataluña, entre ellos el expresidente Artur Mas: “Las autoridades catalanas van a convertir la decisión de promover el derecho a decidir en la celebración de un referéndum. Y se va a hacer este año”.

Antes de que Homs tomara la palabra, el fiscal expuso las conclusiones a las que ha llegado tras el juicio. Según el ministerio público hay argumentos para condenarle por los dos delitos de los que le acusa. Para el de prevaricación se exige que hubiera una resolución administrativa y que esta sea arbitraria. Y, según el ministerio público, puede haber hasta dos. La primera apunta a la posibilidad de una condena de prevaricación por omisión. “La inexistencia de una orden de desconvocatoria de la consulta equivale a una resolución ordenando seguir. Hubo eso, pero hubo más: porque para eso hubo un acuerdo entre todos ordenando no parar”, advirtió Moreno.

La segunda resolución administrativa que podría suponer prevaricación es la carta con la que el entonces consejero dio el visto bueno a una empresa subcontratada por la Generalitat para que siguiera adelante con los trabajos para celebrar la consulta después de que el Constitucional la hubiera vetado. Esa carta es “esencial” porque fue “impulsora del procedimiento”, aseguró el fiscal.

Desobediencia

También se da, según el ministerio público, el principal requisito para que haya una condena por desobediencia: que hubiera un mandato expreso de una autoridad (en este caso el alto tribunal). Uno de los argumentos de la defensa durante el juicio fue que el Constitucional solo envió por correo electrónico su providencia del 4 de noviembre, pero ni la notificó personalmente a la cúpula de la Generalitat ni respondió a la petición de aclaración presentada por estos. “El que desea desobedecer no pide aclaraciones. El que pide aclaraciones desea acatar”, alegó la abogada de Homs, Eva Labarta, antes de detenerse en uno de los aspectos que sin duda van a ser analizados por el tribunal: que el Constitucional omitió en su providencia la petición del abogado del Estado de que apercibiera de delito a los responsables de la Generalitat si no se acataba la suspensión. “Eso no es un olvido. El Constitucional no deseaba que esto acabase en un proceso penal”, aseguró la abogada.

El ministerio público, considera, sin embargo, que el e-mail enviado a la Generalitat cumple con el requisito de notificación exigido para que haya desobediencia y que, aunque efectivamente no se apercibió del delito, hay jurisprudencia que indica que no hace falta. “El derecho penal no puede pararse a las puertas de ninguna institución”, concluyó el fiscal.