Mas en el Supremo: “Nadie nos requirió nada tras la suspensión del Constitucional”

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El expresidente de la Generalitat, Artur Mas, ha defendido este martes en el Tribunal Supremo que, después de que el Constitucional suspendiera la consulta del 9-N, la Generalitat no recibió ningún requerimiento para que se impidiera el proceso participativo que el Gobierno de Cataluña había dejado en manos de voluntarios. “Desde el día que anuncié el proceso participativo, e 14 de octubre, hasta el 9-N e incluso hasta el 25 de noviembre, que se cerró el proceso, la única notificación que recibimos fue la providencia del Constitucional. Nadie más nos requirió nada ni actuó en nada. Ni fiscal, ni jueces de guardia, ni el Constitucional”. Nadie actuó, ni fiscales de guardia ni jueces de guardia. Nadie se acordó de que eso pudiera ser un gran delito, como parece ahora”, ha insistido Mas.

El expresidente catalán ha comparecido como testigo en la segunda jornada del juicio a Francesc Homs en el Tribunal Supremo por su papel en la consulta del 9 de noviembre de 2014. Mas, que ya ha sido juzgado en Cataluña por los mismos delitos de los que está acusado Homs (prevaricación y desobediencia) ha contestado a las preguntas de la abogada -el fiscal no le ha formulado ninguna porque está a la espera de sentencia- durante poco más de 25 minutos. Frente al resto de comparecencias, de altos cargos y empresarios implicados en la celebración del 9-N, que se han centrado en los aspectos más técnicos de los preparativos de aquella jornada, Mas ha aprovechado la oportunidad para exponer en Madrid, ante el alto tribunal español, su discurso político.

Más conciliador que beligerante, con tono pausado y extendiéndose en explicaciones ante los siete magistrados que juzgan a Homs, el expresidente catalán ha expuesto que convocó la consulta porque tenía “un mandato del Parlament: “Lo primero que hizo en Parlamento de Cataluña fue intentar entenderse con el Parlamento español. No se tomaron decisiones unilaterales, se intentó un pacto y fue desoído. Y a partir de ahí, se decidió intentar promover una consulta legal. Y eso fue objeto de varios mandatos del Parlament que yo debía cumplir como presidente de la Generalitat”, ha asegurado.

La abogada de Homs, Eva Labarta, le ha pedido que explique las diferencias entre la consulta inicialmente convocada por la Generalitat y el proceso participativo que la sustituyó. Según Mas, “solo había una similitud”. “Ni la consulta ni el proceso participativo que lo sustituyó tenían efectos legales vinculantes. Y así se dijo desde el primer momento. Estábamos apelando al ejercicio de derechos fundamentales: libertad de expresión, ideológica y de participación. Tenían evidentemente consecuencias políticas, pero no legales”, ha afirmado Mas. A partir de ahí, según el expresident, las dos consultas no tienen nada en común porque la primera estaba promovida y gestionada por la Generalitat y la segunda se dejó en manos de voluntarios.

Para intentar demostrar que el proceso participativo era solo eso, Mas, como ya hizo Homs durante su declaración, ha recordado que el Gobierno reaccionó con “mofa” al anuncio de la consulta alternativa. “La reacción fue reírse, menospreciarlo. Se habló de “una nueva ocurrencia de Mas”. No me podía imaginar con aquello que yo acabaría con una causa en contra en el Tribunal Superior de justicia de Cataluña o en el Supremo”, ha advertido Mas.

Pero Mas no solo ha abordado la dimensión política de la causa, sino que ha intentado demostrar que, en su opinión, no existió delito de desobediencia. “Desde el día que anuncié el proceso participativo, el 14 de octubre, hasta el 9-N e incluso hasta el 25 de noviembre, la única notificación que recibimos fue la providencia del Constitucional. Nadie más nos requirió nada ni actuó en nada. Ni fiscal, ni jueces de guardia, ni el Constitucional. Nadie se acordó de que eso pudiera ser un gran delito, como parece ahora”, ha insistido Mas.

Pese a que la Abogacía del Estado lo solicitó, el Constitucional no emitió una “notificación expresa” ni una “advertencia”, ha recordado. “Era un defecto de forma muy importante y, a criterio de muchos juristas, determinante para un posible delito”. Mas también ha aludido al informe de la junta de fiscales catalanes que, pocos días después de la sentencia, no vio indicios de delito en la actuación de la Generalitat.

La Fiscalía General del Estado, sin embargo, obligó más tarde a interponer la querella contra Mas, Ortega y Rigau. La implicación de Homs surgió cuando, en plena investigación, apareció una carta firmada por el hoy diputado en la que, tras el veto del Constitucional, daba instrucciones a una empresa para seguir adelante con sus trabajos.

El segundo día del juicio a Francesc Homs en el Tribunal Supremo ha empezado este martes con la declaración de ocho testigos, todos ellos responsables de los departamentos de la Generalitat implicados en la puesta en marcha de la consulta del 9-N o de las empresas a la que el Govern encargó los trabajos para que la jornada de votación pudiera celebrarse. Los ocho han coincidido en que nadie les ordenó que pararan esos trabajos tras la providencia del Tribunal Constitucional que vetó la consulta, por lo que las tareas se desarrollaron con normalidad después del 4 de noviembre, fecha de la resolución del tribunal.

Los primeros en declarar han sido los responsables de la instalación del pabellón de prensa. Fátima Soro, directora de la asesoría jurídica de la Fira de Barcelona, a la que la empresa Focus subcontrató para que que habilitara el pabellón, ha explicado que las tareas de montaje se realizaron entre el 3 y el 7 de noviembre y que nadie le dijo que suspendiera los trabajos tras el día 4. El fiscal le ha preguntado si no le extrañó: “Sabíamos que había un auto, pero no encontramos que nos afectara”, respondió Soro.

En la misma idea ha insistido el fiscal con Carles Fabró, director jefe del gabinete de relaciones externas y protocolo, dependiente del Departamento de la Presidencia que dirigía Homs. Fabró ha asegurado que “en ningún momento” recibió la orden de dar marcha atrás después de la providencia del Constitucional. Los contratos que firmó eran para instalar el pabellón de prensa para la jornada de la consulta, a la que se habían acreditado 800 periodistas. El cargo público ha sostenido que, tras la anulación del Constitucional, no bajó el interés informativo. “En ningún momento me planteé pararlo. [...] Pensé que, pasara lo que pasara, esto se iba a celebrar igual. No tuve ninguna duda”, ha dicho.

Mónica Osácar, responsable de publicidad institucional de la Generalitat e hija de Daniel Osácar, tesorero de Convergència, fue la encargada de contratar las inserciones en los medios de comunicación para informar de la consulta. “No lo decidí yo. Se me notificó, supongo que mi director general”, ha afirmado y ha explicado que se contrató por la vía de urgencia el 24 de octubre con un presupuesto de 813.000 euros. “¿Se realizó publicidad tras el día 4?”, ha preguntado el fiscal. “Pues sí”, ha admitido Osácar, que ha explicado que la campaña se hizo hasta el final.

Ignasi Genovès era director general de Atención Ciudadana y Difusión de la Generalitat y encargó la campaña de publicidad institucional a Media Planning. “¿Entendió que la providencia del Constitucional podía afectar a este encargo?”, le ha preguntado el fiscal. “Tuve conocimiento y no recibí ningún encargo relativo a la campaña de publicidad. Me consta que el Gobierno estaba esperando respuesta a una petición de aclaración”. Genovès ha alegado que estaba “dentro de una estructura jerárquica del departamento” y que “no había motivo para parar la campaña” si sus superiores no se lo indicaban. “¿Pero a usted no le extrañó?”, ha insistido el fiscal. “No; de hecho, la consulta se produjo el día 9 con toda normalidad”.

La directora de Media Planning en Barcelona, Marta Coll, ha ratificado el encargo y ha admitido que los trabajos se encargaron “por la vía de urgencia” y que se ejecutaron “entre el 25 de octubre y el 8 de noviembre”, o sea hasta apenas un día antes de la jornada de participación. En la misma línea, Coll ha defendido que no se detuvieran los trabajos porque el cliente (o sea la Generalitat) no lo pidió. Los encargos, ha subrayado, no se paralizan “salvo que el cliente lo pida o tengamos una resolución judicial”.

En la sesión de hoy también ha salido a relucir un convenio firmado entre el Gobierno catalán y el Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat) que permitió al Ejecutivo de Artur Mas disponer de los datos del padrón (nombres y direcciones) de los catalanes a partir de los 16 años. Jordi Vilajoana, ex secretario general de Presidencia y mano derecha de Francesc Homs, ha explicado que esos datos sirvieron para “enviar una carta” firmada por Mas a los catalanes. “Entendíamos que había que explicarle el proceso de participación a los ciudadanos”.

Vilajoana —que ha expresado su “afecto” hacia Homs a preguntas del presidente del tribunal— ha defendido la “legalidad” del convenio y la cesión de datos a Unipost, la empresa que envió las cartas. El excargo público ha mantenido una discusión con el fiscal a propósito de las fechas de envío, es decir, si fueron anteriores o posteriores al 4 de noviembre, día en el que el Constitucional prohibió la consulta.

El entonces director del Idesdcat, Frederic Udina, ha agregado que se trataba de una base de datos “temporal”. Como el resto de testigos, Udina ha admitido que, tras el veto del Constitucional, no llegó ninguna orden de destruir la base de datos. Aunque ha agregado que, tras la consulta, Presidencia le informó de que se había destruido.