Los relevos en la fiscalía avivan las denuncias de presiones políticas en casos de corrupción
La carrera fiscal se despertó ayer convulsionada por los cambios anunciados por Maza el miércoles por la noche
La decisión del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, de relevar a varios cargos de la cúpula fiscal sacó ayer a la luz acusaciones contra los máximos responsables de la fiscalía que van más allá de las sutiles injerencias que hasta ahora habían denunciado algunas asociaciones profesionales. El fiscal superior de Murcia, Manuel López Bernal, al que Maza ha propuesto sustituir tras impulsar la investigación contra el presidente de esta comunidad, aseguró haber sufrido presiones —“en alguna ocasión” de partidos políticos— e intentos de intimidación.
La carrera fiscal se despertó ayer convulsionada por los cambios anunciados por Maza el miércoles por la noche tras una reunión del Consejo Fiscal, el principal órgano asesor del fiscal jefe. Aún no había dado tiempo de digerir los relevos cuando uno de los que serán sustituidos, el fiscal superior de Murcia, corroboró los intentos de injerencia política que desde hace tiempo se denuncian, y fue más allá. En una entrevista en la cadena SER, López Bernal denunció las “intimidaciones” y la “desprotección” que sufren quienes se dedican a combatir casos de corrupción. Más tarde, en conversación con EL PAÍS, aseguró haber recibido “en alguna ocasión” presiones de “partidos políticos” —aunque “no del presidente de Murcia”, señaló—.
“Hay dos tipos de intimidación”, relató López Bernal. “Una es la intimidación física, que yo no la he sufrido, aunque sí la ha sufrido un compañero, en cuya vivienda han entrado en un par de ocasiones, dejando la tarjeta de visita”, explicó sobre los dos asaltos a la casa de Juan Pablo Lozano, fiscal anticorrupción de Murcia. “El resto es organizando campañas de desprestigio”, prosiguió, enumerando varias querellas a las que ha tenido que enfrentarse él mismo.
En marzo de 2016 una asociación llamada Justicia y Libertad interpuso dos: la primera, acusando al fiscal de tráfico de influencias por un contrato adjudicado a su hija en 2012; la segunda, por un supuesto delito urbanístico por su vivienda familiar en Murcia, construida tres décadas atrás. Ambas fueron archivadas.
Tras escuchar la denuncia pública del fiscal de Murcia, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, le contestó también en público. “Si ha tenido problemas para el ejercicio de sus responsabilidades, lo podrá poner en conocimiento de la Fiscalía General para ser tutelado en sus derechos”, afirmó.
Aunque nadie habló tan claro como López Bernal, otros fiscales consultados le dan la razón. “Hay presiones de distinto grado en muchos sitios. La de Murcia es en un grado elevado, pero no el mayor”, señala un fiscal, que alude a Baleares como uno de los territorios donde los fiscales anticorrupción sufren “situaciones complicadas”.
La Unión Progresista de Fiscales (UPF) emitió un comunicado en el que no habla de injerencias pero sí de que los cambios en la cúpula fiscal solo pueden explicarse “desde un interés eminentemente político e ideológico”.
“Se da un mensaje”
“El mensaje que se da es que se cambia a quien persigue la corrupción”, dijo su presidente, Álvaro García. Los tres fiscales miembros de esta asociación que aspiraban a la renovación fueron sustituidos tras la reunión del Consejo Fiscal: López Bernal; Javier Zaragoza, al frente de la Audiencia Nacional, y Juan Ramón Calparsoro en el País Vasco.
El Consejo Fiscal está compuesto por nueve miembros electos (actualmente seis pertenecen a la conservadora Asociación de Fiscales y tres a la UPF) y tres natos: el fiscal general; el teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas; y el fiscal inspector jefe, Fausto José Cartagena. Dos de los tres natos, Navajas y Cartagena, votaron a favor de renovar a Zaragoza, López Bernal y Calparsoro. Pero los seis miembros de la Asociación de Fiscales se mostraron a favor de relevarlos. La votación del Consejo Fiscal no es vinculante: la última palabra la tiene el fiscal general, que es de quien depende la propuesta de nombramientos que se envía al Gobierno. Pero la posición de los seis miembros de la Asociación de Fiscales facilitó el objetivo de Maza.
Según las fuentes consultadas, frente a los méritos y la experiencia de los sustituidos que alegaron los partidarios de la reelección, la decisión de relevarlos se justificó en la conveniencia de insuflar aire fresco a esas fiscalías. También fue este el argumento para designar a Manuel Moix al frente de Anticorrupción, un puesto vacante desde la jubilación de Antonio Salinas. Había siete candidatos a sustituirle y Maza optó por el único que no pertenecía a esta fiscalía especial. El Gobierno quería desde hace tiempo un cambio profundo en Anticorrupción, que ha propiciado la mayoría de las operaciones que han afectado a cargos del PP en los últimos años.
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