El fiscal sustituido en Murcia denuncia intentos de intimidación y presiones políticas

Manuel López Bernal, fiscal superior de Murcia cuyo relevo propondrá la Fiscalía General del Estado justo en el punto álgido de la investigación del caso Auditorio, ha denunciado este jueves en la Cadena SER las “intimidaciones” y la “desprotección” que sufren quienes se dedican a combatir casos de corrupción. “A nadie le gusta que le metan querellas absurdas que no tienen otra finalidad que amedrentar a la gente”, ha subrayado en conversación con EL PAÍS, reflexionando sobre las trabas que se ponen para hacer poco atractiva la incorporación de nuevos fiscales a su trabajo. "Si ha tenido problemas para el ejercicio de sus responsabilidades lo podrá poner en conocimiento de la Fiscalía General o lo debería quizá haber puesto para ser tutelado en sus derechos", le ha contestado Rafael Catalá, el ministro de Justicia.

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"Hay dos tipos de intimidación", ha dicho López Bernal en una conversación telefónica. "Una es la intimidación física, que yo no la he sufrido, aunque sí la ha sufrido un compañero, en cuya vivienda han entrado en un par de ocasiones, dejando la tarjeta de visita", ha explicado sobre los dos asaltos que ha sufrido la casa de Juan Pablo Lozano, el fiscal anticorrupción de Murcia. "El resto, es organizando campañas de desprestigio", ha añadido, enumerando una querella presentada (y desestimada) contra él por tráfico de influencias después de que su hija ganara un concurso público; o a los intentos de vincular al despacho de su mujer con la denuncia por la que se investiga a Pedro Antonio Sánchez, presidente de Murcia, por cuatro presuntos delitos.

Bernal ha jugado un papel clave en el desarrollo del caso Auditorio. El fiscal superior de Murcia reconoce haber recibido presiones de partidos políticos en el desempeño de su cargo (“En alguna ocasión, no del presidente”); defiende la capacidad de su sustituto, José Luis Díaz Manzaneda (“Conoce perfectamente el asunto”); e insiste en que lo importante es que se afronten cambios legales para evitar los intentos de coacción.

“A los compañeros que estamos trabajando en estas cosas no nos van a intimidar con eso aunque lo pretendan”, ha asegurado López Bernal. “Lo que sí es cierto es que cuando ven estas cosas el resto de compañeros se lo piensan muy mucho antes de querer entrar en estas lides y ocupar estos cargos”, ha continuado. “Tienen sus familias y no se les pueden pedir heroicidades. No es que nosotros hayamos hecho ninguna heroicidad, pero si tú tienes dos puestos de trabajo [a elegir], te dan un sueldo exactamente igual por uno que por otro, y en uno sabes que lo vas a pasar muy mal y que en el otro no vas a tener ningún problema… pues eligen este segundo”. Y ha subrayado: “No pasa nada porque yo no esté. He sido una pieza más en todo esto. Si denuncio estas cosas no es por mí, sino por mis compañeros. Algo habría que regular para evitar estas cosas. A nadie le gusta que le metan querellas absurdas que no tienen otra finalidad que amedrentar a la gente”.

Contestación de Catalá

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha respondido este jueves al fiscal que si sufrió intimidaciones y desprotección en el ejercicio de su trabajo contra los casos de corrupción que investigaba debería haberlo puesto en conocimiento de la Fiscalía General del Estado para que velara por la protección de sus derechos. "Si ha tenido problemas para el ejercicio de sus responsabilidades lo podrá poner en conocimiento de la Fiscalía General o lo debería quizá haber puesto para ser tutelado en sus derechos", ha indicado.

Durante su periodo al frente de la Fiscalía, López Bernal ha tenido que enfrentarse a varias querellas contra su persona. En marzo de 2016 la asociación Justicia y Libertad interpuso dos, la primera acusándole de tráfico de influencias por un contrato adjudicado a su hija en 2012, y la segunda por un supuesto delito urbanístico por su vivienda familiar en Murcia, construida tres décadas atrás. En ambos casos, fueron archivadas.

López Bernal accedió a la Fiscalía superior de Murcia en 2006, durante el mandato como presidente del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, y fue renovado en el cargo cinco años después, ya bajo el Gobierno del PP de Mariano Rajoy. En estos diez años ha librado una intensa batalla judicial contra los casos de corrupción, y lo ha hecho de la mano del que ahora será su sustituto, José Luis Díaz Manzanera, una persona de su total confianza según él mismo ha reconocido.

De hecho, Manzanera fue el fiscal que redactó la querella que ha conducido al presidente murciano a tener que declarar ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, y en los últimos años ha coordinado las investigaciones de procedimientos judiciales vinculados a la corrupción como los casos Totem, Ninette, Camelot y Pagamenta, entre otros.

Acutalmente su labor estaba centrada en la investigación relacionada con las posibles irregularidades en la desalinizadora de Escombreras y con la contaminación en el Mar Menor, así como en la trama que permitió aprobar numerosos planes parciales en toda la región sin los informes obligatorios de recursos hídricos de la Confederación Hidrográfica del Segura.