Anticorrupción le sale caro a Maza

Para el gran público, el Consejo Fiscal es un arcano más, por lo desconocido, del mundo judicial. Se trata del órgano que asiste al Fiscal General del Estado. Lo integran, incluyendo al fiscal general, 12 miembros. Dos son llamados natos o “institucionales” —el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, y el fiscal de sala inspector, Fausto Cartagena— y los otros 10, a excepción del fiscal general, representan a dos asociaciones. Una es la conservadora Asociación de Fiscales (AF) —seis miembros— y la otra es la Unión Progresista de Fiscales (UPF), que cuenta con tres miembros.

José Manuel Maza llegó a la Fiscalía General del Estado con un gran objetivo: asegurar el control de la Fiscalía Anticorrupción. La jubilación de Antonio Salinas después de ejercer 13 años en dicha “fiscalía especial” colocó, en diciembre pasado, el balón en el punto de penalti. El Gobierno prometió a Consuelo Madrigal —a través del ministro de Justicia, Rafael Catalá— un mandato completo tras cumplir menos de dos años en el cargo desde la salida precipitada de Eduardo Torres-Dulce. Madrigal pensaba nombrar a Alejandro Luzón para ocupar la vacante de Salinas y, en principio, renovar a Javier Zaragoza como fiscal jefe de la Audiencia Nacional, la otra plaza codiciada por el Gobierno.

Pero días después de hacer la promesa, Mariano Rajoy optó por el cambio: “nuestro hombre”, el mirlo blanco sería Maza. Una de las razones es que el Gobierno —con la asesoría en la sombra de Manuel Marchena,presidente de la Sala Segunda del Supremo— quería una amplia “renovación” en las principales fiscalías. Y la fiscal Madrigal fue considerada “corporativa”.

Maza asumió el plan, sobre todo, de controlar la Fiscalía Anticorrupción. Seis fiscales de la misma se presentaron al concurso, cuyo resultado no es vinculante. A ellos se unió uno de fuera. Maza hizo saber más o menos directamente a Manuel Moix, fiscal de la sala de lo contencioso-administrativo que debía presentarse. Y Moix, que supo de la intención de Maza de chutar el penalti en la portería de Anticorrupción, lo hizo. Moix —con su trayectoria desde la secretaría técnica de Jesús Cardenal, pasando por Madrid— es una garantía para el PP.

En la mayoría de los otros cambios, la AF ha ganado por goleada. La Audiencia Nacional, por ejemplo. Maza quería al fiscal Luis Rueda, actualmente en el Tribunal de Cuentas, pero debió abandonar. La AF apoyó a Jesús Alonso, uno de los pocos sobrevivientes de la época del fiscal jefe Eduardo Fungairiño, y ganó derrotando a los “institucionales” y a la UPF quienes votaron por Zaragoza.

En todo este paisaje sobresale una excepción a la purga. El fiscal jefe de Murcia Manuel López Bernal ha sido relevado pero Maza no tenía un candidato realmente presentable. Y ha optado por José Luis Díaz Manzanera, apoyado por la AF. Pero he aquí que es él quien desde la Fiscalía de Urbanismo y Medio Ambiente de Murcia urgió en diciembre a la juez de Lorca Consuelo Andreo con un escrito devastador a que elevara la exposición razonada al Tribunal Superior de Murcia para investigar a Pedro Antonio Sánchez por presuntos delitos de prevaricación, malversación, fraude, falsedad documental y administración desleal. López Bernal remató la faena.