El PP sondea con Ciudadanos una tregua política en Murcia

El PP negocia con Ciudadanos una tregua política sobre la dimisión del presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, al menos hasta que se resuelva judicialmente su declaración como imputado en el caso Auditorio el próximo 6 de marzo. Ciudadanos exige su retirada ya y su relevo por otro candidato del PP o amenaza con una moción de censura compleja de consensuar allí ahora con el PSOE. Los negociadores del PP han pedido a Ciudadanos que aguante hasta conocer la decisión del juez y del Tribunal Superior de Justicia de Murcia. La oposición ha relacionado esa crisis política con el conflicto judicial y fiscal desatado en Murcia y ha pedido la comparecencia ya en el Congreso del ministro de Justicia, del de Interior y del Fiscal General.

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El caso Pedro Antonio Sánchez se complica políticamente por días. Su situación ya era delicada tras ser imputado por cuatro delitos por el llamado caso Auditorio y se agravó al enlazarse con una ramificación del caso Púnica sobre una campaña frustrada para mejorar su imagen en las redes sociales.

Ciudadanos, además, alcanzó en su día un pacto de gobierno en Murcia para facilitar la presidencia autonómica a Sánchez y ahora demanda su marcha inmediata. Ayer lo reiteró su líder, Albert Rivera, que aplazó en público una decisión hasta la semana que viene cuando está prevista una reunión de coordinación con el PP.

El PP está sondeando al máximo nivel en sus estructuras nacionales con Ciudadanos, y en sus direcciones regionales, una tregua hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Murcia le tome declaración como imputado el 6 de marzo. En público, Ciudadanos asegura que Sánchez debe dimitir ya, entre otras razones por el pacto murciano y porque dio su palabra, pero en privado se decanta por dar algo de tiempo al PP.

Los populares interpretan que no deben ligarse las consecuencias del pacto suscrito en Murcia con el nacional aunque Ciudadanos defiende que ambos contemplan la marcha inmediata de los cargos que fuesen imputados. El debate se ha ensuciado con discusiones sobre si el pacto se refería a los afectados por casos de corrupción, a los investigados, imputados, encausados o a los señalados con la apertura del juicio oral.

La oposición, además, ha relacionado esa polémica política con el conflicto judicial y fiscal provocado en Murcia. Los partidos de la oposición reaccionaron ayer a los siete cambios de fiscales decididos por el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, y en especial a la sustitución precisamente del fiscal de Murcia, pidiendo la comparecencia en el Congreso de varios responsables del Gobierno. El PSOE solicitó que den explicaciones en la cámara Baja los ministros de Justicia, Rafael Catalá, y de Interior, Juan Ignacio Zoido; el propio Maza, que ya tenía cita el 1 de marzo en la comisión de Justicia para aclarar la actuación de la fiscalía en la rama murciana del caso Púnica; y el hasta ahora fiscal superior de Murcia, Manuel López Bernal, que ayer denunció intentos de coacción y presiones.

“Hay una purga masiva”, aseguró Antonio Hernando, portavoz del PSOE, que anunció que su partido exigirá la dimisión de Maza “si no justifica suficientemente bien” los relevos. Podemos solicitó las comparecencias de Catalá, Zoido, Maza y López Bernal. “Las injerencias en la Fiscalía dejan en nada los criterios de objetividad e independencia en defensa del interés público que tienen que guiar la tarea del Ministerio Público”, opinó Jaume Moya, su portavoz de Justicia. Ciudadanos circunscribió su petición a que acuda Catalá y se investigue lo que está pasando en la Fiscalía. José Manuel Villegas, secretario general, calificó de “gravísimo” las denunciadas presiones a fiscales.