Catalá rechaza que el presidente de Murcia tenga que dimitir

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha rechazado este martes que el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, imputado en una causa de corrupción —el caso Auditorio de Puerto Lumbreras— deba presentar la dimisión, pese a haber sido citado como investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia para el próximo 6 de marzo. “Todos somos iguales ante la ley y estamos obligados a rendir cuentas de nuestra actuación, pero de ahí a derivar una responsabilidad política en un trámite [la declaración como imputado] en el que no hay conclusiones de atribución de responsabilidad… En mi opinión, la comparecencia como investigado no es el momento para exigir responsabilidades políticas”, ha afirmado el ministro.

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Fue el propio Sánchez quien, al ocupar el cargo de presidente de la Región, se comprometió a dimitir si era imputado por delitos de corrupción, algo que le reclama ahora Ciudadanos, quien le apoyó en la investidura. Catalá, en un desayuno organizado por Europa Press, ha recordado que “tenemos suficientes antecedentes, incluso recientes” [como el caso de la fallecida alcaldesa de Valencia, Rita Barberá] para “aprender a tener la prudencia de tener conclusiones firmes para exigir responsabilidades”.

Pedro Antonio Sánchez también está pendiente de que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, instructor del caso Púnica, remita, o no, al Tribunal Superior de Justicia de Murcia la causa sobre la contratación de las empresas del conseguidor Alejandro de Pedro para mejorar, con dinero público, la imagen política del presidente murciano. Catalá ha manifestado que espera que la situación procesal de Sánchez no “enturbie” el pacto con Ciudadanos en la Región. “Somos gente seria y responsable”, ha dicho.

El ministro se ha referido también a la situación en Cataluña. Catalá ha afirmado que la propuesta del expresidente de la Generalitat Artur Mas, planteada en una conferencia en la universidad, de buscar con el Estado una alternativa a la independencia, es “atractiva” y “muy bienvenida”, pero aún es “evanescente”. “Estaremos encantados de trabajar en esa línea desde la Constitución y la aplicación de las normas de convivencia”, ha señalado.

El ministro ha sugerido que no hay conversaciones secretas con la Generalitat para reconducir la situación catalana. “Si nadie tiene ni idea ni las ha constatado, a ver si es que no existen”, ha ironizado. Catalá ha reiterado la voluntad de “ir resolviendo y desbloqueando” los 45 asuntos de la agenda fijada por el Gobierno para Cataluña, que contiene puntos sobre financiación e infraestructuras, pero que rechaza de plano la celebración de un referéndum de autodeterminación.

En otro asunto de actualidad, la sentencia del caso Nóos y la posibilidad de que la Fiscalía pida prisión para Iñaki Urdangarin el próximo jueves, el titular de Justicia ha recordado que privar de libertad a una persona cuando no ha finalizado una causa es extraordinario y por tanto debe estar "muy justificada".

Sobre la renovación de la presidencia del Tribunal Constitucional, Catalá ha descartado que el pasado político de Andrés Ollero —que fue diputado del PP durante 17 años— le inhabilite para presidir la institución. En opinión del ministro el hecho de que haya sido diputado no supone una "tacha" o "desdoro" sino que demuestra un compromiso con las instituciones que hay que "reconocer".

El ministro, en su discurso inicial ha repasado las grandes líneas de la política de justicia para la presente legislatura. Uno de los puntos fundamentales va a ser la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para dar a los fiscales la instrucción de las causas. El ministro ha afirmado que esta posibilidad requeriría reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para “blindar” la independencia y la autonomía de la acusación pública. No obstante, ha defendido la permanencia del principio de dependencia jerárquica de los fiscales para “que en todas partes se interprete la norma de la misma manera”.

Catalá también ha abogado por limitar el ámbito de actuación de las acusaciones populares, tanto desde el punto de vista “subjetivo” —quiénes estarán legitimadas para acusar— y “objetivo”, en qué tipos de delitos se podrá actuar.