El presidente de Murcia declarará como imputado el próximo 6 de marzo

El presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, comparecerá en calidad de investigado el próximo 6 de marzo ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia en relación con su posible participación en el caso Auditorio, que investiga supuestas irregularidades en el proceso de adjudicación, construcción y recepción de un auditorio en Puerto Lumbreras durante su época de alcalde de ese municipio.

Pedro Antonio Sánchez ha subrayado que aportará documentos y pedirá nuevas diligencias para aclarar este caso, que ha definido como una mera “cuestión administrativa” sobre si la subvención con la que se construyó ese edificio se empleó correctamente.

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No obstante, la jueza Consuelo Andreo, que remitió esta investigación al TSJ, ya que Sánchez es aforado, encontró en su actuación indicios de delitos de malversación, fraude y falsedad documental en un auto en el que apuntaba a diversas irregularidades en todo el proceso de construcción del auditorio entre los años 2006 y 2011.

Pedro Antonio Sánchez ha insistido en que esta denuncia partió del PSOE local y él mismo ha pedido en varias ocasiones comparecer ante la Fiscalía para explicar los hechos, algo que hasta ahora se le ha negado, por lo que acudirá al TSJ como investigado (la anterior figura del imputado) “afortunadamente” a “declarar para aclarar”.

“Cuanto antes se aclare todo mejor”, ha subrayado, y ha insistido en que mientras que “hay gente a los que no les interesa que se sepa la verdad”, a él le interesa que “se sepa cuanto antes” y ha reitrado que lo que se investiga en este caso es “una cuestión absolutamente administrativa” sobre el “expediente de una subvención”.

Se trata de la subvención de 6 millones de euros que en 2006 la comunidad autónoma concedió para construir el auditorio y sobre la que la jueza advirtió en su auto que no hubo control o justificación alguna, ni se acreditó que los fondos recibidos fueran empleados en su totalidad en el proyecto.

Sánchez ha asegurado que será fácil demostrar que “toda la subvención, toda, toda, está invertida en esa obra”, aunque no se ha referido al resto de delitos de los que le acusaba la magistrada, que apunta en su auto a que todo el proceso de construcción del auditorio estuvo plagado de posibles irregularidades desde la redacción de su anteproyecto a cargo del arquitecto Martín Lejárraga, también investigado en este caso, porque se hizo sin concurso de ideas previas o proceso de licitación y contratación.

Otro hecho que la jueza considera posiblemente irregular es que se aprovechó la necesidad de hacer un replanteamiento de la obra para tratar de justificar un “desajuste” de 1,8 millones de euros “cobrados indebidamente”, según el auto. Se trata de una cantidad que los promotores de la obra habrían cobrado por duplicado, ya que el presupuesto de cerca de 6 millones de euros incluía todos los gastos.

Aunque la obra quedó paralizada en junio de 2010, se autorizó la devolución de los avales depositados y en septiembre de ese mismo año se modificó el proyecto inicial para eliminar algunas de las zonas previstas, pero se mantuvo el mismo presupuesto. En la jueza considera que la obra quedaba “incompleta por valor de 2,2 millones de euros”.

Aún así, el edificio se recepcionó formalmente un año después, y Sánchez, entonces alcalde de la localidad, las dio por finalizadas y en buen estado a pesar de que, según indica el auto, faltaba por ejecutar un 38 por ciento de la obra.

La situación política del presidente se complica ahora, ya que gobierna la comunidad autónoma en minoría en virtud de un pacto con Ciudadanos que tiene como primer punto la dimisión de cualquier cargo del partido que esté imputado por causas de corrupción política.

Además, el pasado 13 de febrero el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, decidió abrir una pieza separada en la operación Púnica en la que señalaba que ve indicios de hasta cinco delitos en la actuación de Sánchez durante su etapa como consejero de Educación de Murcia.