El desafío autonómico

La descentralización política y financiera en España ha sido un proceso que ha ido sorprendentemente bien, teniendo en cuenta la indefinición constitucional, la rapidez e intensidad con la que se ha producido y el escaso bagaje histórico con el que contábamos. Una vez más, se demuestra que los españoles somos unos magníficos improvisadores. Pero la improvisación tiene su precio. Se lleva mal con la planificación y la anticipación de resultados; con la estrategia. Y este es el origen principal de nuestros males.

En primer lugar, nos hemos olvidado de dotarnos de un marco institucional apropiado. No existen foros de discusión ni organismos técnicos que precisamos. Todo lo dejamos al oficioso Consejo de Política Fiscal y a la titubeante Conferencia de Presidentes. Cuando un conflicto no se canaliza donde y como se debe, acaba siendo más difícil de resolver. Y cuando no se diseñan espacios para organizar la cooperación, perdemos sinergias y posibilidades.

En segundo lugar, nuestra cultura federal esta infradesarrollada. Nos cuesta entender la diversidad interterritorial que inevitablemente genera la descentralización; o lo importante que es la lealtad institucional y el respeto a los acuerdos intergubernamentales.

En tercer lugar, hemos aceptado asimetrías sin parangón en el panorama internacional (el sistema foral) pero, en cambio, nos resistimos a aceptar que otras asimetrías, comparativamente de menor enjundia, son necesarias si queremos acomodar diferencias en las preferencias sobre el grado de descentralización.

Y lo anterior se precipita en la actual discusión sobre financiación autonómica. Todo sería más fácil y pacífico si tuviésemos un Senado en el que discutir sobre financiación y organismos técnicos independientes que iluminaran a unos y otros sobre los costes de provisión de servicios; si discutiésemos mucho más sobre la solidez y estética de la arquitectura del sistema y bastante menos sobre los euros que cada uno arranca en cada negociación; o si el sistema foral no proporcionase una cantidad de recursos muy superior al régimen común. Sea como fuere, los dos aspectos centrales en el debate, porque las posiciones son más dispares, serán el de la suficiencia global y el de la nivelación.

Sobre lo primero, el Gobierno central deberá encajar las demandas autonómicas de más recursos (sean transferencias o tributos) con la obligada reducción del déficit. Una reforma fiscal en serio y que aporte más recursos podría ser la solución.

En cambio, el debate sobre la nivelación va a lidiarse, sobre todo, entre los Gobiernos autónomos. En este frente hay una serie de cuestiones clave y de naturaleza política, porque tienen que ver con la concreción de la idea de equidad. Sin duda, ayudaría mucho que los partidos se pusiesen de acuerdo internamente y entre ellos.

Santiago Lago Peñas. Es director de GEN (Universidad de Vigo) y uno de los expertos que diseñarán la reforma.