La soledad de las víctimas

La condena a 6 años y 9 meses de prisión a un profesor catedrático de la Universidad de Sevilla por tres delitos continuados de abusos sexuales y uno de lesiones permite plantear una serie de reflexiones. La primera es que el acoso sexual es una realidad en las universidades españolas. Hoy en día nadie puede negar esta realidad salvo que quiera mentir.

La segunda reflexión es: si el acoso y el abuso sexual son una realidad, ¿qué factores contribuyen a que los acosadores violenten a sus víctimas? Será mediante la transformación de estos factores propiciatorios que se pueda prevenir y dar una respuesta adecuada a los casos de acoso sexual. El análisis del caso de la Universidad de Sevilla permite poner sobre la mesa los elementos centrales para responder esta pregunta. Se puede decir que es un caso paradigmático en cuanto a ver qué tipo de contexto tolera y favorece el abuso sexual. Lo novedoso de este caso ha sido la condena del responsable de acoso. En otros casos similares al de Sevilla, o no ha habido respuesta institucional o la responsabilidad penal ha prescrito por falta de actuación o por falta de denuncia, de forma que el victimario no ha respondido por sus actos.

Veamos algunos de estos factores de los que hablo.

En la Universidad, como en otras instituciones, el acoso se produce en muchas ocasiones en un ambiente de tolerancia hacia al acosador. Incluso de apoyo. En el caso de Sevilla, distintas profesoras y profesores, también personal de administración, apoyaban al catedrático ahora condenado. ¿Por qué le daban apoyo?

Al igual que ocurre en el caso de Sevilla, casi siempre se trata de un acosador que tiene poder académico, que ejerce poder torticeramente, que se siente arropado por las estructuras de poder institucional, que ‘tiene amigos’ en el Rectorado, que negarle algo puede resultar un problema. Esto quiere decir que la vida profesional y académica de las personas acosadas está bajo el poder abusador de quien está ejerciendo violencia sobre ellos.

Se produce pues una tolerancia interesada hacia el acosador, y esto lo sabe y aprovecha. El acosador se siente seguro. Para las víctimas, esta situación constituye un desamparo. Esto hace que sea muy difícil denunciar. Las víctimas prefieren en muchas ocasiones marcharse de la Universidad, renunciar a una beca o a un contrato, apartarse… por entender que si no lo hacen se enfrentan a un sistema de poder que no les protege.

El caso de Sevilla evidencia esta realidad. Durante tiempo las víctimas fueron tratadas como precio a pagar para contentar al mandarín de turno. Este ejercicio de poder sobre las víctimas también se extiende sobre las personas que dan apoyo a las víctimas. En la Universidad, solidarizarte con la víctima, especialmente si el acosador es una persona que detenta poder institucional, puede acarrear consecuencias negativas. Es lo que se ha comenzado a llamar, acoso sexual de segundo orden. Esta realidad hace que muchas personas ‘no quieran meterse en líos’.

Lo llamativo de esta situación es que los empleados públicos tienen la obligación de proteger, de ayudar, de evitar situaciones como las que se describen. Es inaceptable en términos legales, y morales, la omisión del deber de ayuda, del deber de denuncia. Y sin embargo se dan estas situaciones porque, en parte, las relaciones de poder en la Universidad se siguen ejerciendo de forma arbitraria, de forma injusta.

Las personas que denuncian, y quienes les dan apoyo, pagan un precio, se enfrentan en muchas ocasiones a un auténtico calvario. En ocasiones el precio a pagar es muy elevado. Esto mismo ha sido ya documentado en los casos de denuncias por corrupción. Quienes denunciaron casos de corrupción explican que en muchas ocasiones fueron perseguidos, perdieron su trabajo, tuvieron que cambiar de ciudad… ¿Cómo es posible si tenían razón e intentaban que se cumpliera la ley? Pues es posible porque se enfrentaban a entramos de poder organizado. Era posible porque había quien tenía interés en mantener y proteger las relaciones de corrupción. Ante esta realidad, la Plataforma por la honestidad presentó hace unas semanas un anteproyecto de ley para mejorar la lucha contra la corrupción. Se propone mejorar la protección de la persona que denuncia, que el denunciante no pierda su puesto de trabajo, que no se tenga que trasladar de lugar residencia, etc… y también proteger a su entorno social de apoyo.

El caso de la Universidad de Sevilla muestra cómo se estructuran las relaciones de poder institucional que protegen, disimulan, dilatan las actuaciones… en beneficio de los acosadores y en contra de las víctimas y del buen gobierno de la misma Universidad. Es un ejemplo de actuación irresponsable. La Universidad, en vez de aplicar su capacidad de inspección y sanción basada en el derecho administrativo sancionador, tardó tiempo en reaccionar, dilató las actuaciones, buscó componendas para enfriar el tema. No es el único equipo rectoral que lo ha hecho.

La mejora de la Universidad que conocemos requiere de actuaciones responsables públicas, pero también de la actuación responsable de los empleados públicos y del conjunto de la comunidad universitaria. En estos temas, como en otros, no existe neutralidad posible: o se está con quien respeta y protege, o se da cobertura de forma directa o indirecta a quienes abusan.

Antonio Madrid Pérez es profesor y coordinador de Filosofía del Derecho en la Universidad de Barcelona.