Un general retirado califica de “ignominia” la gestión del Yak-42

El dictamen del Consejo de Estado sobre el caso Yak-42 ha servido para que algunos de los testigos de la gestión de aquella tragedia, que no solo dañó a los directamente afectados sino a todas las Fuerzas Armadas, la rememoren ahora. El teniente general retirado Emilio Pérez Alamán, entonces jefe de la División Mecanizada Brunete, a la que pertenecían 20 de los militares fallecidos, recuerda, en una reciente entrada del blog colectivo General Dávila, que tras el accidente contactó con los “escalanes superiores” encargados de la repatriación de los cadáveres.

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“En dicha gestión fui consciente de la ignomia con que se trataban las diligencias para llevar a cabo la difícil, penosa y larga actividad de identificar adecuadamente los cadáveres para su correcta entrega a sus allegados, Sin embargo, todo eran prisas, tratando de ocultar la verdad con engaños, artimañas y presiones con el fin de desviar la responsabilidad del Ministerio, que, con su titular a la cabeza [Federico Trillo], acompañado por sus colaboradores directos, algunos uniformados por desgracia, en un acto más servil que de servicio, maltrataron indignamente lo más sagrado que debe esperar un soldado si pierde la vida en el cumplimiento de la misión, precisamente por quien se la asignó", escribe. El general Vicente Navarro y sus dos ayudantes fueron condenados en mayo de 2009 por la falsa identificación de 30 de los 62 cadáveres, pero Trillo nunca se sentó en el banquillo.

De su lado, la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha pedido por burofax a su antecesor José Bono toda la documentación sobre el caso que guarde en su poder, según fuentes de su departamento, para cumplir el compromiso que adquirió con las familas de las vícitmas de  investigar "por tierra, mar y aire" para aclarar la verdad. Según fuentes próximas al exministro de Defensa, este ya le ha remitido dicha documentación, incluida una carta del un exjefe del Mando de Operaciones del Estado Mayor Conjunto que denunciaba presiones políticas en la programación de los vuelos y a la que aludió el pasado día 10 en una entrevista con EL PAÍS. Esta documentación ya fue entregada por Bono en mayo de 2008 al juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, que instruía la causa por el siniestro y finalmente la archivó.