El general del Yak-42 "faltó a la verdad"

Sólo diez números de la madrileña calle de Génova separan la Audiencia Nacional de la sede del PP. A la primera acudieron, a media mañana de ayer, el general Vicente Navarro, que acaba de cumplir 68 años; el comandante José Ramón Ramírez, de 46, y el hoy comandante (capitán en 2003) Miguel Ángel Sáez, de 44. Estaban citados a las 13.30, pero el presidente del tribunal, Javier Gómez Bermúdez, adelantó la notificación del fallo del caso Yak-42 para evitar a los fotógrafos y a los familiares de las víctimas, que ya se aglomeraban ante la sede judicial. En el segundo punto de la calle, la sede del PP, estaba Federico Trillo, el ministro que encomendó personalmente a Navarro repatriar a los 62 militares muertos en Trabzon (Turquía) el 26 de mayo de 2003.

Los tres militares serán expulsados si el Supremo confirma la sentencia

La cuestión que debía dilucidar la sentencia es si la errónea identificación de 30 cadáveres -acreditada por las pruebas de ADN que se hicieron tras su exhumación, 18 meses después de enterrarlos- fue resultado de la imprudencia o de un engaño deliberado. En el primer caso se impondría sólo una multa. En el segundo, pena de cárcel.

La contundencia de la sentencia vino a despejar todas las dudas. Afirma que el general Navarro "era consciente de que sólo a 32 de los 62 cuerpos se les había podido asignar una identidad tras los exámenes realizados conjuntamente por [forenses] turcos y españoles", por lo que procedió "de forma aleatoria" a atribuir identidades a los 30 restantes. Y todas ellas "resultaron falsas".

Navarro alegó que destruyó sus anotaciones sobre el estado de los cadáveres, pero el tribunal cree que "lo razonable hubiera sido guardarlas, pues entonces ya sabía que había familias que dudaban de las identificaciones". Y rechaza su afirmación de que firmó el acta turca, en la que reconocía que 30 cuerpos estaban sin identificar, sin entender lo que ponía. "No es verosímil que dos generales del Ejército español con amplia experiencia firmen un documento" de esa trascendencia "sin conocer el contenido de lo que están firmando", señala la sentencia, que deja así por perjuro al general José Antonio Beltrán, quien testificó en el juicio.

En definitiva, Navarro no se equivocó sino que "actuó con conocimiento y voluntad de faltar a la verdad". Por eso el tribunal le considera culpable de un delito de falsedad de documento oficial, cometido al emitir los certificados de defunción, y le castiga con tres años de cárcel -la pena mínima, pues rechaza la calificación de delito continuado que pedían las acusaciones-, seis meses de multa (1.800 euros) y dos años de inhabilitación.

El tribunal no cree que el comandante Ramírez y el entonces capitán Sáez incurrieran en otro delito de falsedad documental al firmar las necropsias de los cadáveres, ya en Torrejón de Ardoz (Madrid). Pero les considera cómplices del delito de Navarro. Y lo razona así: los dos patólogos omitieron en sus necropsias que muchos de los cuerpos estaban calcinados, pero no lo hicieron para evitar dolor a las familias, como ellos dijeron, sino porque, si hubieran descrito el estado real de los cadáveres, nadie habría creído que era posible identificarlos sin pruebas de ADN.

"Con la excusa de dulcificar la descripción de las lesiones, omitieron conscientemente aquellas que podían fácilmente despertar recelos o dudas sobre el proceso de identificación", explica la sentencia. "Que estas omisiones no trataban de evitar a las familias mayor dolor queda probado", a juicio del tribunal, por el hecho de que no omitan otro tipo de lesiones y porque las necropsias no se dieron a las familias hasta mucho después, cuando ya no hacía falta dulcificar nada. En consecuencia, les condena a un año y medio de prisión a cada uno, tres meses de multa (900 euros) y un año de inhabilitación.

Los condenados deberán indemnizar a los herederos de cada uno de los 30 militares cuyos cuerpos fueron mal identificados con 10.000 euros.

El fallo declara responsable civil subsidiario al Ministerio de Defensa y exonera a las compañías de seguros. Defensa expresó ayer su respeto por la sentencia y recordó que aún no es firme, pues los condenados y alguna acusación estudian recurrirla. Si el Supremo la confirma, Navarro, que está en la reserva, y los dos comandantes, en activo, serán expulsados del Ejército en aplicación de la Ley de la Carrera Militar, al haber sido condenados a pena de inhabilitación.

La gran incógnita es por qué los condenados actuaron como lo hicieron. El tribunal se limita a señalar que habrían cometido delito aunque "no obtuvieran beneficio alguno" de su actuación. No menciona las prisas por llegar a tiempo al funeral de Estado previsto en Torrejón, a las que aludieron varios testigos en el juicio, y sólo recoge la explicación que dio Navarro para firmar el acta: "Firmo porque si no los turcos no me dejan llevarme los cuerpos".

Y ello porque, como aclara el propio tribunal, su objetivo se limita a "declarar o excluir la responsabilidad criminal de los acusados, no pudiendo extenderse a [...] la conducta de personas no acusadas y sobre las que, en consecuencia, no se ha practicado prueba ni se ha formado convicción alguna el tribunal".

Es decir, que aunque Trillo estuviera a unos pocos metros de la Audiencia Nacional, para el tribunal estaba fuera del proceso y, por tanto, en otra galaxia.

La Audiencia Nacional condena a tres años de cárcel al general Navarro por el Yak-42