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La sentencia del Yak-42

El general del Yak-42 "faltó a la verdad"

Penas de cárcel para Navarro y sus dos ayudantes por las 30 identificaciones falsas - La sentencia no enjuicia "la conducta de personas no acusadas", en alusión a Trillo

Sólo diez números de la madrileña calle de Génova separan la Audiencia Nacional de la sede del PP. A la primera acudieron, a media mañana de ayer, el general Vicente Navarro, que acaba de cumplir 68 años; el comandante José Ramón Ramírez, de 46, y el hoy comandante (capitán en 2003) Miguel Ángel Sáez, de 44. Estaban citados a las 13.30, pero el presidente del tribunal, Javier Gómez Bermúdez, adelantó la notificación del fallo del caso Yak-42 para evitar a los fotógrafos y a los familiares de las víctimas, que ya se aglomeraban ante la sede judicial. En el segundo punto de la calle, la sede del PP, estaba Federico Trillo, el ministro que encomendó personalmente a Navarro repatriar a los 62 militares muertos en Trabzon (Turquía) el 26 de mayo de 2003.

Los tres militares serán expulsados si el Supremo confirma la sentencia

La cuestión que debía dilucidar la sentencia es si la errónea identificación de 30 cadáveres -acreditada por las pruebas de ADN que se hicieron tras su exhumación, 18 meses después de enterrarlos- fue resultado de la imprudencia o de un engaño deliberado. En el primer caso se impondría sólo una multa. En el segundo, pena de cárcel.

La contundencia de la sentencia vino a despejar todas las dudas. Afirma que el general Navarro "era consciente de que sólo a 32 de los 62 cuerpos se les había podido asignar una identidad tras los exámenes realizados conjuntamente por [forenses] turcos y españoles", por lo que procedió "de forma aleatoria" a atribuir identidades a los 30 restantes. Y todas ellas "resultaron falsas".

Navarro alegó que destruyó sus anotaciones sobre el estado de los cadáveres, pero el tribunal cree que "lo razonable hubiera sido guardarlas, pues entonces ya sabía que había familias que dudaban de las identificaciones". Y rechaza su afirmación de que firmó el acta turca, en la que reconocía que 30 cuerpos estaban sin identificar, sin entender lo que ponía. "No es verosímil que dos generales del Ejército español con amplia experiencia firmen un documento" de esa trascendencia "sin conocer el contenido de lo que están firmando", señala la sentencia, que deja así por perjuro al general José Antonio Beltrán, quien testificó en el juicio.

En definitiva, Navarro no se equivocó sino que "actuó con conocimiento y voluntad de faltar a la verdad". Por eso el tribunal le considera culpable de un delito de falsedad de documento oficial, cometido al emitir los certificados de defunción, y le castiga con tres años de cárcel -la pena mínima, pues rechaza la calificación de delito continuado que pedían las acusaciones-, seis meses de multa (1.800 euros) y dos años de inhabilitación.

El tribunal no cree que el comandante Ramírez y el entonces capitán Sáez incurrieran en otro delito de falsedad documental al firmar las necropsias de los cadáveres, ya en Torrejón de Ardoz (Madrid). Pero les considera cómplices del delito de Navarro. Y lo razona así: los dos patólogos omitieron en sus necropsias que muchos de los cuerpos estaban calcinados, pero no lo hicieron para evitar dolor a las familias, como ellos dijeron, sino porque, si hubieran descrito el estado real de los cadáveres, nadie habría creído que era posible identificarlos sin pruebas de ADN.

"Con la excusa de dulcificar la descripción de las lesiones, omitieron conscientemente aquellas que podían fácilmente despertar recelos o dudas sobre el proceso de identificación", explica la sentencia. "Que estas omisiones no trataban de evitar a las familias mayor dolor queda probado", a juicio del tribunal, por el hecho de que no omitan otro tipo de lesiones y porque las necropsias no se dieron a las familias hasta mucho después, cuando ya no hacía falta dulcificar nada. En consecuencia, les condena a un año y medio de prisión a cada uno, tres meses de multa (900 euros) y un año de inhabilitación.

Los condenados deberán indemnizar a los herederos de cada uno de los 30 militares cuyos cuerpos fueron mal identificados con 10.000 euros.

El fallo declara responsable civil subsidiario al Ministerio de Defensa y exonera a las compañías de seguros. Defensa expresó ayer su respeto por la sentencia y recordó que aún no es firme, pues los condenados y alguna acusación estudian recurrirla. Si el Supremo la confirma, Navarro, que está en la reserva, y los dos comandantes, en activo, serán expulsados del Ejército en aplicación de la Ley de la Carrera Militar, al haber sido condenados a pena de inhabilitación.

La gran incógnita es por qué los condenados actuaron como lo hicieron. El tribunal se limita a señalar que habrían cometido delito aunque "no obtuvieran beneficio alguno" de su actuación. No menciona las prisas por llegar a tiempo al funeral de Estado previsto en Torrejón, a las que aludieron varios testigos en el juicio, y sólo recoge la explicación que dio Navarro para firmar el acta: "Firmo porque si no los turcos no me dejan llevarme los cuerpos".

Y ello porque, como aclara el propio tribunal, su objetivo se limita a "declarar o excluir la responsabilidad criminal de los acusados, no pudiendo extenderse a [...] la conducta de personas no acusadas y sobre las que, en consecuencia, no se ha practicado prueba ni se ha formado convicción alguna el tribunal".

Es decir, que aunque Trillo estuviera a unos pocos metros de la Audiencia Nacional, para el tribunal estaba fuera del proceso y, por tanto, en otra galaxia.

Seis años de obstáculos hasta llegar a la sentencia

- 31 de octubre de 2003. Los familiares denuncian el caso. Cuatro meses después del siniestro, los familiares presentan una denuncia en la Audiencia para "conocer la verdad" sobre el accidente del Yak-42.

- 2 de marzo de 2004. Errores en la identificación. EL PAÍS y El Heraldo de Aragón publican el acta turca, firmada por los generales Vicente Navarro y José Antonio Beltrán, que recoge que 30 cadáveres no fueron identificados.

- 25 de marzo de 2004. La juez Teresa Palacios ordena el primer archivo. La juez archiva la causa al considerar que de la documentación aportada "no se desprende la comisión de ningún delito".

- 15 de junio de 2004. La Sala Penal obliga a la juez a reabrir el caso. Con el apoyo del fiscal, la Audiencia ordena a Palacios que reabra el caso e investigue la "dejación de sus obligaciones" de quienes contrataron el avión y la posible responsabilidad penal de los generales en la identificación de los fallecidos.

- 23 de noviembre de 2007. Grande-Marlaska archiva la causa por segunda vez. El juez considera que la atribución aleatoria y errónea de identidades a los cadáveres es una conducta "grave", pero irrelevante e inocua desde el punto de vista penal.

- 29 de abril de 2008. La Sala vuelve a ordenar la reapertura. El tribunal da un serio varapalo al juez al considerar que los médicos militares responsables de las autopsias pudieron cometer un delito de falsedad.

- 19 de mayo de 2009. La Audiencia condena a Navarro y dos subordinados. El tribunal sentencia a Navarro a tres años de prisión por falsedad en documento oficial. El comandante José Ramón Ramírez y el capitán Miguel Sáez son condenados a un año y medio de cárcel.

El fallo de la Audiencia Nacional

- General de división Vicente Navarro. Tres años de prisión, multa de seis meses (10 euros diarios) y dos años de inhabilitación especial para cargos o empleos públicos. Indemnizar con 10.000 euros a los herederos de cada uno

de los 30 militares mal identificados.

- Comandantes José Ramón Ramírez y Miguel Ángel Sáez. Un año y medio de prisión, tres meses de multa y un año de inhabilitación. Indemnizar a los herederos si no lo hace Navarro.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 20 de mayo de 2009

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