El Supremo suspende el decreto que García-Page empleó para frenar el almacén nuclear

El almacén ideado para guardar en un solo lugar los residuos de todas las centrales nucleares de España —las cinco que hay en activo y las que están paradas o ya desmanteladas— en un solo lugar es uno de los puntos más conflictivos en la relación entre el Gobierno central y el de Castilla-La Mancha desde que los socialistas volvieron a la Junta en 2015. La selección de una parcela a las afueras de Villar de Cañas para el ATC se cerró a finales de 2011, cuando el Ejecutivo central y el regional estaban en manos del PP y había consenso entre ambas Administraciones sobre esa ubicación. Pero cuando el socialista Emiliano García-Page llegó a la Junta en 2015 ese consenso se rompió. Y su Gobierno emprendió una guerra administrativa contra el ATC.

En julio de 2015, el Gobierno de García-Page empezó los trámites de ampliación de un espacio protegido para aves —la Laguna del Hito— próximo a los terrenos previstos para el ATC. E incluyó la parcela seleccionada dentro. Eso implicaba frenar la construcción del silo, que desde entonces ha quedado en una especie de limbo.

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El Gobierno central recurrió la ampliación de la Laguna del Hito ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que aún no ha resuelto el pleito. Pero, mientras se dirime si esa ampliación fue legal o no, el Ejecutivo de Mariano Rajoy solicitó a este tribunal que suspendiera cautelarmente la ampliación. El Superior de Castilla-La Mancha rechazó esa medida. Y el Gobierno entonces acudió al Supremo. La Abogacía del Estado argumentó que esa ampliación del espacio natural no se hizo "para proteger un interés ambiental sino para bloquear el Almacén Temporal Centralizado de combustible nuclear".

Finalmente, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha fallado a favor del Ejecutivo central: ha suspendido cautelarmente el acuerdo del Gobierno de Castilla-La Mancha, de 28 de julio de 2015, por el que se inició la ampliación de la Laguna del Hito.

El Supremo razona que, mientras "se sustancia" el pleito, a la hora de ponderar los intereses enfrentados en este caso debe prevalecer "la adecuada gestión de los residuos radioactivos en orden a una mejor seguridad nuclear", frente a "la aprobación inmediata de la ampliación de un espacio protegido para las aves".

Todavía "en vigor"

"No compartimos la sentencia", ha señalado este miércoles Francisco Martínez Arroyo, consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha. En su opinión, los "intereses nucleares" no deben prevalecer sobre los "medioambientales". Además, al margen de "consideraciones políticas", el consejero ha introducido dudas sobre el alcance del fallo del Supremo.

Lo que ha anulado el alto tribunal es el inicio de la ampliación del espacio protegido, que se remonta a julio de 2015. Pero, en octubre de 2016, ese proyecto se culminó con un decreto, con lo que el área protegida ya está ampliada. Según Martínez Arroyo, los servicios jurídicos de la Junta, tras analizar ayer la sentencia, concluyeron que la ampliación de la Laguna del Hito "está en vigor", porque el decreto de octubre de 2016 no ha sido suspendido cautelarmente. Sin embargo, un portavoz del Supremo ha interpretado lo contrario: que, al quedar en suspenso el inicio de la ampliación, también lo estaría todo el proceso. Esta discrepancia podría suponer el inicio de otro cruce de recursos en los tribunales. El decreto de octubre de la Junta está también recurrido ante el Superior de Castilla-La Mancha.

Enresa —la empresa pública encargada del proyecto del ATC— ha seguido trabajando en esta actuación, en la que ha gastado ya 77,4 millones de euros. En su última memoria anual, Enresa reconocía que la ampliación de la zona de protección de la Laguna del Hito “impide, por parte de cualquier Administración, el desarrollo de proyectos dentro del área definida (...) por lo que el proyecto sufrirá un retraso difícilmente cuantificable”. Una vez que se ha suspendido cautelarmente el inicio de la ampliación del espacio protegido, Enresa podría intentar conseguir ahora la Declaración de Impacto Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente.

La decisión del Supremo no despeja completamente el futuro del ATC. Y no solo por tratarse de una medida cautelar mientras se termina de dirimir el fondo del asunto. Fuentes de la Junta recuerdan que el Ejecutivo de García-Page también declaró ilegal el plan urbanístico de Villar de Cañas que amparaba el ATC, otro escollo que debe superar un proyecto que enfrenta al Gobierno y a Castilla-La Mancha.