El ‘rey de la mina’ se defiende: el yacimiento no estaba protegido

Victorino Alonso, el controvertido empresario del carbón conocido como el rey de la mina, es "un chivo expiatorio" con el que se ha querido salvar la "flagrante responsabilidad pública" en la destrucción de los restos neolíticos de la cueva de Chaves, un yacimiento situado en Casbas (Huesca).

Así se defiende Alonso en el recurso de apelación que ha presentado tras la sentencia que le condenó a una pena de prisión de dos años y medio y a pagar una indemnización de 25,5 millones de euros por un delito contra el patrimonio histórico. También alega que los hechos están prescritos y pone en entredicho la declaración del principal testigo de cargo.

En diciembre pasado el juzgado de lo penal número 1 de Huesca determinó que fue el empresario minero el que ordenó que una máquina retroexcavadora nivelara la cueva y que se instalaran en el lugar de las excavaciones arqueológicas comederos y abrevaderos para cabras. Era " la persona que mandaba en la finca por encima de cualquier otra", decía el fallo. 

Alonso nunca figuró como administrador de Fimbas S. A., la empresa propietaria de la finca de caza donde se encuentra la cueva, pero el juez descubrió que cuando el yacimiento fue destruido, en 2007, el empresario minero era administrador único de Maderas Bodelón S. L., firma que a su vez era accionista mayoritaria de Fimbas. La declaración del antiguo encargado de la finca fue decisiva para condenarle.

El recurso presentado por la defensa de Alonso, de 47 páginas, insiste en la falta de protección del yacimiento, algo que también afeó al Gobierno de Aragón el juez en su sentencia. El fallo asegura que la cueva no estaba suficientemente protegida, que hubo "escaso impulso institucional" y que "quizá" fue por "razones presupuestarias".

El magnate minero se defiende asegurando, en primer lugar, que la cueva nunca fue un yacimiento arqueológico porque no tenía "una expresa calificación de bien de interés cultural". Ni siquiera era una "zona arqueológica". De haber estado protegida la cueva, jamás se hubieran destruido los restos en octubre de 2007, dice la defensa, lo que se traduce en que "no hubo intencionalidad alguna".

La credibilidad del principal testigo, "mutante de imputado en testigo de cargo tras su despido", dice el recurso, también se pone en duda. El encargado de la finca cambió su versión sobre las órdenes dadas por Alonso después de haber sido despedido de la empresa. "Es muy significativo", dice el recurso del magnate minero, que la segunda declaración, "en la que cambió radicalmente su posición", le sirviera para que "se sobreseyera la causa contra él".

Ecologistas en Acción pedía como acusación particular que se condenara al responsable por un delito contra el medio ambiente, pero el juez únicamente consideró probado el delito contra el patrimonio. La defensa de Alonso asegura que si el delito medioambiental prescribió, también debería estar prescrito el otro.

La valoración de los daños también ha sido incorrecta, asegura el recurso. Uno de los informes periciales cifró el valor de los restos destruidos en 50,9 millones de euros. Los otros dos dieron por buena esa cifra, pero según la defensa de Alonso "todos son informes de parte". El texto pone en duda el método de cálculo, que se basó en extrapolar el material encontrado en la parte de la cueva que había sido explorada a toda la superficie. Finalmente, el juez fijó la indemnización en la mitad, 25,5 millones.

Ya durante la instrucción del caso otro juzgado impuso una fianza de 66 millones de euros al empresario del carbón. Él solo puso como aval su pensión. Fueron sus empresas, la responsable civil subsidiaria Ferpi, y una aseguradora las que cubrieron la cantidad.