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La financiación se acordará por primera vez en el Congreso

El nuevo sistema será pactado con los partidos y no solo entre las comunidades

Preparativos para la VI Conferencia de Presidentes
Preparativos para la VI Conferencia de Presidentes EFE

El sistema de financiación autonómica actual está caducado desde hace dos años y el diseño del próximo modelo está aún en paños menores. El Ministerio de Hacienda ni siquiera ha constituido la comisión de expertos que tendrá que elaborar un proyecto sobre el que se comenzará a trabajar con las comunidades. La Conferencia de Presidentes celebrada este martes no es más que el primer paso para iniciar este proceso. Pero en esta ocasión la negociación del próximo modelo será diferente de otras. La particular geometría del Parlamento, donde ningún partido goza de la mayoría suficiente, marcará el diseño de la nueva financiación.

Hasta ahora, todos los modelos de financiación autonómica se cerraron con una negociación bilateral entre Hacienda y las autonomías, una a una. Así ocurrió en las últimas cinco reformas. El ministerio presentaba un boceto que iba perfilando a medida que recogía las inquietudes de cada uno de los líderes regionales. Esta práctica ha propiciado un sistema que los expertos definen como un frankenstein, porque está parcheado, es opaco, complejo y provoca inequidades, con altas diferencias de financiación per cápita entre autonomías.

Ahora el tronco principal del modelo tendrá que contar con el visto bueno de la mayoría del Congreso, algo casi inédito desde que en 1980 se acordó la primera Ley Orgánica de Financiación Autonómica (Lofca), que estableció los criterios generales de la financiación. Los cinco modelos aprobados desde entonces no contaron con el apoyo de la mayoría de los partidos: se aprobaron gracias al rodillo parlamentario de los Gobiernos que ostentaban el poder en cada momento, y tampoco recibieron siempre el respaldo del conjunto de las comunidades autónomas.

El Gobierno de Rajoy es consciente de la nueva situación y quiere contar con el mayor apoyo posible para que el sistema sea más estable que los anteriores. Pretende contar con las opiniones de Ciudadanos y el PSOE.

"Es una oportunidad reformarla ahora", sostuvo el ministro de Hacienda el pasado jueves en el Congreso. "No es lo mismo acometer una financiación cuando tenemos un déficit público pavoroso que cuando las finanzas públicas están en una situación más capaz", dijo. Y remarcó: "No se puede hacer una reforma de la financiación autonómica o local contra el criterio de los gobernantes. No siempre los sistemas de financiación han coincidido con los grupos de esta Cámara. Ahora o nacen con las votaciones de esta Cámara o no nacen. O nos ponemos de acuerdo o no tenemos sistema de financiación, porque no hay mayoría. Podemos llamar a los mejores expertos, pero serán sus señorías las que tengan la última palabra".

Cataluña, a un lado

La próxima reforma tendrá otra característica diferencial. Hasta ahora Cataluña tenía un papel protagonista en cada renovación de la financiación. Impulsaba y lideraba el debate. Ahora las tensiones independentistas han provocado que la Generalitat mire con distancia el nuevo proceso.

"Sería bastante más fácil poner de acuerdo a los partidos que a las comunidades, y las probabilidades de pactar un buen sistema serían mayores por esa vía", defiende Ángel de la Fuente, director del think tank Fedea y uno de los principales expertos en financiación autonómica.

Consenso sobre la necesidad de reducir desigualdades

Ángel de la Fuente, presidente de Fedea, lleva meses impulsando de la mano de la Fundación Olof Palme, que preside Anna Balletbó, un intenso debate sobre la financiación autonómica. Han contado con la opinión de expertos y representantes de los partidos de todas las sensibilidades políticas. La idea es elaborar un proyecto que sirva de punto de partida para que las formaciones políticas comiencen a negociar. Tras contrastar las opiniones de más de medio centenar de expertos, algunas posturas reúnen gran consenso. Entre ellas, la necesidad de simplificar el sistema, reducir el nivel de desigualdad entre territorios en términos de financiación por habitante ajustado y dotar de más control sobre sus ingresos a las comunidades, a cambio de exigirles más responsabilidad sobre sus gastos.

En este punto, el Ministerio de Hacienda pretende abordar la reforma de los tributos regionales. Quiere fijar unos límites mínimos y máximos en el impuesto de sucesiones, donaciones y patrimonio para reducir las diferencias entre territorios.