Las diferencias de criterio del tribunal retrasan la sentencia del ‘caso Nóos’

El principal hito de este curso judicial será la sentencia del caso Nóos. La redacción de este fallo se está dilatando más de lo previsto. El caso quedó visto para sentencia el 22 de junio y desde entonces la magistrada encargada de redactar la sentencia, Samantha Romero, ha contado con dedicación exclusiva para elaborar el dictamen.

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Romero ha dedicado muchas de las tardes de los últimos meses a deliberar con sus compañeras de tribunal, Eleonor Moyá y Rocío Martín. La divergencia de criterio entre las juezas sobre determinados aspectos de la sentencia ralentizaron el trabajo, previsto inicialmente para finales de 2016. La comisión de servicio que le otorgó el Tribunal Superior de Justicia de la Islas Baleares expiraba el pasado 5 de diciembre. Romero tuvo que solicitar una prórroga hasta finales de marzo para seguir dedicándose en exclusiva al fallo, que todavía no está cerrado. Las magistradas continuaban deliberando la semana pasada.

Las diferencias iniciales entre el tribunal fueron solventadas y Romero ha pisado el acelerador para no agotar la segunda prórroga. Las juezas también ha comenzado a estudiar la forma de notificar la sentencia y entregársela a las partes, ya que su extensión —más de mil folios—complica la transmisión telemática ordinaria. Por el momento, el contenido de la sentencia que podría condenar a Urdangarin a 19 años y medio de cárcel y a ocho años a la Infanta —si prospera la petición de Manos Limpias, única acusación contra ella— es un secreto. La ponente lo guarda con celo absoluto para evitar filtraciones.

El caso Nóos es la vigesimaquinta pieza, y la más conocida, de las 28 que componen la macrocausa del caso Palma Arena. En ella se juzga el supuesto desvío de 4,5 millones de euros públicos, procedentes de los gobiernos baleares y valenciano y del Ayuntamiento de Madrid a las sociedades de Iñaki Urdangarin. Este dinero supuestamente acabó en los bolsillos del exduque de Palma a través de los congresos que organizaba el Instituto Nóos, la entidad supuestamente sin ánimo de lucro que el esposo de Cristina de Borbón dirigía con su socio, Diego Torres, también encausado.

El juicio se extendió a lo largo de 61 sesiones entre el 31 de enero y el 22 de junio del año pasado y aunque la causa es compleja, la extensa deliberación está sorprendiendo a los abogados y a las acusaciones personadas en la causa.

En los tribunales hay años de siembra, en los que predominan las investigaciones y las diligencias de instrucción, y años de cosecha, en los que los juicios y las sentencias derivados de aquellas copan la actualidad informativa. 2017, salvo sorpresa, será un año de cosecha abundante.

Otra sentencia que previsiblemente se conocerá este año será la de las tarjetas black de Caja Madrid. El juicio a los exconsejeros de la entidad por gastar 12,5 millones de euros entre 2003 y 2012 en bienes y servicios de lujo con las tarjetas que les dieron para gastos de representación, afronta su recta final este mes con la exposición de las conclusiones de las defensas de los 65 acusados. En esta causa, el expresidente de la caja Miguel Blesa y su sucesor, Rodrigo Rato, se enfrentan a una petición de pena del fiscal de seis años y cuatro años y medio de cárcel respectivamente.

Los desmanes en la antigua caja madrileña van a ocupar buena parte de la actualidad judicial. Si el atasco judicial no lo impide, un juzgado de lo Penal de Madrid podrá ver la causa por los sobresueldos e incentivos irregulares por valor de 8,5 millones de euros que se adjudicaron los exmiembros del comité de dirección de la entidad entre 2008 y 2010. El fiscal pide cuatro años de prisión para Blesa y para su número dos, Ildefonso Sánchez Barcoj, por administración desleal.

Otro bloque que avanzará en 2017 es el del caso Gürtel. La causa sobre los contratos de la Generalitat valenciana con la trama de Francisco Correa para organizar el expositor de la comunidad en la feria de turismo Fitur se encuentra estancada nueve meses después de haber quedado vista para sentencia. Problemas informáticos en el Tribunal Superior de Justicia dificultan la redacción del fallo sobre el primero de los juicios del entramado Gürtel que se han celebrado.

Mientras tanto, la vista oral por el bloque central de la trama sigue también acumulando retrasos en la Audiencia Nacional. El próximo martes se producirá una de las declaraciones más sonadas, la del extesorero del PP Luis Bárcenas, a quien se pedirán explicaciones sobre su fortuna en Suiza. El tribunal había previsto que antes de la pasada Navidad hubieran declarado los 37 acusados en este caso, sin embargo, solo ha conseguido interrogar a algo menos de la mitad.

Fuera de los juzgados, la política judicial también va ser protagonista en 2017. El Ministerio de Justicia prevé presentar al Congreso alrededor del mes de septiembre las reformas legales para dar a los fiscales la investigación de las causas penales en lugar de los jueces de instrucción. Para ello será necesario modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de 1881, y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, dos normas de gran calado. <NO1>Además, en las próximas semanas se deberán renovar algunas fiscalías clave como la de la Audiencia Nacional o Anticorrupción.