María Antonia Munar, de nuevo al banquillo por una recalificación urbanística

Nuevo juicio para María Antonia Munar en 2017. El juzgado de instrucción número dos de Palma ha dictado la apertura de juicio oral para la que fuera presidenta del Parlamento balear por el caso Son Oms, que investiga la recalificación presuntamente irregular de varias parcelas de un polígono industrial cercano al aeropuerto de Palma que habría ocultado varias operaciones de blanqueo de capitales. El juez también quiere sentar en el banquillo a quien fuera presidente de la Cámara autonómica y dirigente de UM, Maximiliá Morales y al exconsejero insular de Territorio, Bartomeu Vicens.

La fiscalía reclama para Munar una pena de seis años de cárcel por presuntos delitos de blanqueo, prevaricación y tráfico de influencias, así como una multa de 2,5 millones de euros. Para Morales, la acusación pública solicita cinco años de prisión y una multa también de 2,5 millones de euros, mientras que Vicens se sentará en el banquillo a pesar de que la fiscalía no pide ninguna pena para él porque ya fue juzgado y condenado por blanqueo y prevaricación en una pieza derivada de esta causa. El juez ya ha reclamado a Munar y Morales una fianza de responsabilidad civil de cuatro millones de euros para cada uno para hacer frente a las posibles consecuencias del proceso.

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El caso Son Oms Oms se remonta a finales de los años 90 cuando, según el escrito de acusación, el entonces dirigente de UM Maximiliá Morales y el consejero insular Bartomeu Vicens contactaron con los propietarios de las parcelas de los terrenos de Son Oms, un área rústica situada junto al aeropuerto de Son Sant Joan de Palma. Los dos dirigentes regionalistas les pidieron que cedieran de forma gratuita el 15% de cada parcela y a cambio ellos conseguirían recalificar los terrenos y convertirlos en suelo industrial, incrementando sus posibilidades de explotación.

Sociedad pantalla

Para llevar a cabo la operación, Munar, Morales y Vicens crearon una sociedad dirigida por un abogado mallorquín ya fallecido, con el objetivo según el fiscal, de ocultar su identidad y disfrutar de los beneficios obtenidos por las cesiones de terreno realizadas por los propietarios, que fueron disfrazadas de operaciones simuladas de compraventa. La acusación señala que Morales y Vicens lograron convencer a los propietarios de los solares para que cedieran parte de sus terrenos asegurándoles que Munar estaba detrás de la operación.

Años después, cuando Unió Mallorquina presidía el Consell insular de Mallorca, Munar y Vicens influyeron en varios dirigentes destacados de la institución para votar a favor de la recalificación y de la eliminación de los límites de edificabilidad en la zona. La recalificación de los terrenos se aprobó en 1999 y los solares pasaron a multiplicar su valor y sus posibilidades de explotación, debido no solo al cambio de uso , sino también a su cercanía con el aeropuerto. Los propietarios de los terrenos cedieron a la sociedad creada por Munar, Vicens y Morales la parte acordada de los solares.

La sociedad pantalla ingresó los beneficios de las cesiones de terreno y los socios en la sombra se repartieron los ingresos. Munar habría recibido 400.000 euros en metálico, la misma cantidad que según el fiscal habría cobrado Vicens, mientras que el tercer socio se habría quedado con dos de los solares, que años después vendió obteniendo importantes ganancias. La fiscalía calcula que a través de la sociedad se pudieron blanquear 1,23 millones de euros.

Este no será el único juicio al que la expresidenta del Parlamento balear se enfrente en 2017. Hace unas semanas el mismo juzgado dictó la apertura de juicio oral por el caso Studio Media, por el que la acusación solicita siete años de prisión para la expolítica por la adjudicación presuntamente irregular de más de tres millones de euros de fondos del Consell de Mallorca a varias sociedades con las que tenía una íntima vinculación. La exlíder regionalista cumple actualmente once años y medio de cárcel por dos sentencias firmes y está pendiente del dictamen del Tribunal Supremo sobre los tres años de prisión a los que fue condenada en octubre por un jurado popular por el caso del soborno de Can Domenge.