¿Negociar o suspender?
El Gobierno busca cargarse de razones para suspender la autonomía de Cataluña
Cada día que pasa crece la sospecha de que la operación diálogo en Cataluña, orquestada por el PP, no tiene otro objetivo que cargarse de razones para la suspensión de la autonomía, ya sea en parte o del todo. El Gobierno sigue sin concretar oferta alguna, ni de contenido ni de calendario, la presión judicial sobre el soberanismo continúa y la rotunda negativa a reconocer al independentismo sigue intacta. Mal se puede negociar con alguien al que se exige como condición previa que se rinda. El cálculo de Rajoy —en aplicación de uno de sus principios favoritos: a veces, lo urgente es no hacer nada— se apoyaba en que el secesionismo se ahogaría solito, presa de la frustración, en una sociedad que tiende a pensar en términos de coste y beneficio. Pero el tiempo pasa y el independentismo sigue ahí.
Y, sin embargo, el soberanismo tiene sus límites: las elecciones y las encuestas lo demuestran. Es el primer proyecto político de Cataluña pero no alcanza una mayoría indiscutible que le da autoridad moral para exigir. Carece de capacidad coercitiva, su única fuerza es el voto y la movilización popular. Tiene escaso reconocimiento internacional y la independencia de Cataluña no está en las agendas. En estas circunstancias, el soberanismo tiene dos opciones: buscar la confrontación, aún a riesgo de que la ciudadanía se arrugue, especulando en que al Gobierno español se le vaya la mano, por ejemplo suspendiendo la autonomía, y se desacredite ante los Gobiernos europeos. O entrar en el juego del diálogo, previa acumulación de capital político, que es el sentido del paso atrás de Puigdemont: retorno al referéndum pactado, con la incorporación de los Comunes.
¿Es posible en este contexto la negociación? Sí, si se cumplen dos condiciones: reconocimiento y desacralización. No hace falta citar a los clásicos para subrayar la importancia del reconocimiento para los humanos. Nada ofende tanto como que alguien niegue tu condición. Se puede empezar a hablar si el Gobierno español reconoce al independentismo como tal y si el soberanismo asume sus límites. El paso siguiente es la desacralización: ni España ni Cataluña son entes trascendentales. En una sociedad democrática, los problemas histórico-culturales enquistados durante siglos primero se reconocen y después se buscan soluciones que no tienen porque ser definitivas, sino simplemente nuevas metamorfosis del conflicto. Y ahí el Gobierno tiene mucho que ganar si es capaz de reconocer la condición nacional de Cataluña y buscar un referéndum pactado que establezca una nueva relación para unos cuantos años. El ordeno y mando puede que satisfaga al PP, al PSOE y a Ciudadanos y, a corto plazo, de rendimiento a Rajoy, pero la suspensión de la autonomía agrandaría la fractura y el resentimiento y bien pudiera acabar siendo el camino más directo a la ruptura.
