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El Gobierno ofrece una negociación punto por punto para reformar la ‘ley mordaza’ a partir de enero

Zoido anuncia que negociará con los partidos para establecer un nuevo modelo de CIE

Juan Ignacio Zoido, el miércoles en el Congreso.

Juan Ignacio Zoido, ministro del Interior, se ha mostrado dispuesto este miércoles a negociar punto por punto con el resto de partidos una reforma de la ley de seguridad ciudadana, conocida como ley mordaza. Las formaciones de la oposición lograron aprobar en noviembre una moción que instaba al Gobierno a derogar la polémica norma y el PSOE ya ha registrado una propuesta de Ley para sustituir la reglamentación actual. Zoido ha aceptado que los trabajos empiecen en enero y fuentes de su gabinete han aclarado a EL PAÍS que el primer paso será solicitar a todos los partidos que presenten sus propuestas de modificación en una mesa común de negociación. Los socialistas, por su parte, entienden que se prestará especial atención a su oferta por ser la más avanzada formalmente.

"Les insisto en poner rumbo al consenso y buscar el acuerdo siempre que sea posible, en artículos concretos, en aspectos definidos y no sobre argumentarios vacíos, eslóganes y apodos", ha dicho Zoido durante su comparecencia en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados. "Para ello", ha seguido, "tienen mi mano tendida, y toda nuestra disposición para sentarnos ya a hablar cuando ustedes estimen con el fin de alcanzar consensos". Y ha subrayado: "Hay una proposición del grupo socialista. Pues empecemos a trabajar”.

Pese a que todos los partidos de la oposición insisten en su voluntad de derogar la ley actual, con la excepción de Ciudadanos, solo hay dos opciones para que los trabajos adquieran velocidad: o la oposición acepta negociar una modificación de la Ley actual, o el Gobierno acepta negociar sobre la propuesta de ley socialista. El PSOE, Podemos y Ciudadanos, al menos, coinciden en un mínimo común denominador: todos quieren cambiar los artículos de la ley recurridos por los socialistas ante el Tribunal Constitucional, que incluyen el 20.2 (registros personales); el 36.2 y el 37.1 (que castigan como perturbación grave de la seguridad los incidentes en manifestaciones ante el Congreso, el Senado y las Asambleas); el 36.23 (que considera falta grave el uso no autorizado de imágenes o datos de la policía); el 37.7 (por afectar al derecho de reunión); y la disposición que legaliza las “devoluciones en caliente”.

Antonio Trevín, portavoz del PSOE, le ha pedido a Zoido que vaya “un paso más allá” y le ha invitado a hacer “una nueva ley” recordándole que la propuesta registrada por los socialistas es “un texto completamente abierto” que puede servir “para una ley pactada”.

Ciudadanos exige al Gobierno que no permita a Podemos seguir como observador en el pacto antiyihadista

Miguel Gutiérrez, portavoz de Ciudadanos en la Comisión de interior y secretario general de su grupo parlamentario, ha pedido hoy a Juan Ignacio Zoido, ministro de Interior, que no permita la continuidad de Podemos como observador en el pacto antiterrorista.

El Gobierno y las principales fuerzas de la oposición sellaron en noviembre de 2015 el pacto antiyihadista para escenificar su compromiso en la lucha contra el terrorismo, pero la imagen de unidad quedó rota por las bajas voluntarias de varios partidos. Ni las fuerzas nacionalistas más relevantes —PNV, CDC y ERC— ni Podemos e IU se sumaron al acuerdo. 

El partido de Pablo Iglesias aceptó entonces un papel intermedio, como observador, porque se opone a la prisión permanente revisable para los terroristas que provoquen muertes que recoge el acuerdo. Ciudadanos siempre le ha afeado ese posicionamiento.

"No permita que haya observadores dentro de un pacto antiyihadista contra esta lacra que nos va a golpear de forma continua", ha dicho Gutiérrez. "O se involucra uno o no se involucra", ha subrayado. "Es nuestra opinión y así se lo vamos a exigir".

"No podemos quedarnos de perfil", ha coincidido José Alberto Martín-Toledano, representante del PP. "Los ciudadanos nos exigen unidad y eficacia".

"No podemos [cambiar de posición] en pos de un pensamiento único en ese particular", le ha contestado Eduardo Santos, el portavoz de Podemos. 

"El resto de grupos hemos manifestado la discrepancia con la Ley, y usted hace de la necesidad virtud para modificarla", ha coincidido Eduardo Santos, el portavoz de Podemos.

Por su parte, Miguel Gutiérrez, portavoz de Ciudadanos, el socio del Gobierno, le ha pedido que se “anticipe” y lleve una iniciativa del Ejecutivo al Congreso. Si no, le ha recordado, la oposición consensuara un texto sin esperar a la negociación punto por punto que ofrece ahora La Moncloa. El PP tiene firmado un acuerdo de investidura con Ciudadanos que recoge la modificación de la ley.

Nuevo modelo de CIE

El ministro también ha anunciado que negociará con partidos y agentes sociales para diseñar un nuevo modelo de Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). Tras el amotinamiento de medio centenar de internos en la instalación de Aluche, a mediados de octubre, la defensora del pueblo advirtió el martes en el Senado de la necesidad de adecuar la infraestructura de estos centros, así como de hacer reconocimientos médicos periódicos a los inmigrantes y mejorar las medidas de vigilancia.

"Impulsaremos un grupo de trabajo entre distintos Ministerios, con los mejores técnicos, con la experiencia de ONG especializadas y, si lo tienen a bien, con los grupos políticos, para determinar el modelo idóneo de CIE desde el punto de vista arquitectónico, de la gestión y de la atención adecuada a los internos", ha resumido Zoido sobre las siete instalaciones de este tipo que hay en España, de las que se han fugado más de 100 internos en los últimos cinco meses. Hasta 6.930 personas que estaban en situación ilegal en España fueron internadas en estos centros de carácter no penitenciario en 2015. "Les propongo no es seguir parcheando un problema, sino ser audaces y diseñar el modelo de CIE ideal para toda la Unión Europea", ha añadido.

Reforma de la Ley Penitenciaria

Zoido también ha abogado este miércoles por la reforma de la Ley Penitenciaria y de su Reglamento para, entre otras cuestiones, proteger a los funcionarios de prisiones de las agresiones que sufren por parte de los internos. En estas reformas en el ámbito de Prisiones, el titular de Interior ha resaltado la necesidad de dar rango de ley al régimen flexible del cumplimiento de las penas o al control telemático de los reclusos en tercer grado o régimen abierto, siempre contando con la opinión de los actores implicados, como los jueces de Vigilancia Penitenciaria o la comunidad catalana, la única que tiene transferida la competencia en Prisiones.

Creación de un Centro Nacional de Desaparecidos

Además, el Gobierno pretende impulsar durante la legislatura un Reglamento para la Ley Reguladora del Derecho de Asilo; una nueva Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y un Plan de Turismo Seguro, así como una Oficina de Lucha contra los Delitos de Odio y un Ccentro Nacional de Desaparecidos.

"Sería el responsable del control y gestión operativa de la base nacional de personas desaparecidas y restos humanos localizados, así como debería incrementar la relación entre la administración, las ONG, las fuerzas y cuerpos de seguridad, y los familiares de desaparecidos", ha argumentado Zoido. "Además, sería el responsable del control y gestión operativa de la base nacional de personas desaparecidas y restos humanos localizados, así como debería incrementar la relación entre la Administración, las ONG, las fuerzas y cuerpos de seguridad, y los familiares de desaparecidos".

52.279 de casos de violencia de género activos

Al cierre del mes de noviembre, la base de datos VioGén reflejaba 52.279  casos de violencia de género activos, 3.573 de ellos por riesgo medio, 169 por riesgo alto y 8 por riesgo extremo. El sistema, según ha explicado Juan Ignacio Zoido, ministro de Interior, ha registrado desde su puesta en marcha (2007) más de 435.000 casos de violencia de género.

El ministro ha declarado que uno de sus objetivos esta legislatura será lograr "más seguridad para las mujeres víctimas de la violencia de género, que destierren de una vez el miedo a convivir con alguien que confunde el amor con la posesión". Para ello, ha anunciado medidas como incorporar al sistema VioGén una "escala de riesgo homicida que permita anticiparse y tratar de impedir este tipo de muertes" en las evaluaciones que se realizan a las mujeres que denuncian.

Esa escala ya existe. Sin embargo, el Ministerio está explorando la posibilidad de modificar los formularios que sirven para establecer ese baremo y le ha encargado a un equipo multidisciplinar que investigue asesinatos ya ocurridos y registrados previamente en esa base de datos para detectar en qué falló la evaluación del nivel de riesgo. Cuando terminen esos trabajos, "se determinará si es posible introducir en los formularios de valoración de riesgo del Sistema VioGén, una escala de riesgo homicida que permita anticiparse".

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