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El Congreso empieza el proceso para desmontar la reforma laboral

La izquierda, nacionalistas e independentistas han dado un paso para revertir las leyes aprobadas en solitario por el PP

Los diputados en el Pleno del Congreso.

El Congreso ha dado este martes dos pasos decisivos, aunque no definitivos, para revertir dos leyes aprobadas en solitario por el PP la pasada legislatura: izquierda y nacionalistas e independentistas han admitido a trámite una modificación de la reforma laboral y la derogación de la potestad del Tribunal Constitucional para inhabilitar directamente a quien incumpla sus resoluciones. La primera la ha presentado el PSOE y la segunda PNV y PDECat (antigua Convergència). Podemos las ha apoyado y Ciudadanos se ha abstenido en la reforma laboral y ha votado contra la del Constitucional.

Las dos proposiciones de ley cuyo trámite ha aprobado este martes el pleno del Congreso, con el rechazo y el malestar del PP, empiezan ahora el largo procedimiento legislativo con posibilidades de enmiendas y paso por comisión, pleno y Senado. En el mejor de los casos, estarán listas a mediados de 2017.

La de la reforma laboral tiene una amenaza añadida porque fue vetada inicialmente por el Gobierno por afectar al Presupuesto, la Mesa del Congreso rechazó el bloqueo y está pendiente de que La Moncloa decida finalmente llevarlo al Tribunal Constitucional, que podría anularla en el futuro por vicio de procedimiento.

Como ocurrió con la paralización de la Lomce, el Gobierno podría verse también forzado a negociar y buscar un acuerdo que evite la derogación total y para que solo se matice el legado normativo de la mayoría absoluta. Algo parecido sucederá con la ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza: el PSOE quiere tramitar una proposición de ley de reforma y el Gobierno, ante lo inevitable, da signos de querer cerrar un acuerdo que salve algunos aspectos de la ley. El PP solo puede ralentizar la aprobación definitiva de estas reformas que, en principio, pueden suscitar acuerdo entre izquierda (PSOE y Podemos) y nacionalistas e independentistas.

Lo que hace la proposición de ley es añadir dos párrafos al primer apartado del Estatuto de los Trabajadores, que habla de subcontrataciones. Con ellos se obliga a los empresarios (contratista y subcontratistas) a mantener para los empleados de estos últimos las mismas condiciones laborales que en la firma principal. Para ello se impone la aplicación del convenio que rija en la empresa principal o "las que tendrían que aplicarse si fueran trabajadores contratados directamente por dicho empresario principal".

Esta redacción es la vía por la que se ponen límites a uno de los cambios que trajo la reforma laboral. Con ella se dio prioridad en la aplicación a los convenios de empresa frente a los sectoriales, esto ha permitido que muchas empresas dedicadas a la subcontratación, ofrezcan vendan sus servicios a otras exclusivamente a base de reducir el coste de la mano de obra firmando convenios con sueldos más bajos. Esto ha provocado que haya sectores y trabajos (camareras de piso o kellys, empleos agrícolas, logística) en los que se están pagando sueldos muy bajos en largas jornadas laborales. En muchos casos han sido los propios tribunales quienes han echado abajo esos convenios por falta de legitimidad en la negociación. Pero este cambio legal, prácticamente el mismo que se produjo en los años noventa ante una situación similar tras la entrada en España de las Empresas de Trabajo Temporal, pondría límites a la situación sin necesidad de que llegue a los jueces.

Reforma del Constitucional

La del Tribunal Constitucional supone eliminar la reforma que hizo el PP en solitario para hacer frente al proceso soberanista y perseguir con un procedimiento específico a quien no cumpla sus resoluciones hasta inhabilitarle. La iniciativa admitida a trámite es del PNV, aunque el PDECat presentó otra parecida. Para Aitor Esteban (PNV) se trata de “devolver de nuevo al sentido común algo que no debería haberse modificado nunca” y para Francesc Homs (PDECat) “no se debería haber permitido convertir al Constitucional en un órgano político que inhabilita unilateralmente a cargos elegidos democráticamente”.

El PSOE lo ha apoyado por considerar que es coherente con su posición de rechazo en 2015 y por ser un instrumento innecesario e inconveniente.

El texto del PNV incluye la derogación del recurso previo para estatutos que pactaron PP y PSOE, por eso los socialistas anunciaron que evitarán con enmiendas la aprobación de este apartado. En todo caso, Antonio Hernando, portavoz del PSOE, ha anunciado su voluntad de buscar un acuerdo con el PP y el Gobierno, para reconstruir la situación provocada en 2015 cuando Mariano Rajoy rompió el consenso para aprobar la reforma en solitario. El socialista no ha aclarado si ese consenso es condición imprescindible para que el PSOE la apoye al final del trámite, por lo que aún no está garantizado cómo y cuándo se aprobará.

El Gobierno ha reaccionado con virulencia al apoyo del PSOE a la proposición. Para la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Justicia, Rafael Catalá, “deshacer lo andado no tiene ningún sentido”. Los dos han apelado al consenso, aunque su reforma se aprobó en su momento solo con el voto del PP. 

La vía excepcional para obedecer al Constitucional

En 2015 el PP cambió en solitario la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para darle la capacidad de sancionar directamente con multa o inhabilitación a quien no cumpla sus resoluciones. Antes eran los tribunales ordinarios los que ejecutaban y sancionaban el incumplimiento y el Constitucional solo podía imponer multas. La proposición admitida propone volver a esa situación.

En el caso de la Generalitat y la presidenta del Parlament de Cataluña, el Gobierno ha preferido la vía penal en el Tribunal Superior de Justicia y el Supremo por la condición de aforados de los afectados. Es decir, renunció a aplicar la vía que aprobó de forma urgente y en solitario, lo que supone admitir que hay otras vías para hacer cumplir resoluciones del Constitucional.

El PSOE lo consideró inconstitucional, pero no llegó a recurrirlo. El tribunal avaló la reforma.

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