Los partidos chocan por la despenalización del delito de injurias a la Corona

“No cabe ni la más mínima duda de que esto no está amparado por la libertad de expresión, porque el legislador ha tipificado las injurias al Rey y con carácter general los ultrajes a España. Ha previsto justamente esta situación”, resume Manuel Cancio, catedrático de derecho penal de la Universidad Autónoma de Madrid. “Deberíamos tener una protección más rotunda de la libertad de expresión, incluyendo determinadas acciones simbólicas”, añade, recordando que en los Estados Unidos se puede quemar la bandera nacional. “Estos actos deberían estar despenalizados”, opina Cancio. “Es más importante la libertad de expresión que la necesidad de proteger la dignidad del Estado. Habría que cambiar la formulación del código penal”.

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“No sería penalmente relevante una conducta de estas características, porque se trata del ejercicio legítimo de la libertad de expresión”, discrepa Antoni Llabrés, profesor de derecho penal de la Universidad de Valencia. “La sobreprotección de la Corona tiene sentido porque intenta blindar la institución ante ataques que pueden socavar su prestigio. Pero este tipo de conductas expresan la discrepancia con la Monarquía y la opción a favor de otros regímenes, como la República o un Estado catalán independiente”, sigue. Y subraya: "Así como en el caso del delito de ultrajes creo que debería derogarse, porque incluso puede ser inconstitucional, en el caso de las injurias y calumnias al Rey es mucho más difícil sacar esto del Código Penal".

La Comisión de Justicia del Congreso, precisamente, debatirá el próximo martes una proposición de ERC para modificar o suprimir los artículos del Código Penal (490, 491 y 543) que prevén sanciones de hasta dos años de prisión por los delitos de calumnias o injurias a los miembros de la Casa Real. Desde 1981, ha habido una decena de juicios por esas infracciones que se han convertido siempre en un debate sobre los límites del derecho a la libertad de expresión. En 2008, medio centenar de abogados firmaron el Manifiesto para la despenalización de las injurias a la Corona. En 2011, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo (TDHE) condenó a España por violar el derecho a la libertad de expresión de Arnaldo Otegi, condenado a un año de prisión por llamar al Rey “jefe de los torturadores”. Y en 2015 el Tribunal Constitucional confirmó la multa a dos hombres que quemaron una fotografía oficial de don Juan Carlos y doña Sofía.

Castigo desproporcionado

Desde entonces, la quema de retratos reales se ha multiplicado. El independentismo en Cataluña ha crecido al mismo ritmo que las causas judiciales. Y eso ha encendido el debate político.

“Hemos defendido siempre que las injurias no van en relación a un retrato, a una fotografía o a una manifestación, que no son otra cosa que la libertad de expresión de cada uno en relación al respecto que tiene a cada institución”, argumenta la diputada Ester Capella, de ERC y firmante de la propuesta de modificación legal.

“Creo que los derechos que están considerados fundamentales en la Constitución deben tener una especial protección y tolerancia”, coincide el juez Juan Pedro Yllanes, que es diputado de Podemos. “Si la discrepancia se mostrara verbalizando que no se está de acuerdo con el modelo de Estado en lugar de rompiendo o quemando una foto del Rey, probablemente no habría actuación de los órganos judiciales. El hecho de que sea la imagen lo que proporciona la respuesta penal me parece desproporcionado”.

"[Esas acciones] deberían estar amparadas por la libertad de expresión porque la libertad de expresión está por encima de cualquier caso", opina Aitor Esteban, portavoz del PNV. "Ahora bien, no compartimos ese tipo de actitudes porque es perfectamente posible expresar las posiciones firmes y radicales sin tener que llegar a esos extremos", continúa. "Flaco favor le hacen al proceso catalán ese tipo de actitudes".

El PP, el PSOE y Ciudadanos no comparten ese punto de vista, y piden que el Código Penal se aplique en sus términos actuales.

“Desde el punto de vista jurídico, debe primar el cumplimiento de la Ley, en especial las que velan por el respeto a las instituciones”, opina Pablo Casado, vicesecretario de Comunicación del PP. “Y desde el punto de vista político, defiendo la figura del Rey, no solo como figura constitucional e histórica, sino porque es un gran jefe de Estado y el mejor servidor público que tenemos”.

“Todos los derechos tienen unos límites”, subraya el socialista Juan Carlos Campo, magistrado, exvocal del Consejo General del Poder Judicial y exsecretario de Estado de Justicia. “La libertad de expresión conjugada aquí hay que observarla en esos términos. Quemar las imágenes de nadie en democracia es un mal sistema. Con el fuego te intoxicas o te quemas. No es una forma razonable de reivindicar nada”, sigue. “¿Eso es delito?”, se pregunta. “En este momento hay una descripción fáctica que se asemeja. Hay que investigar el ánimo que tenían: si era dañar el prestigio de la institución, están de lleno en el código penal”

Con él coinciden en Ciudadanos. “Las leyes están para cumplirse. La conducta encaja con el tipo objetivo previsto en el Código Penal. Si a alguien no le gusta, que inste a su modificación”, resume Juan Carlos Girauta, portavoz parlamentario de este partido. “Si alguien quiere cambiar el código penal, que lo proponga. Quien quiera reformarlo que lo haga”, remata Albert Rivera. “Lo que no vale es decir que cuando lo hago yo, no se aplica. Las leyes democráticas son garantías para que todos los ciudadanos seamos iguales y que el poder no sea arbitrario”.