Una justicia lenta, politizada, antigua y ahogada en papel

Antonio Seoane celebra 26 juicios a la semana, pero ha llegado a señalar 60. Los nuevos despidos, reclamaciones por pensiones de viudedad o invalidez, problemas sindicales o de acoso laboral se agolpan en la mesa de su despacho día tras día. Su carga de trabajo está al 200% de lo considerado razonable. Trabaja por las tardes, muchas noches y los fines de semana. Y sabe que nunca será suficiente. La justicia le devuelve a este magistrado su particular roca de Sísifo una y otra vez; un colapso imposible de atajar.

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La justicia en España es lenta, sobre todo en algunas jurisdicciones. Hay juzgados señalando juicios para 2020. Y los ciudadanos creen que, además, está politizada. El 56% de los españoles, según el informe sobre los indicadores de la justicia en la UE publicado el pasado abril por la Comisión Europea, tiene una opinión mala o muy mala sobre la independencia de los jueces, desconfianza que argumentan sobre todo por supuestas presiones políticas y económicas.

La ineficacia y la apariencia de politización de la justicia son los dos grandes problemas en torno a los cuales gravitan todos los demás. Pero ningún Gobierno democrático los ha abordado de forma radical. Quizá porque los ciudadanos no aprecian que la Administración de Justicia sea uno de los principales problemas del país (solo lo consideraba así el 1,4% de la población según el último barómetro del CIS); quizá porque la gente tiene relación con los juzgados en momentos puntuales de su vida y, a diferencia de lo que ocurre con la Sanidad o la Educación, la lentitud de la justicia nunca sacará a las masas a la calle; o quizá porque se trata de una reforma compleja y que requiere de múltiples consensos.

Los operadores jurídicos (abogados, jueces, fiscales, secretarios judiciales, funcionarios…) coinciden en que la solución no se puede demorar más, en que es urgente un Pacto sobre la Justicia que lleve de una vez al siglo XXI a uno de los tres poderes del Estado; un pacto duradero que pueda sentar las bases para el buen funcionamiento del sistema judicial como servicio público que tiene la obligación de atender en tiempo y forma las reclamaciones ciudadanas. Y, por primera vez, parece que hay también consenso entre los partidos sobre la necesidad de acometer estas reformas. “El momento político es idóneo”, opina Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española. “No se puede desaprovechar esta oportunidad”.

Sistema poco ágil y mal dotado

España tiene 5.800 jueces, 5.500 de ellos en activo. Son 12'5 por cada 100.000 habitantes, muy lejos de los 21'6 de media de la UE —aunque los criterios de cómputo no son homogéneos—. Los expertos consultados coinciden en que aumentar la planta judicial es necesario. Pero añaden que no es suficiente; que de nada sirve poner 4.000 o 5.000 jueces más en el país si eso no va acompañado de otros mecanismos que dejen atrás el viejo modelo organizativo del siglo XIX.

“Es urgente racionalizar el trabajo”, opina Margarita Robles, exmagistrada del Tribunal Supremo, diputada socialista y presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso. “Hay jurisdicciones y juzgados colapsados mientras otros tienen una carga de trabajo mínima, como los juzgados de menores o las salas civiles y penales de los tribunales superiores de justicia. Un primer paso sería hacer una radiografía de los juzgados existentes y de su carga de trabajo. Las estadísticas ahora no son fiables. Están las del Poder Judicial, las de las comunidades autónomas… Yo soy partidaria de una auditoría externa que diga de verdad quién sobra, quién no sobra y cuántos y dónde faltan”.

Hacen falta más jueces, pero no necesariamente más juzgados. Los magistrados plantean la posibilidad de crear, en vez de más juzgados unipersonales, tribunales de instancia en los que un secretario y un grupo de funcionarios puedan atender las necesidades de varios jueces. Porque los atascos no suelen estar en la tramitación de los casos sino en las resoluciones que tienen que dictar los magistrados. Así, la creación de nuevas plazas de juez no conllevaría la creación del mismo número de órganos judiciales y exigiría una menor inversión. “Esto supondría que el trabajo se podría repartir racionalmente entre todos los miembros de ese tribunal”, defiende José María Páez, juez decano de Málaga. “Y se evitaría esa situación tan absurda de que en un juzgado entren 2.500 asuntos al año y en otro 250”.

Sobre la mesa está también modificar el número de partidos judiciales en los que se divide España, 431, para simplificar el modelo y poder concentrar los recursos. “¿Qué sentido tiene que en Asturias haya ahora 18 partidos judiciales?”, se pregunta Ignacio González Vega, portavoz de la asociación progresista Jueces para la Democracia. “Tal y como están configurados, se crearon pensando en que los ciudadanos iban en diligencia, a caballo o a pie”, añade Manuel Almenar, portavoz de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, de tendencia conservadora. “Hoy en día no tienen sentido. La eficacia requiere partidos judiciales de mayor extensión y grandes sedes donde se concentren juzgados que estén dotados de más medios y mejores servicios de apoyo”.

Toneladas de papel

Otra cuestión: reducir las toneladas de papel que anegan los juzgados. “Para agilizar la justicia hay que arreglar de una vez el tema del expediente digital”, señala Páez, decano de Málaga. “Ahora mismo hay ocho sistemas informáticos distintos —siete de algunas comunidades autónomas con competencias de justicia transferidas y otro del ministerio—, que no se pueden comunicar entre sí. No tiene ningún sentido. ¿Queremos o no queremos que la justicia funcione a nivel nacional? Esa es la gran pregunta”. Los jueces decanos presentaron en octubre un documento consensuado sobre la necesidad de un Pacto de Estado y cuáles deberían ser sus líneas maestras.

Más jueces, mayor concentración de sedes, más y mejores servicios comunes, reorganizar el mapa judicial, más recursos en la oficina judicial avanzar en la senda tecnológica... Sobre el papel, parece fácil. Pero no lo es. La racionalidad suele chocar con unos alcaldes —de todos los partidos— que no quieren que se suprima un solo partido judicial porque lo perciben como una pérdida de poder; con unos intereses sindicales que muchas veces no ven con buenos ojos algunos cambios; con unas comunidades autónomas que se resisten a cambiar su sistema informático para que sea compatible con el resto; y con unos presupuestos —autonómicos y estatales— que no acompañan.

“Todos tenemos muy claro lo que hay que hacer, pero luego no se hace”, lamenta Robles. “Los magistrados, en todo caso, planteamos soluciones para casi todo”, asegura el decano Páez. “Sabemos que el tema de los partidos judiciales es políticamente complicado, así que otra opción sería mantener esos juzgados de partidos pequeños pero con menos competencias y avanzar por el camino de los juzgados especializados y tribunales de instancia. Existen muchos puntos de consenso posible y deberíamos centrarnos en ellos”.

¿Que instruyan los fiscales?

Hay un sinfín de debates abiertos: mejorar la forma de seleccionar a jueces y fiscales para que no solo se valore su memoria; potenciar de verdad los medios alternativos de resolución de conflictos, la mediación y el arbitraje; llevar a cabo reformas procesales valientes que establezcan procedimientos más sencillos y racionales que reduzcan dilaciones y carga de trabajo; una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que sustituya a la de 1881 y que probablemente lleve la instrucción a manos de los fiscales...

“Pero si se quiere ir adelante con esta idea se tiene que garantizar la autonomía de los fiscales y dar la vuelta a su estatuto”, opina Álvaro García, de la Unión Progresista de Fiscales. “La constitución establece que sea el Gobierno quien nombre al Fiscal General del Estado y reformarla es complicado, pero sí se puede blindar la carrera fiscal frente a injerencias políticas e impedir que el fiscal general pueda dar órdenes de no acusar a alguien”.

Un sistema que debe ser imparcial... y parecerlo

La politización de la justicia es la otra gran cuestión que debe abordar un pacto por la Justicia. El sistema no solo tiene que ser independiente, sino que debe parecerlo. El modelo de elección de los miembros del órgano de Gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, está siempre en el centro de ese debate. De sus 20 vocales, 12 son jueces y 8 son juristas de reconocido prestigio nombrados por el Parlamento. ¿Cómo deben nombrase los 12 procedentes de la judicatura? Los compromisos internacionales aceptados por España exigen que los jueces participen de alguna manera, pero no necesariamente excluyen un modelo mixto que incluya a las Cortes —como el anterior al actual, en el que las asociaciones de jueces preseleccionaban y el Parlamento elegía—. El Partido Popular y Ciudadanos pactaron una elección solo judicial, pero el PSOE no parece estar por la labor de excluir a las Cortes del proceso. El modelo perfecto, de cualquier forma, no existe.

No es lo único que debe revisarse. El régimen de ascensos y promociones es también motivo frecuente de queja entre jueces de base que aseguran que poner sentencias y hacer el trabajo bien no es suficiente para ascender y mejorar en la carrera; que quien no tiene contactos y se mueve políticamente no tiene acceso a ciertos cargos y que el interés del Gobierno por controlar determinados espacios, como la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, lo contamina todo. “Sería esencial objetivar el régimen de nombramientos, que haya que motivar exhaustivamente cada elección y que todo se lleve a cabo con la más absoluta transparencia”, defiende Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española.

“Es necesario replanteárselo todo”, dice el juez Seoane entre su montón de expedientes de papel. “Hasta ahora no ha habido una conciencia democrática de que sin una justicia que funcione no hay división de poderes”.