Procesado un militar por amenazar a sus jefes en las redes sociales

El teniente de navío Antonio del R. P. se enfrenta a una pena de hasta dos años de cárcel como presunto autor de amenazas e insultos contra mandos de la Armada —entre otros, los exjefes del Mando de Personal y de la Flota— a través de la red social Facebook y por Whatsapp. La titular del juzgado togado militar territorial 12 ha dictado auto de procesamiento contra el citado oficial, que ya fue condenado a dos años, siete meses y 15 días de cárcel por abusos sexuales contra una marinero, cuando mandaba el destacamento de la isla de Alborán.

Fue durante este procedimiento cuando el oficial, sintiéndose abandonado por sus jefes, habría vertido, en la página de Facebook del Colegio de Huérfanos de la Armada, comentarios injuriosos contra sus mandos, a los que se refería despectivamente como Zipi y Zape o Cara Limón. Además, habría arrojado sus uniformes en el jardín de la casa de un hermano del jefe de personal de la Armada y remitido a una compañera un Whatsapp en el que amenazaba con agredir a los hijos de los mandos militares que acudían a la guardería Grumete de la base de Rota.

“1 mes de prisión por prevaricación = 1 ataúd blanco. [Los de] el Estado Islámico van a ser angelitos a mi lado. Ojo conmigo... y luego ponerle los ataúdes a J. A. R. en la puerta de su casa o en la de su hermano, que os coge más cerca”, decía un mensaje.

A pesar de que, tras el envío de una comisión rogatoria a EE UU, la compañía Facebook alegó que no conservaba los datos de esos mensajes para poder identificar al usuario, la juez se los atribuye al teniente de navío y descarta que la autora fuera su esposa, que se autoinculpó pero no ofreció respuestas convincentes en su interrogatorio como imputada.

La juez basa su convicción en la coincidencia entre los mensajes de Facebook y algunos escritos del teniente de navío y en el hecho de que los mensajes de Whatsapp fueron enviados desde el móvil que se le incautó cuando fue detenido. El militar fue examinado por un psiquiatra, quien dictaminó que, aunque estuvo sometido a una gran tensión, era consciente de la ilicitud de sus actos.

El oficial, que no sufrió prisión preventiva por los abusos sexuales, ha estado varios meses en prisión provisional por las amenazas a sus jefes.