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La fiscalía acusa a Sito Miñanco de blanquear ocho millones con una inmobiliaria

El histórico líder de narcotráfico se enfrenta a una condena de seis años de prisión

José Ramón Prado Bugallo abandona la Audiencia de Pontevedra en 1997. Ampliar foto
José Ramón Prado Bugallo abandona la Audiencia de Pontevedra en 1997. Archivo

José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco, es el último de los históricos capos gallegos del narcotráfico que quedaba por demostrar el origen de su patrimonio y que ha caído en la madeja de una larga investigación de la Fiscalía de Pontevedra. El ministerio público le acusa de haber blanqueado, en apenas una década, unos ocho millones de euros en la compra de 50 propiedades inmobiliarias, la mayoría situadas en las mejores zonas turísticas de las Rías Baixas.

Prado Bugallo, de 61 años, cumple todavía su segunda condena de 16 años por narcotráfico y ahora afronta ahora otra de 6 años por blanqueo y una multa de 10 millones de euros, según ha avanzado este viernes el fiscal jefe de Pontevedra, Juan Carlos Aladro. Se juega, además, el decomiso de todo este patrimonio que han logrado aflorar e inventariar inspectores de Hacienda y que Miñanco fue adquiriendo desde finales de los años ochenta a través de la Inmobiliaria San Saturnino, con sede en Cambados, su pueblo natal.

En la misma causa, secreta durante varios años en un juzgado de esta localidad arousana, también aparecen como acusados —con idéntica petición de condena— la mujer de Sito Miñanco, la propietaria de la citada inmobiliaria, una de sus hijas y una cuñada. En el punto de mira de la fiscalía también se encuentra el empresario y presunto testaferro del narcotraficante, José Alberto Aguín Magdalena, que estuvo implicado en la causa que se derivó de la primera detención de Miñanco, en enero de 1991, por la que fue condenado por receptación.

Aunque la inmobiliaria San Saturnino se creó a finales de los años setenta, cuando Prado Bugallo era uno de los jefes de las tres principales compañías que controlaban el contrabando de tabaco en Galicia, la investigación de la Fiscalía de Delitos Económicos se ciñe a la actividad de la empresa entre 1998 y 2007, que utilizó sociedades interpuestas para adquirir bienes.

El grupo de abogados que defiende a Sito Miñanco, a sus familiares y a sus presuntos testaferros —entre los que se encuentra un exmagistrado de Madrid— han intentado tumbar la instrucción alegando la prescripción de los delitos y, sobre todo, tratando de desvincular al famoso narcotraficante de cualquier actividad empresarial. De hecho, la petición de archivo llegó a ser estimada por un tribunal de la Audiencia de Pontevedra, aunque finalmente fue denegada por otro tras recurrir la fiscalía.

Además de aportar las cuentas de la sociedad para demostrar su precario estado económico por las deudas contraídas con los bancos, la vida sentimental de Sito Miñanco adquiere protagonismo en esta nueva batalla judicial. En contra de los argumentos del fiscal, que considera a su mujer un testaferro de sus bienes, los abogados tratan de acreditar que el matrimonio Prado Pouso no existe desde finales de los ochenta, cuando el capo inició su aventura en la ciudad de Panamá para ampliar sus negocios, por lo que nunca pudo tener vinculación ni siquiera indirecta con la inmobiliaria en cuestión. Entre las pruebas que desgranan sus abogados está la hija que nació de su relación con una mujer panameña y que, según alegan, habría sido la causa de su ruptura matrimonial.

Sito Miñanco ha pasado 21 años en prisión y ahora cumple la última parte de su segunda condena de 16 por tráfico de cocaína, que podría alargarse todavía más. Aunque se encontraba entre los objetivos de la Operación Nécora, fue detenido en Madrid siete meses después de que el juez Baltasar Garzón ordenase su búsqueda.

Cuando apenas llevaba unos meses en libertad condicional, fue capturado de nuevo en agosto de 2001, implicado en uno de los mayores cargamentos apresados en alta mar. En un chalé de Villaviciosa de Odón (Madrid), Prado Bugallo fue sorprendido con un equipo electrónico de transmisión y varios teléfonos vía satélite, controlando la posición de los barcos y dando instrucciones a sus tripulaciones para asegurar el trasvase de más de cuatro toneladas de cocaína del buque nodriza a las planeadoras que las trasladarían a tierra.

En abril de 2015, la Audiencia Nacional aceptó su último recurso para lograr el segundo grado penitenciario que desde entonces le ha permitido disfrutar de una situación de semilibertad, en Algeciras. Miñanco tuvo aceptar como condición que su centro de trabajo estuviera alejado de Galicia además de redactar, de su puño y letra, una carta de arrepentimiento por los delitos cometidos en la que pide perdón a la sociedad.

Un contrato de trabajo indefinido en una empresa de servicios de vigilancia de edificios, aparcamientos y consulados con domicilio social en Madrid fue determinante para que Sito Miñanco pudiera abandonar la prisión y desempeñe funciones de "comercial y supervisor" para la delegación que la firma tiene en Andalucía.

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