El PSOE castiga a parlamentarios afines a Sánchez pero salva a Robles

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La gestora del PSOE ha optado por aplicar una cadena de castigos de dureza intermedia para los diputados que no acataron la abstención en la investidura de Mariano Rajoy. El criterio seguido por la comisión gestora trasluce el afán de no aparecer excesivamente justicieros aunque sí dejar en evidencia que esa disidencia tuvo un carácter muy grave. No solo han sido afectados, aunque no todos, los del no, sino también partidarios del anterior secretario general, Pedro Sánchez, a pesar de que se abstuvieron. Margarita Robles sigue como presidenta de la comisión de Justicia. Susana Sumelzo, también afín a Pedro Sánchez, deja de ser portavoz en una de las comisiones.

Tal y como se preveía, las dos integrantes de la dirección del grupo parlamentario socialista en el Congreso que votaron en contra de la investidura del candidato del PP dejan de serlo. Se trata de Meritxell Batet (PSC), cuyo puesto permanece vacante, y Sofía Hernanz (Baleares), a la que relevará Pedro Muñoz, diputado por Ávila. “Respeto y acepto la decisión de la gestora, seguiré trabajando como coordinadora de los diputados del PSC en el Congreso para que la relación entre todos los socialistas siga siendo muy fluida”, ha manifestado Batet.

María Luisa Carcedo, hasta ahora secretaria general en el Senado y próxima a Pedro Sánchez, también se queda fuera de la dirección en la Cámara alta. La reemplaza Matilde Valentín Navarro.

Susana Sumelzo pierde la portavocía que ostentaba y ya no será la voz socialista en la comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo. La sustituye David Serrada, diputado por Salamanca. En cuanto a los otros tres portavoces que votaron no a Rajoy, la gestora ha decidido mantenerlos en sus puestos: Manuel Cruz al frente de la portavocía de Educación; Joan Ruiz en Política Integral; y María Mercè Perea en la del Pacto de Toledo. Los tres pertenecen al PSC.

Los criterios seguidos por la comisión gestora se han apoyado en la recomendación de algunos líderes territoriales en relación a los parlamentarios de sus federaciones, “la confianza y su capacidad”, según el secretario de Organización y portavoz de la gestora, Mario Jiménez. Especial sorpresa causó, según diversos testimonios recogidos entre afines a la gestora en el grupo parlamentario, el mantenimiento de la magistrada Margarita Robles al frente de la presidencia de la comisión de Justicia cuando hasta hace pocos días se consideraba que sería relevada. Estos interlocutores ven relación con la actuación del PSOE en el nombramiento del exministro Jorge Fernández Díaz a quien se descabalgó de la presidencia de la Comisión de Exteriores para irritación del PP. El cambio en las presidencias habría llevado aparejado que el PSOE debiera volver a negociar con el PP nuevos nombres y, debido al encontronazo del día anterior, se daba por seguro que no iban a acceder.

Jiménez, sin embargo, ha asegurado que se trataba de una cuestión de respeto institucional y, por tanto, debía apartarse de los asuntos internos del partido. Así las cosas, los afectados son portavoces o adjuntos a comisiones además de miembros de la dirección de los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado. Otro criterio, al margen de todo lo demás, es el trato diferenciado al PSC. El puesto de Batet quedará vacante hasta que termine la negociación entre el PSOE y los socialistas catalanes ya que está en el aire que el PSC vuelva a ocupar puestos en los órganos de dirección socialista.

Con la salida de la dirección del grupo de Hernanz tampoco ha habido salvación para los dos diputados baleares que votaron no a la investidura de Mariano Rajoy. Además de Hernanz, Pons ha quedado excluido de las portavocías (iba a serlo de la comisión mixta para la UE, donde le ha sustituido Eduardo Madina). En la dirección del grupo en el Congreso queda como número uno Antonio Hernando. Siguen Miguel Ángel Heredia, Isabel Rodríguez, Marisol Pérez Domínguez y José Luis Ábalos.

El capítulo de los diputados díscolos podía haber acabado así. Sin embargo, la gestora ha decidido castigar también a algunas diputadas que se abstuvieron. Este ha sido el caso de la diputada asturiana Adriana Lastra, muy vinculada al anterior secretario general, Pedro Sánchez, que ha sido reemplazada en la portavocía de Administraciones Públicas. Lastra utilizó la fórmula “por imperativo, abstención”, del mismo modo que hizo la parlamentaria murciana María González Veracruz que, sin embargo, se mantiene como portavoz de Innovación. Pero, como si se pretendiera que el castigo no fuera demasiado duro, Lastra ha recibido la portavocía adjunta de Defensa. Este movimiento significa que la excomandante Zaida Cantera pierde ese puesto y queda de momento como diputada sin responsabilidad concreta. Su futuro y el de Margarita Robles se antojaba unido al ser las dos diputadas independientes pero mientras que relevar a la magistrada de la presidencia de una comisión obligaba a negociar con el PP, eliminar a Cantera de una portavocía queda en el ámbito exclusivo de su grupo político.

Una treintena de portavoces se verán afectados por la reestructuración que la gestora ha hecho en los grupos parlamentarios -Francisco Ocón, uno de los miembros críticos de la gestora, ha lamentado que no se les facilitara un listado por escrito durante la reunión- e incluso aún queda la resolución del procedimiento disciplinario que abrió el grupo parlamentario para los que no obedecieron el mandato del comité federal. Con seguridad quedará en una multa económica de 600 euros ya que la decisión política de relevar de cargos que llevan aparejado estatus y dotación económica ya la tomó anoche la comisión gestora. No está cerrado del todo que la disidencia de los diputados del PSOE, no los del PSC ni de las independientes, vaya a quedar zanjada. La gestora aún tiene en su mano abrir expedientes con otro tipo de castigos como la suspensión de militancia aunque ese no era hoy el clima en la sede federal de Ferraz.