Los ‘niños de la calle’ se manifiestan en Melilla

"Con los niños no se juega", reza la pancarta que dos chavales sujetan, a las doce del mediodía, frente a la Consejería de Bienestar Social de Melilla. Allí, casi una veintena de jóvenes —entre ellos, menores de edad— se ha concentrado este jueves para denunciar la situación de "desprotección" que padecen. Viven al raso, mendigan, sufren abusos y huyen de la policía. "Hay unos 60 niños durmiendo en las calles de la ciudad. Y el Gobierno local, que tiene la tutela, no hace nada para solucionarlo", apunta Rosa García, de Harraga, una de las asociaciones que presta ayuda a estos adolescentes de origen magrebí, que cada día intentan colarse como polizones en uno de los ferrys que cruza el Estrecho.

"Con esta protesta tenemos como objetivo visibilizar un problema que viene de lejos", continúa la portavoz del colectivo. Las ONG denuncian que el Gobierno "bloquea" en la ciudad a decenas de chicos que entran solos en Melilla tras cruzar la frontera: estos permanecen en los centros de menores de la localidad, ya que la tutela le corresponde por ley al Ejecutivo autonómico; pero, una vez que cumplen los 18 años, son expulsados de estos complejos y se quedan en la calle sin documentación. "La policía los detiene entonces y los devuelve a Marruecos. Por eso, los chavales se escapan antes para tratar de llegar a la Península", detalla José Palazón, de la ONG Prodein: "Es una situación que existe desde hace mucho, pero se ha agravado en el último año".

Melilla cuenta con tres centros para alojar a los menores. Pero el más grande de ellos, La Purísima, arrastra desde hace lustros una saturación constante, además de denuncias de malos tratos de las ONG. Y el Defensor del Pueblo recalcó en un informe, incluso, que este complejo "no reúne las características para ser considerado un recurso residencial de larga duración". Algunos de los chicos prefieren, por tanto, vivir en la calle que continuar allí dentro.

El Ejecutivo local repite que estos chicos no quieren aceptar las normas y que muchos se dedican a robar —"empleando la violencia, incluso"—. "Con esas declaraciones, el Gobierno lo que busca es criminalizarlos", concluye Rosa García. El Defensor del Pueblo ha instado a principios de este año a Melilla a "adoptar medidas asistenciales y educativas", "visto que las medidas coactivas no se han demostrado efectivas": "Las dificultades encontradas por los menores, como la discriminación en su escolarización, desincentivan su permanencia en los centros y suponen un acicate para que quieran dirigirse a la Península".