El final de ETA

Identificados 12 supuestos agresores de los guardias civiles de Alsasua

La juez sostiene que el ataque busca crear un “clima de miedo” para aislar al instituto armado

Pancarta en favor de los detenidos por la agresión a dos guardias civiles en Alsasua.
Pancarta en favor de los detenidos por la agresión a dos guardias civiles en Alsasua. J. Hernández

La Guardia Civil y la Policía Foral han identificado a una docena de personas –nueve hombres y tres mujeres- como supuestos autores de la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en la noche del pasado 15 de octubre en Alsasua (Navarra). La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha reclamado al Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona, que lleva el caso por atentado, lesiones y delito de odio, que le remita la investigación al apreciar que los hechos constituyen un delito de terrorismo.

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Según la magistrada, el ataque del bar Koxka, en el que resultaron lesionados los dos guardias –un teniente y un sargento- forma parte de la campaña de acoso de ETA y su entorno al instituto armado para que sus miembros abandonen el País Vasco y Navarra. Además, sostiene la juez, la agresión busca crear un “clima de miedo” entre los ciudadanos que les lleve a aislar socialmente a los agentes y a sus familias.

En su auto, la juez Lamela cita los informes elaborados por la Guardia Civil y la Policía Foral navarra. El atestado del instituto armado afirma que tres de los identificados –Jokin Unamuno, Adur Ramírez de Alda y Edurne Martínez- forman parte del movimiento Ospa! (¡Largo!, en euskera). Este grupo, apoyado por Bildu, Sortu y Ernai (juventudes de la izquierda abertzale), tiene un doble objetivo, según la juez. Por un lado, busca “influir ostensiblemente y de manera negativa en la calidad de vida de los agentes de la Guardia Civil” y de sus familiares y amigos. Así, según el escrito, Ospa! trata de que estos se sientan en todo momento “objetivo de grupúsculos violentos” y tengan miedo de realizar actividades cotidianas como comprar en comercios de Alsasua, disfrutar del tiempo libre o apuntar a sus hijos a actividades.

El segundo plan de sus campañas es, afirma la juez, “crear un clima de miedo entre los ciudadanos, instándoles de manera indirecta a no entablar ningún vínculo afectivo o simplemente de amistad o cortesía con miembros de la Guardia Civil”. Los ciudadanos que incumplan esta estrategia de aislamiento social, dice Lamela, se convierten automáticamente en afines al cuerpo armado y sus personas y bienes pasan a ser objetivo de los “grupúsculos violentos”.

La magistrada insiste en que el ataque a los dos guardias del 15 de octubre, además de ser un atentado contra la integridad física de los agentes, busca “atemorizar a colectivos que no comparten las ideas” de los autores de la agresión y “generar una grave alteración para la paz pública”. Estos objetivos encajan en la definición del terrorismo recogida en el artículo 573 del Código Penal, por lo que Lamela reclama la causa a la juez de Pamplona. Esta magistrada, según fuentes jurídicas, considera que los hechos no suponen un delito de terrorismo por lo que previsiblemente será el Tribunal Supremo el que dirima qué juzgado investiga finalmente el caso.

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Además de los tres responsables de Ospa!, los informes de la Guardia Civil y de la Policía Foral implican en los hechos a otras nueve personas. Se trata de Aratz Urrizola, Julen Goikoetxea, Jon Ander Cob, Iñaki Abab, Oihan Arnanz, Aitor Calleiras, Ainara Urquijo, Aritz Urdangarin y Nahia Bengoetxea.

Sobre la firma

Fernando J. Pérez

Es redactor y editor en la sección de España, con especialización en tribunales. Desde 2006 trabaja en EL PAÍS, primero en la delegación de Málaga y, desde 2013, en la redacción central. Es licenciado en Traducción y en Comunicación Audiovisual, y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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