Anticorrupción pide archivar el caso de la compra y reforma de la sede del PP balear

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido este viernes el archivo provisional de la pieza número 28 del caso Palma Arena que investiga la compra y reforma de la sede del PP de Baleares. En un escrito registrado en el juzgado, Anticorrupción pide el cierre de la causa al considerar que, tras las diligencias practicadas, no se ha podido concluir que la operación de compra del inmueble o las posteriores obras de reforma fueran financiadas con fondos de origen ilícito. El ministerio público apunta que con las pruebas practicadas hasta el momento no se puede mantener una acusación por financiación ilegal, aunque la petición de archivo provisional deja margen a la reactivación del asunto si en un futuro aparecen nuevos indicios de irregularidades. 

Esta pieza fue la última que abrió el juez José Castro por la macro causa del Palma Arena, a raíz de la declaración en la fiscalía del que fuera regidor de Urbanismo en Palma con el PP, Javier Rodrigo de Santos. De Santos afirmó que la sede de los populares en la capital había sido comprada y reformada por un empresario que obtuvo a cambio varias concesiones públicas del Gobierno de Jaume Matas (PP). Según De Santos, el constructor Antonio Pinal, propietario de la empresa Bruesa, habría aportado el dinero para comprar la sede a cambio de una importante licitación de viviendas en un solar de Palma. Una declaración afianzada por el testimonio del extesorero del PP Luis Bárcenas, que también declaró como testigo apuntando a Pinal como uno de los empresarios que colaboraban con el partido. 

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En los últimos meses, el juez Castro reactivó la investigación siguiendo la pista de las operaciones realizadas por la empresa de Pinal. El juez investigó un préstamo de 600.000 euros en metálico de un promotor a Pinal, una cantidad que coincide con el coste de la operación de compra de la sede del PP, situada en la calle Palau Reial, en pleno centro del casco histórico de la capital balear. A pesar de estas últimas diligencias, la fiscalía considera en su escrito que no se ha podido ratificar el posible origen fraudulento de los fondos o que la constructora recibiera adjudicaciones a cambio de ello. 

El escrito de petición de archivo provisional está rubricado por la fiscal Laura Pellón, que junto con la también fiscal Ana Lamas fueron nombradas el pasado septiembre como delegadas provisionales de Anticorrupción en las islas, después de que Pedro Horrach anunciara su intención de abandonar el ministerio público. Pellón ha comenzado a hacerse cargo de los asuntos que tramitaba el fiscal Horrach, como algunas de las piezas del Palma Arena que quedan pendientes y otros asuntos relacionados con corrupción, hasta que el fiscal del caso Nóos abandone el cargo para pasar a ejercer la abogacía una vez se conozca la sentencia por la causa que sentó en el banquillo a la infanta Cristina.