La Comisión de Interior del Congreso inspecciona los CIE

Representantes de todos los partidos de la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados acudieron ayer al Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche para realizar su propia inspección ocular y preguntar a sus responsables todo cuanto consideraron oportuno. El Ministerio del Interior, tras los sucesivos motines y fugas que se vienen sucediendo en los últimos meses en estos centros —ocho en toda España— y la orden judicial de instalar más cámaras de vigilancia para evitar potenciales abusos con los internos, hizo una concesión inédita de transparencia permitiendo la entrada guiada de los diputados, acompañados por el director general de la Policía, Ignacio Cosidó. Este mismo martes se produjo un último motín en Barcelona.

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Se trata de centros en los que permanecen encerrados extranjeros en situación irregular durante un máximo de 60 días y mientras se realizan los correspondientes trámites de expulsión. No son cárceles pero se parecen, pese a que dentro se mezclan personas que solo han incumplido el requisito administrativo de no tener los papeles en regla con delincuentes comunes. Y son lugares tradicionalmente opacos y solo accesibles para los policías que los custodian y los servicios sanitarios, jurídicos y sociales que los asisten.

Ayer, en cambio, abrieron sus puertas a los políticos —por la mañana a los diputados y por la tarde a una delegación encabezada por la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena—. A la salida, y pese a que realizaron juntos la visita, cada uno de ellos parecía haber visto un centro distinto. La idea era dirimir si se respetaban los derechos humanos, si se podían haber producido abusos contra los internos y si la asistencia recibida por los mismos era la adecuada. Hubo opiniones para todos los gustos, a falta de que la defensora del pueblo, Soledad Becerril, finalice el informe que inició la semana pasada y la comisión de Interior haga su propia resolución sobre el asunto.

El secretario de Ciudadanos en el Congreso, Miguel Gutiérrez, aseguró no tener constancia de que no se cumplan los derechos humanos en el CIE de Aluche y pidió la instalación de un servicio sanitario de 24 horas, incluido los fines de semana. Su partido, dijo, mantiene su propuesta de que sean fundaciones privadas las que se hagan cargo de su gestión, en lugar del Estado a través del Cuerpo Nacional de Policía.

El informe de la Defensora del Pueblo

El portavoz socialista de Interior, Antonio Trevín, solicitó que la Defensora del Pueblo haga público "cuanto antes" su informe sobre la situación de ese centro y comparezca en la Comisión de Interior del Congreso. Además, aseguro que era necesario hacer "un esfuerzo económico suplementario" tanto para garantizar la seguridad en los centros "dotándolos con más medio y policías" como vienen demandando los sindicatos, como para  que se garanticen los derechos humanos dentro.

Por su parte, el diputado del PP y presidente de la Comisión de Interior del Congreso, Rafael Merino, calificó como "muy positiva y de absoluta transparencia" su visita, pese a que se refería constantemente a estos centros como "CEI" en lugar de como CIE. Aseguró que las instalaciones eran "dignas y apropiadas" con los protocolos de derechos humanos. En la misma línea, el director general de la policía, Ignacio Cosidó, defendió la importancia de los CIE para un control de la inmigración irregular "eficaz y respetuoso con los derechos humanos", al tiempo que recordaba que el internamiento ha caído un 40%.

Acto seguido, los representantes de Podemos y los últimos en salir, Rafael Mayoral, Irene Montero e Ione Belarra, aseguraron que habían podido constatar que "el CIE funciona exactamente igual que una cárcel, con la diferencia de que sus internos no han sido condenados, sino que simplemente no cumplen un requisito administrativo". Y concluyeron, señalando la línea que seguirán en adelante: "El único CIE justo es el que no existe".